Anahi Giron Giron
Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Anahi Giron Giron
- Juez de Control Y Ejecución de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla (Aarón Hernandez Chino)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del veinte de julio al nueve de agosto de los corrientes, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), en apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, mismos que están glosados al presente expediente; por tanto, se ordena devolver dichos discos autoridad citada; sin que sea necesario el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese personalmente a la quejosa (en el lugar de su reclusión), y al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables, a las terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del veinte de julio al nueve de agosto de los corrientes, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Aarón Hernández Chino), en apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, mismos que están glosados al presente expediente; por tanto, se ordena devolver dichos discos autoridad citada; sin que sea necesario el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese personalmente a la quejosa (en el lugar de su reclusión), y al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables, a las terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable dio al fallo protector, sin que hayan desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a Anahí Girón Girón, como sigue: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a Anahí Girón Girón, para el efecto de que el juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Aarón Hernández Chino), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el veintiocho de septiembre y uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1877/2020/PUEBLA de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a Anahí Girón Girón. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esas determinaciones, para que, con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que: a) Aldo Sánchez Ortiz, persona que asistió a Anahí Girón Girón, como defensor público en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el juez responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa. b) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que la imputada contó con una defensa técnica en la audiencia inicial de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. c) Acto seguido, la responsable, se cerciorará de que Aldo Sánchez Ortiz, quien asistió a Anahí Girón Girón, como su defensor particular en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el uno de octubre de dos mil veinte, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el aludido defensor haga referencia del número de cédula que lo acredite como profesional y con el cuestionamiento que el juez de control haga al encargado de sala, sobre si verificó que los datos proporcionados por el defensor corresponde con la cédula profesional que detenta y cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa de origen. Y, para el caso de que al momento de dar cumplimiento a este fallo, hubiera sido revocado en su cargo, tal cercioramiento acontecerá con el hecho de que el juez responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponde con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa. d) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que la imputada cuenta con una defensa técnica en la continuación de la audiencia inicial de uno de octubre de dos mil veinte, el juez responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En la inteligencia de que si no se acredita que la persona que asistió a la imputada como defensor público, ya sea en la audiencia de veintiocho de septiembre o en su continuación de uno de octubre de dos mil veinte, hubiera sido licenciado en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, el juez responsable deberá, en el caso de que la imputada no cuente con un defensor particular que le asista en la audiencia, designar a uno diverso, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que la asiste cuenta con cédula profesional. Y, hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, a partir de la etapa en la que, en su caso, se determine que la imputada no tuvo una defensa técnica por parte de licenciado en derecho, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. Debiendo quedar, desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos de la imputada. En el entendido de que la celebración de la audiencia inicial y su continuación deberá llevarla a cabo el mismo juez de control que celebró las diversas de veintiocho de septiembre y su continuación de uno de octubre de dos mil veinte, (Aarón Hernández Chino). (.) 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de referencia había causado ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 21869/2021/JC, signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Aarón Hernández Chino), mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; y en su apoyo, remitió copia del registro de audio y video en formato DVD de la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 1877/2020/PUEBLA, de su índice, así como registro escrito de las resoluciones emitidas en dicha audiencia. Documentales con las cuales se ordenó dar vista a las partes quejosa tercera interesada, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora, de dichas constancias, en específico del registro de audio y vídeo que la responsable adjuntó al oficio de referencia, se aprecia que: A las catorce horas con veintisiete minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Aarón Hernández Chino), dio inicio la audiencia respectiva en la causa penal 1877/2020/PUEBLA, donde las partes se individualizaron, primero la fiscalía, posteriormente el defensor público de la imputada (Aldo Sánchez Ortiz) de la imputada quien proporcionó los datos de su cédula profesional (7325351), y finalmente se individualizó a la hoy quejosa Posteriormente, el juez responsable dejó sin efectos las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el veintiocho de septiembre y uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1877/2020/PUEBLA de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a Anahí Girón Girón. Indicó que por escrito se había señalado la fecha de celebración de la audiencia que nos ocupa, ello para dar cumplimiento al punto dos de los efectos del fallo protector. Preguntó a la auxiliar de sala si los datos que proporcionó Aldo Sánchez Ortiz, corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa, a lo que dicha funcionaria señaló que sí, pues se había hecho la verificación correspondiente en el portal electrónico de Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Hecho lo anterior el juez de control señaló que con ello quedaba acreditado que la hoy quejosa contó con una defensa técnica en la audiencia inicial de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Posteriormente resolvió en el mismo sentido en que lo hizo en dicha audiencia (control de detención y medida cautelar). Una vez hecho lo anterior, el juez acotó que en cumplimiento al fallo protector, requirió nuevamente a Aldo Sánchez Ortiz, (quien asistió a Anahí Girón Girón, como su defensor particular en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el uno de octubre de dos mil veinte) para que le proporcionara su número de cédula profesional lo que así hizo; y, de nueva cuenta preguntó a la auxiliar de sala si los datos que proporcionó Aldo Sánchez Ortiz, corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa, a lo que dicha funcionaria señaló que sí, pues se había hecho la verificación correspondiente en el portal electrónico de Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, posteriormente a las quince horas con treinta y seis minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Anahí Girón Girón, como probable coautora del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículo 9, fracción I, inciso a); y 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, en relación con lo diversos 13 y 21, fracción I, de Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada E.S.B. o indirectamente del ofendido de iniciales J.S.N. Lo que ordenó hacer del conocimiento del director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia de mérito, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa (en el lugar de su reclusión), y al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables, a las terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADOLA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable dio al fallo protector, sin que hayan desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a Anahí Girón Girón, como sigue: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a Anahí Girón Girón, para el efecto de que el juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Aarón Hernández Chino), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el veintiocho de septiembre y uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1877/2020/PUEBLA de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a Anahí Girón Girón. 