Ana Elizabeth Chavarria Islas
Expediente 760/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2023
Partes del expediente
- Ana Elizabeth Chavarria Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. ? Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento del seis de junio actual, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio que se ordenó remitir en el expediente laboral D-3/249/2019, a la Fiscalía General del Estado, a fin de que designe un perito en materia de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía y, en su caso, comparezca a las doce horas con treinta minutos del veintidós de junio actual, para el desahogo de la prueba pericial ofertada en autos. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, la litis se fijó de la siguiente manera: Parte quejosa. *** Tercero interesado. Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 2. Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Actos reclamados. 1. La omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de las pruebas consistentes en: ? Testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez. ? Pericial en las materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora. 2. La omisión de notificar al testigo José Ignacio Solano Rodríguez. Lo anterior, en los autos del juicio laboral D-3/249/2019. Sobreseimiento por cambio de situación jurídica. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez, y la falta de notificación a dicho ateste, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas e irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso, respecto del acto reclamado, se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En ese sentido, en relación al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que la parte quejosa señaló como acto reclamado: la omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez, y la falta de notificación a dicho ateste dentro del juicio laboral D-3/249/2019, es decir, un procedimiento seguido en forma de juicio. En relación con la naturaleza de los procedimientos seguidos en forma de juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de catorce de marzo de dos mil tres, sostuvo que dicho concepto debe entenderse de manera amplia, ya que no sólo deben considerarse aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, sino que también deben comprenderse aquellos procedimientos en los que, sin dirimir alguna contienda, la autoridad prepara, frente al particular, su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La consideración vertidas quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." No resulta obstáculo que la interpretación invocada, haya derivado del estudio del artículo 114, fracción II , de la Ley de Amparo abrogada el doce de abril de dos mil trece, pues su redacción es similar al artículo 107, fracciones II y III, de la ley vigente de la materia, por lo que se estima que continúa siendo aplicable para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos derivados de procedimientos seguidos en forma de juicio, ante autoridades diversas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, declaró la deserción de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez, lo que notificó a la ahora parte quejosa el treinta de mayo actual; esto es, posterior a la fecha de presentación de demanda -veinte de abril de dos mil veintitrés-, la parte actora en el expediente laboral, se hizo sabedora de la declaración de deserción de la prueba que aduce no se ha desahogado. De lo anterior se advierte: a) La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, declaró la deserción de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez. b) El resultado de lo declarado en la audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, le fue notificado a la parte quejosa el treinta de mayo actual; esto es, posterior a la presentación de la demanda. En consecuencia, no podrá decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado (omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez y, la falta de notificación a dicho ateste), sin afectar la nueva situación jurídica -audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, en la que se declaró la deserción de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez -. Lo anterior se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a los actos reclamados, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, en la que se declaró la deserción de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre las omisiones que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva determinación, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda - omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez y la falta de notificación a dicho ateste - y la situación jurídica que se originó posteriormente -audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, en la que se declaró la deserción de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez -. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de los actos reclamados, pues la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, declaró la deserción de la prueba testimonial para hechos propios a cargo de José Ignacio Solano Rodríguez, porque implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sobreseimiento por cesación de efectos. En lo que respecta al acto relativo a la omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba pericial en las materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora, en el juico laboral D-3/249/2019, en la especie, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba pericial en las materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora, en el juico laboral D-3/249/2019, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en los autos del juicio laboral D-3/249/2019, realizó lo siguiente: 1. El veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictó un auto en el que dio impulso procesal al juicio y fijó las doce horas con treinta minutos del veintidós de junio actual, para el desahogo de la prueba pericial en las materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora. 2. El treinta y treinta y uno de mayo del año en curso, la junta responsable notificó dicho auto a la parte actora -quejosa- y demandada. 2. Ordenó girar oficio a la Fiscalía General del Estado, a fin de que designe un perito en materia de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía y, en su caso comparezca el día y hora antes indicado. 3. Remitió el acuse de recibo del oficio que se ordenó remitir a la Fiscalía General del Estado. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, esto es, la junta ya realizó las medidas necesarias para el desahogo de la prueba en mención, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento del treinta de mayo actual, remite copias certificadas de: Auto de uno de julio de dos mil veintidós. b. La notificación efectuada a las partes, respecto del proveído de veinticuatro de mayo actual. Que obran dentro del expediente laboral D-3/249/2019, de su índice. Vista a las partes. Con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Se requieren constancias. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se desprende que en el expediente de origen, el veinticuatro de mayo del año en curso, se proveyó lo siguiente: 1. Se fijaron las doce horas con treinta minutos del veintidós de junio actual, para el desahogo de la prueba pericial en las materias de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte actora. 2. Se ordenó girar oficio a la Fiscalía General del Estado, a fin de que designe un perito en materia de caligrafía, grafoscopía y documentoscopía y, en su caso comparezca el día y hora antes indicado. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que: Dentro del plazo de tres días, contado legalmente, remita copia certificada, completa y legible del acuse de recibo del oficio que se ordenó remitir en el expediente laboral, a la Fiscalía General del Estado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido o bien, no manifestar la imposibilidad que tenga para ello en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Sin mayor pronunciamiento. Agréguese a los autos el oficio del director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, por medio del cual informa que un vez que se lleve a cabo la reunión programada el diecinueve de mayo pasado, estará en espera de la solicitud de pago que ha de efectuarse a la parte quejosa ******************** con la finalidad de realizar los trámites correspondientes. Sin que proceda realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el diecinueve del mes y año en curso se tomó conocimiento de lo anterior y se proveyó lo conducente. Cúmplase.
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