Ana Karen Gómez Méndez

Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
773/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Ana Karen Gómez Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de abril de dos mil diecinueve. Quejosa cumple prevención. Desechamiento. Visto el escrito aclaratorio, se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, a través del cual, precisa los actos que reclama en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y las constancias remitidas por la Titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se provee lo siguiente. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Incluso, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que es factible desechar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. *** Por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1) El auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se le dio vista a la quejosa con la contestación de demanda de ***, dentro del juicio de alimentos ***. 2) El auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la actora ***, en contra del auto de veintinueve de enero del año en curso, en el que se le dio vista para que, en caso de estimarlo conveniente, objetara las pruebas ofrecidas por el demandado *** en su escrito de contestación de demanda, dentro del juicio de alimentos *** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán. Extemporaneidad. Ahora, por lo que hace al auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se le dio vista a la quejosa con la contestación de demanda de ***, dentro del juicio de alimentos ***, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, pues fue reclamado fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XIV. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** Del precepto reproducido se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la ley de la materia disponen: *** Del primer numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. *** Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo es improcedente el juicio constitucional, dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. En el presente caso, se actualiza la primera hipótesis en virtud de que de las constancias remitidas por la Titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se advierte que el auto del que se duele la quejosa -veintinueve de enero de dos mil diecinueve-, le fue notificado mediante instructivo el seis de febrero del año en curso, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la dicho acuerdo. Por lo antes expuesto, se advierte que el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para impugnar los actos reclamados, transcurrió del ocho al veintiocho de febrero del año en curso, descontándose del cómputo respectivo los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así como lo pone de manifiesto el siguiente cuadro: *** En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el dos de abril del dos mil diecinueve -según se advierte de la papeleta correspondiente-, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. No se soslaya que la quejosa aduce que tuvo conocimiento del acto que reclama el quince de marzo de dos mil diecinueve; no obstante, aun cuando se tomara en cuenta esa fecha de conocimiento, de igual forma seria extemporánea la presentación de la demanda de amparo, pues el plazo para interponerlo transcurrió del dieciocho de abril al ocho de marzo de dos mil diecinueve. No son actos de imposible reparación. Ahora, respecto al acto reclamado consistente en el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la actora ***, en contra del auto de veintinueve de enero del año en curso, en el que se le dio vista para que, en caso de estimarlo conveniente, objetara las pruebas ofrecidas por el demandado *** en su escrito de contestación de demanda, dentro del juicio de alimentos *** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán; este órgano jurisdiccional de amparo, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-que establecen lo siguiente. *** De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, se colige que el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la actora ***, en contra del auto de veintinueve de enero del año en curso, en el que se le dio vista para que, en caso de estimarlo conveniente, objetara las pruebas ofrecidas por el demandado *** en su escrito de contestación de demanda, dentro del juicio de alimentos *** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, constituye un acto dictado dentro del juicio de origen que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que por regla general, lo atinente al desahogo de pruebas únicamente puede ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en la sentencia definitiva, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa determinación. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la resolución que ponga fin al referido procedimiento resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal -auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la actora ***, en contra del auto de veintinueve de enero del año en curso, en el que se le dio vista para que, en caso de estimarlo conveniente, objetara las pruebas ofrecidas por el demandado *** en su escrito de contestación de demanda, dentro del juicio de alimentos *** del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán-, sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en la vía directa, en contra de la sentencia definitiva, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Las consideraciones vertidas encuentran sustento, en los criterios siguientes: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. *** Además, al caso son aplicables, por igualdad de razón, las jurisprudencias del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. *** "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. *** Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. *** "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. *** En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, en relación con los diversos 17, 18, 19 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

     Cámara de Diputados rinde informe previo. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Supervisora "A" Homologada a Jefe de Departamento de la Subdirección de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recibido en el correo institucional 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en virtud de que mediante proveído de trece de febrero del año en curso se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    ? Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término concedido a la perito a fin de emitir su dictamen. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional; en consecuencia, se fijan para su celebración las trece horas del veintinueve de abril de dos mil diecinueve . Notifíquese.

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