Ana Gabriela Barranco Flores

Expediente 1168/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1168/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Ana Gabriela Barranco Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la caratula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en auto de treinta y uno de agosto del año en curso. Al efecto, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio de uno de septiembre del año en curso, (con fecha de recibo de cinco de septiembre del mismo año) por el cual remitió los autos originales del expediente laboral D-174/2022 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; esto, en virtud de la competencia que declinó. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en el juicio tal como se procede a explicar. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En principio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó la omisión de emplazar al demandado y señalar fecha para audiencia de ley en el juicio laboral D-174/2022, del índice del Tribunal responsable. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de emplazar al demandado y señalar fecha para audiencia de ley dentro del juicio laboral de origen, esto es, el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), del informe justificado rendido por el Tribunal de Arbitraje del Estado, se advierte que a la fecha de presentación de demanda, no había realizado acto alguno a fin de dar impulso al procedimiento dentro del citado juicio laboral; no obstante, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para que se avocara al conocimiento del expediente laboral D-174/2022. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, recibió los autos del juicio laboral D-174/2022, tal como se advierte de la copia certificada del acuse de recibo que remitió la autoridad responsable. De lo anterior, se advierte que en el juicio laboral en mención, el Tribunal de Arbitraje del Estado, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para que se avocara al conocimiento del expediente laboral D-174/2022; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la legal incompetencia decretada por el tribunal responsable de conocer del expediente laboral D-174/2022 de su índice. Finalmente, el requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio laboral de origen, que consiste en el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para que se avoque al conocimiento del expediente laboral D-174/2022, de su índice. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de dicho proveído al momento de la notificación de esta determinación. En conclusión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en auto de treinta y uno de agosto del año en curso. Al efecto, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio de uno de septiembre del año en curso, (con fecha de recibo de cinco de septiembre del mismo año) por el cual remitió los autos originales del expediente laboral D-174/2022 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; esto, en virtud de la competencia que declinó. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en el juicio tal como se procede a explicar. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En principio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó la omisión de emplazar al demandado y señalar fecha para audiencia de ley en el juicio laboral D-174/2022, del índice del Tribunal responsable. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de emplazar al demandado y señalar fecha para audiencia de ley dentro del juicio laboral de origen, esto es, el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), del informe justificado rendido por el Tribunal de Arbitraje del Estado, se advierte que a la fecha de presentación de demanda, no había realizado acto alguno a fin de dar impulso al procedimiento dentro del citado juicio laboral; no obstante, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para que se avocara al conocimiento del expediente laboral D-174/2022. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, recibió los autos del juicio laboral D-174/2022, tal como se advierte de la copia certificada del acuse de recibo que remitió la autoridad responsable. De lo anterior, se advierte que en el juicio laboral en mención, el Tribunal de Arbitraje del Estado, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para que se avocara al conocimiento del expediente laboral D-174/2022; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la legal incompetencia decretada por el tribunal responsable de conocer del expediente laboral D-174/2022 de su índice. Finalmente, el requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio laboral de origen, que consiste en el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el que declinó competencia en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, para que se avoque al conocimiento del expediente laboral D-174/2022, de su índice. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de dicho proveído al momento de la notificación de esta determinación. En conclusión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de septiembre de dos mil veintidós. Diferimiento. Visto el estado procesal que guarda el expediente y de la certificación secretarial de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo no está en aptitud de celebrarse, toda vez que, se advierte que aún no obran las constancias requeridas mediante auto de treinta y uno de agosto pasado. En tal sentido, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional, por tanto se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. *** Notifíquese.

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