Ana Isabel García Ventosa
Expediente 1872/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Ana Isabel García Ventosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a los autos la diligencia de ratificación del escrito presentado por ***, a través del cual se desiste del presente juicio constitucional. Al respecto, se estima conveniente formular las siguientes precisiones en torno a la figura jurídica del desistimiento. En materia de amparo, el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo es una causa de sobreseimiento, siempre y cuando el quejoso ratifique el escrito en el que lo solicite, por lo que el desistimiento implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que el escrito de desistimiento presentado por el quejoso sea ratificado por éste ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. En efecto, el ordenar la ratificación de la parte quejosa de su escrito de desistimiento no constituye una mera formalidad del juzgador de amparo, sino que tiene como finalidad, por una parte, el de cerciorarse de la identidad del que se desiste; y por otra, saber si dicho quejoso preserva su propósito inicial de dar por concluido el procedimiento que inició, todo ello con la finalidad de evitar al promovente los graves perjuicios que puede acarrear el sobreseimiento del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el desistimiento del juicio de amparo puede manifestarse en cualquiera de las instancias del juicio constitucional, mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria. Ergo, el quejoso puede manifestar su desistimiento en cualquiera de las instancias, hasta en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. En consecuencia, vista la ratificación del escrito de desistimiento de la acción de la parte quejosa, se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto por desistimiento, sin que sea óbice a lo anterior que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve se hubiera dictado sentencia, pues la quejosa puede manifestar su desistimiento en cualquier etapa del amparo, hasta en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Causa ejecutoria por ministerio de ley. Ahora, tomando en consideración que el desistimiento no admite su retracción una vez ratificado, es evidente que el presente auto causa estado por ministerio de ley, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copias simples de diversas constancias. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, las copias certificadas del recurso administrativo registral *** del que deriva el acto reclamado- en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IX. RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee... SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege... NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. En tal sentido, con fundamento en el artículo 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. ... Finalmente, se fijan para su celebración las once horas con diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
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