Ana Gabriela Cruz Cerezo
Expediente 1999/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1999/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/03/2022
Partes del expediente
- Ana Gabriela Cruz Cerezo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En uno de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que feneció para la parte quejosa el plazo de diez días previsto en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, en virtud que el mismo fue notificado de la siguiente manera: ... En la misma fecha, la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. ConsteSan Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de marzo de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esa anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de anexos. Por otra parte, dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se ordenó la formación de un tomo de pruebas con las constancias remitidas por el Juez responsable, devuélvase éste a la autoridad responsable. Notifíquese, personal al quejoso y electrónica al representante especial de los menores.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): En uno de marzo de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que feneció para la parte quejosa el plazo de diez días previsto en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, en virtud que el mismo fue notificado de la siguiente manera: ... En la misma fecha, la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. ConsteSan Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de marzo de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esa anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de anexos. Por otra parte, dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se ordenó la formación de un tomo de pruebas con las constancias remitidas por el Juez responsable, devuélvase éste a la autoridad responsable. Notifíquese, personal al quejoso y electrónica al representante especial de los menores.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de febrero de dos mil veintidós. Juez responsable cumple requerimiento. Agréguense a los autos el oficio de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado el veinte de enero de dos mil veintidós, remite la sentencia de veintiocho de enero del año en curso dictada en el juicio 1326/2021, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vistas las constancias de autos, así como el informe de cuenta y las constancias remitidas por la Juez responsable, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, para un mejor análisis de la causa de improcedencia que nos ocupa, conviene traer a colación los antecedentes más relevantes del caso: 1. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, admitió a trámite el procedimiento familiar de ejecución de convenio, promovido por *** en contra de ***, radicado con el número 1326/2021, de su índice. 2. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la hoy quejosa dando contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, se proveyó sobre las pruebas ofrecidas, en la que se determinó reservar la prueba testimonial a cargo del menor (lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). 3. En audiencia de avenencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se tuvo a las partes celebrando convenio, a fin de dar por terminado el juicio de origen. 4. Por sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, la Juez responsable declaró aprobado el convenio celebrado por las partes. Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. El requisito previsto en el inciso a) se encuentra satisfecho, en la medida en que se controvierte el acuerdo del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno, por el que se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, lo cual revela que se cuestiona un acto que deriva de un procedimiento judicial. El supuesto previsto en el inciso b) también está satisfecho, ya que a la fecha de presentación de demanda [diez de diciembre de dos mil veintiuno] aún no se había suscitado la modificación a la situación jurídica, en virtud de que fue hasta por sentencia de veintiocho de enero de dos veintidós, que se aprobó el convenio celebrado por las partes. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se considera que el acuerdo reclamado de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno se sustituyó jurídica y procesalmente con la sentencia emitida el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se aprobó el convenio celebrado por las partes el diecinueve del mes y año en curso, pues ello tuvo por efecto dar por concluido el conflicto. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al auto reclamado y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre el auto que proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes y la determinación que dio por concluido el juicio natural. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado sin efectos el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, pues ahora las relaciones personales entre la menor y sus progenitores se deben regir bajo el convenio celebrado entre las partes. En otras palabras, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno ha dejado de surtir efectos, ya que el contexto procesal que genera la sanción del convenio que celebraron las partes impide analizar la legalidad del mencionado acto, pues estimar lo contrario implicaría afectar la nueva situación procesal. En esa tesitura, resulta clara la configuración de una nueva situación jurídica que provoca que las probables afectaciones e irregularidades suscitadas al proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno deban considerarse consumadas irreparablemente al no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De ahí que el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y sus consecuencias legales dejaron de surtir efectos, ya que el contexto procesal que genera la sanción del arreglo conciliatorio impide analizar la legalidad del mencionado acto. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada y electrónicamente al representante especial del menor.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 01 DE FEBRERO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de febrero de dos mil veintidós. Juez responsable cumple requerimiento. Agréguense a los autos el oficio de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado el veinte de enero de dos mil veintidós, remite la sentencia de veintiocho de enero del año en curso dictada en el juicio 1326/2021, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vistas las constancias de autos, así como el informe de cuenta y las constancias remitidas por la Juez responsable, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, para un mejor análisis de la causa de improcedencia que nos ocupa, conviene traer a colación los antecedentes más relevantes del caso: 1. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, admitió a trámite el procedimiento familiar de ejecución de convenio, promovido por *** en contra de ***, radicado con el número 1326/2021, de su índice. 2. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la hoy quejosa dando contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, se proveyó sobre las pruebas ofrecidas, en la que se determinó reservar la prueba testimonial a cargo del menor (lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). 3. En audiencia de avenencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se tuvo a las partes celebrando convenio, a fin de dar por terminado el juicio de origen. 4. Por sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, la Juez responsable declaró aprobado el convenio celebrado por las partes. Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. El requisito previsto en el inciso a) se encuentra satisfecho, en la medida en que se controvierte el acuerdo del diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno, por el que se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, lo cual revela que se cuestiona un acto que deriva de un procedimiento judicial. El supuesto previsto en el inciso b) también está satisfecho, ya que a la fecha de presentación de demanda [diez de diciembre de dos mil veintiuno] aún no se había suscitado la modificación a la situación jurídica, en virtud de que fue hasta por sentencia de veintiocho de enero de dos veintidós, que se aprobó el convenio celebrado por las partes. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se considera que el acuerdo reclamado de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno se sustituyó jurídica y procesalmente con la sentencia emitida el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se aprobó el convenio celebrado por las partes el diecinueve del mes y año en curso, pues ello tuvo por efecto dar por concluido el conflicto. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al auto reclamado y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre el auto que proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes y la determinación que dio por concluido el juicio natural. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado sin efectos el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, pues ahora las relaciones personales entre la menor y sus progenitores se deben regir bajo el convenio celebrado entre las partes. En otras palabras, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno ha dejado de surtir efectos, ya que el contexto procesal que genera la sanción del convenio que celebraron las partes impide analizar la legalidad del mencionado acto, pues estimar lo contrario implicaría afectar la nueva situación procesal. En esa tesitura, resulta clara la configuración de una nueva situación jurídica que provoca que las probables afectaciones e irregularidades suscitadas al proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno deban considerarse consumadas irreparablemente al no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De ahí que el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y sus consecuencias legales dejaron de surtir efectos, ya que el contexto procesal que genera la sanción del arreglo conciliatorio impide analizar la legalidad del mencionado acto. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto del acto reclamado, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada y electrónicamente al representante especial del menor.
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