2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esas determinaciones, para que, con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que: a) Aldo Sánchez Ortiz, persona que asistió a Anahí Girón Girón, como defensor público en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el juez responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa. b) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que la imputada contó con una defensa técnica en la audiencia inicial de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. c) Acto seguido, la responsable, se cerciorará de que Aldo Sánchez Ortiz, quien asistió a Anahí Girón Girón, como su defensor particular en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el uno de octubre de dos mil veinte, sea licenciado en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que el aludido defensor haga referencia del número de cédula que lo acredite como profesional y con el cuestionamiento que el juez de control haga al encargado de sala, sobre si verificó que los datos proporcionados por el defensor corresponde con la cédula profesional que detenta y cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa de origen. Y, para el caso de que al momento de dar cumplimiento a este fallo, hubiera sido revocado en su cargo, tal cercioramiento acontecerá con el hecho de que el juez responsable cuestione al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados, en su momento, por el aludido defensor corresponde con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa. d) Realizado lo anterior y después de que se cerciore que la imputada cuenta con una defensa técnica en la continuación de la audiencia inicial de uno de octubre de dos mil veinte, el juez responsable resolverá en el mismo sentido en el que lo hizo en dicha audiencia, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En la inteligencia de que si no se acredita que la persona que asistió a la imputada como defensor público, ya sea en la audiencia de veintiocho de septiembre o en su continuación de uno de octubre de dos mil veinte, hubiera sido licenciado en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, el juez responsable deberá, en el caso de que la imputada no cuente con un defensor particular que le asista en la audiencia, designar a uno diverso, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que la asiste cuenta con cédula profesional. Y, hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, a partir de la etapa en la que, en su caso, se determine que la imputada no tuvo una defensa técnica por parte de licenciado en derecho, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. Debiendo quedar, desde luego, registro de audio y video de lo acontecido en cumplimiento a este fallo, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos de la imputada. En el entendido de que la celebración de la audiencia inicial y su continuación deberá llevarla a cabo el mismo juez de control que celebró las diversas de veintiocho de septiembre y su continuación de uno de octubre de dos mil veinte, (Aarón Hernández Chino). (.) 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia de referencia había causado ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 21869/2021/JC, signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Aarón Hernández Chino), mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; y en su apoyo, remitió copia del registro de audio y video en formato DVD de la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 1877/2020/PUEBLA, de su índice, así como registro escrito de las resoluciones emitidas en dicha audiencia. Documentales con las cuales se ordenó dar vista a las partes quejosa tercera interesada, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora, de dichas constancias, en específico del registro de audio y vídeo que la responsable adjuntó al oficio de referencia, se aprecia que: A las catorce horas con veintisiete minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el juez de control adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla (Aarón Hernández Chino), dio inicio la audiencia respectiva en la causa penal 1877/2020/PUEBLA, donde las partes se individualizaron, primero la fiscalía, posteriormente el defensor público de la imputada (Aldo Sánchez Ortiz) de la imputada quien proporcionó los datos de su cédula profesional (7325351), y finalmente se individualizó a la hoy quejosa Posteriormente, el juez responsable dejó sin efectos las resoluciones pronunciadas en la audiencia inicial y su continuación celebradas-en su orden- el veintiocho de septiembre y uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1877/2020/PUEBLA de su índice, única y exclusivamente en lo concerniente a Anahí Girón Girón. Indicó que por escrito se había señalado la fecha de celebración de la audiencia que nos ocupa, ello para dar cumplimiento al punto dos de los efectos del fallo protector. Preguntó a la auxiliar de sala si los datos que proporcionó Aldo Sánchez Ortiz, corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa, a lo que dicha funcionaria señaló que sí, pues se había hecho la verificación correspondiente en el portal electrónico de Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Hecho lo anterior el juez de control señaló que con ello quedaba acreditado que la hoy quejosa contó con una defensa técnica en la audiencia inicial de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Posteriormente resolvió en el mismo sentido en que lo hizo en dicha audiencia (control de detención y medida cautelar). Una vez hecho lo anterior, el juez acotó que en cumplimiento al fallo protector, requirió nuevamente a Aldo Sánchez Ortiz, (quien asistió a Anahí Girón Girón, como su defensor particular en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el uno de octubre de dos mil veinte) para que le proporcionara su número de cédula profesional lo que así hizo; y, de nueva cuenta preguntó a la auxiliar de sala si los datos que proporcionó Aldo Sánchez Ortiz, corresponden con la cédula profesional que detenta, cuya copia obra en la carpeta judicial administrativa, a lo que dicha funcionaria señaló que sí, pues se había hecho la verificación correspondiente en el portal electrónico de Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, posteriormente a las quince horas con treinta y seis minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Anahí Girón Girón, como probable coautora del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículo 9, fracción I, inciso a); y 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, en relación con lo diversos 13 y 21, fracción I, de Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada E.S.B. o indirectamente del ofendido de iniciales J.S.N. Lo que ordenó hacer del conocimiento del director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia de mérito, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa (en el lugar de su reclusión), y al tercero interesado, por oficio a las autoridades responsables, a las terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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