Alfonso Torres Arias
Expediente 1319/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
- Alfonso Torres Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó en el juicio, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACION. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Así, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Por lo que, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Finalmente, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que una vez que fue cotejado el expediente físico con el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-respecto del presente juicio de amparo, se constató que no está digitalizado en su totalidad, ello en virtud que las promociones vinculadas al expediente son las siguientes: 20499 (demanda de amparo); 20847 (escrito aclaratorio de demanda); 891 (informe justificado que contiene digitalizadas algunas de las constancias que forman el juicio de origen; y, 2287 (escrito de la tercero interesada Gloria Angélica Ponce Martínez). Por tanto, en obvio de mayor dilación procesal se comisiona al personal que se encuentra trabajando de manera presencia en el órgano jurisdiccional, para que realice la digitalización de las constancias faltantes y quede debidamente integrado el expediente electrónico; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS LA RESOUCIÓN DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SINTESIS DICE: RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, Alfonso Torres Arias por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Previo el cumplimiento de la prevención formulada, por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 1319/2019. Previo los trámites de ley, el veinte de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De la demanda que dio origen al presente juicio, así como del escrito aclaratorio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el doce de diciembre de dos mil diecinueve, se aprecia que dichos actos consisten en: Del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad: - La orden de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil número 629/2016, que autoriza al actuario del juzgado responsable a llevar a cabo la retención del vehículo marca Volkswagen tipo Jetta MKVI, color rojo tornado, con número de serie 3VW1K1AJXHM249584, año 2017. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Civil, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Dicha existencia se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable relativas al juicio ejecutivo mercantil número 629/2016 que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Gloria Angélica Ponce Martínez en contra del aquí quejoso Alfonso Torres Arias, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, al igual que atendiendo a la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta Época. CUARTO. Causales de improcedencia. La tercera interesada Gloria Angélica Ponce Martínez afirmó que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque afirma, solo tiene un interés legítimo porque según adujo el quejoso únicamente tiene la posesión del bien mueble, consistente en el vehículo marca Volkswagen tipo Jetta MKVI, color rojo tornado, con número de serie 3VW1K1AJXHM249584, año 2017. La causal de improcedencia invocada resulta improcedente, lo anterior en virtud que dentro de las constancias que remitió el juez responsable junto con su informe justificado, relativas al juicio ejecutivo mercantil número 629/2016, obran las relativas a la factura expedida por Autos de Zitácuaro, sociedad anónima de capital variable, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis a nombre del quejoso Alfonso Torres Arias, que demuestra la propiedad que tiene respecto del vehículo anteriormente descrito y que fue embargado en los autos del sumario de origen, razón por la que contrario a lo que afirma la tercero interesada, el quejoso sí tiene interés jurídico para instar el juicio de amparo en que se actúa, pues con dicha documental, acredita la propiedad del citado automotor. Por otra parte, no pasa inadvertida para esta juzgadora la manifestación realizada por la Juez responsable en la que afirma que el auto reclamado es consecuencia del diverso proveído en que se adjudicó de manera directa a la actora (tercero interesada) el vehículo anteriormente descrito, por lo dicho supuesto pudiera ser causa de sobreseimiento atendiendo a que el aludido auto de adjudicación fue debidamente notificado al aquí quejoso el veintidós de agosto del presente año. La anterior afirmación resulta infundada, es decir, esta juzgadora no advierte que con la circunstancia de que se hubiere notificado al quejoso el acuerdo en que se adjudicó de manera directa a la actora el bien mueble de referencia en la data asentada, sea motivo de actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de la ley de la materia, ello es así, porque en el caso concreto el acto reclamado en el presente amparo lo constituye el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que la Juez responsable autorizó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del quejoso y lo requiriera de la entrega real y material del vehículo Volkswagen tipo Jetta MKVI, color rojo tornado, con número de serie 3VW1K1AJXHM249584, año 2017, y lo apercibió que en caso de no hacerlo se haría de manera forzosa; y, lo cierto es que conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución en caso de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación (en el caso factura al tratarse de un bien mueble) y la entrega del bien rematado. Razones por las que a juicio de quien resuelve, no se acredita causal de improcedencia alguna, derivado de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en su informe justificado. En consecuencia, al no advertirse diversa causal de improcedencia que se actualice de oficio, se procede al análisis de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los que se encuentran insertos en su demanda, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El quejoso argumenta esencialmente lo siguiente: Se vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que el auto reclamado carece de fundamentación y motivación, así como su garantía de audiencia consagrada en el primero de los numerales citados. El juez responsable no le notificó personalmente la orden girada dentro del juicio de origen para realizar la detención inmediata del vehículo materia del juicio de origen. El juez desestimó de plano las excepciones y defensas opuestas en su escrito de contestación de demanda así como las pruebas que ofertó tendentes a demostrar la improcedencia del juicio ejecutivo mercantil de origen, además que no fundó ni motivó la resolución que dilucidó el sumario del que deriva el acto reclamado, vulnerando con ello la garantía de legalidad, además que, considera la diligencia realizada el veinte de mayo de dos mil veinte en que se embargó el vehículo de su propiedad fue un exceso por parte del actuario adscrito al Juzgado responsable. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados en una parte e inoperantes los conceptos de violación expresados como se verá a continuación. Inicialmente, es pertinente realizar una relación de las principales actuaciones realizadas dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen. En auto de once de agosto de dos mil dieciséis, se admitió la demanda que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió la aquí tercero interesada Gloria Angélica Ponce Martínez, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra del quejoso Alfonso Torres Arias, se comisionó al actuario a fin de que se constituyera en el domicilio de éste y le requiriera el pronto y efectivo pago de la cantidad reclamada así como los accesorios respectivos, y no haciéndolo en ese momento, se le embargaran bienes de su propiedad para garantizar lo demandado; lo emplazara y le otorgara el término de ley para contestar la demanda entablada en su contra, de así considerarlo (foja 5 y 6 de tomo de pruebas), diligencia de emplazamiento que se cumplimentó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 9 y 10 del tomo de pruebas). En acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al aquí quejoso contestando la demanda, oponiendo las defensas y excepciones que consideró pertinentes y se ordenó dar vista a su contraria mediante notificación personal para que dentro del término de tres días manifestara lo que estimara pertinente (foja 20 del tomo de pruebas). En proveído de seis de octubre del año en cita, se tuvo a la parte actora (tercero interesada), contestando la vista que se le dio y se abrió la etapa probatoria del sumario de origen por el plazo de quince días comunes (foja 29 del tomo de pruebas), por lo que una vez concluida dicha etapa, en diverso acuerdo de nueve de noviembre del mismo año, se pusieron los autos a la vista de las partes para que dentro del término de dos días comunes formularan sus respectivos alegatos (foja 60 el tomo de pruebas). El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la juez responsable emitió sentencia definitiva, en la que resolvió tener competencia para resolver la controversia planteada, que la accionante justificó los hechos constitutivos de su acción, misma que declaró procedente, y por ende, condenó al aquí quejoso al pago de la suma de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses moratorios; ordenó trabar embargo en bienes del demandado, y en su momento hacer trance y remate del mismo, para con su producto, pagar al acreedor las prestaciones condenadas (foja 67 a 75 del tomo de pruebas); resolución en contra de la que promovió juicio de amparo directo, mismo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el negó al aquí quejoso el amparo solicitado (foja 84 del tomo de pruebas). En diverso acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se pusieron los autos en estado de ejecución y se comisionó al actuario adscrito al juzgado responsable a constituirse en el domicilio del demandado y requerirle el pago de las prestaciones condenadas en sentencia ejecutoria, apercibido que de no hacerlo se le embargarían bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo condenado (foja 88 del tomo de pruebas). Una vez embargado un bien mueble propiedad del quejoso, consistente en el vehículo Volkswagen tipo Jetta MKVI, color rojo tornado, con número de serie 3VW1K1AJXHM249584, año dos mil diecisiete, y realizado el avalúo respectivo, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se autorizó la adjudicación directa de dicho bien a la parte actora, aquí tercero interesada (foja 281 del tomo de pruebas), por la suma de $123,660.00 (ciento veintitrés mil seiscientos sesenta pesos); posteriormente, en auto de veintiséis del mes y año en cita, se requirió mediante notificación personal al aquí quejoso para que exhibiera de manera voluntaria la factura del bien mueble adjudicado y se le apercibió que en caso de no hacerlo, la juez de origen lo haría en su rebeldía (foja 289 del tomo de pruebas); circunstancia que así aconteció el cuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 292 y 297 del tomo de pruebas). El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se otorgó al aquí quejoso término de tres días hábiles a fin de que entregara de manera voluntaria el bien mueble adjudicado en el sumario de origen, y se le apercibió que en caso de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa (foja 301 del tomo de pruebas). Finalmente, en proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y toda vez que el demandado (aquí quejoso), no entregó voluntariamente el bien mueble tantas veces mencionado, la Juez responsable autorizó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de aquél y le requiriera la entrega real y material del bien automotor, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se haría de manera forzosa. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia. Como se adelantó, son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación como se expondrá a continuación. En uno de los conceptos de violación afirma el quejoso que el juez responsable no le notificó personalmente la orden girada dentro del juicio de origen para realizar la detención inmediata del vehículo materia del juicio de origen, que constituye el acto reclamado. Dicho argumento es infundado, ya que dentro de las constancias que obran en el juicio de origen se aprecia que mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable concedió a la parte demandada, aquí quejoso el término de tres días hábiles a efecto de que entregara voluntariamente el bien mueble embargo y adjudicado en autos, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa y ordenó notificar dicha determinación al quejoso, lo que aconteció el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Es decir, previo a ordenar al actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio del quejoso y procediera a la ejecución forzosa del acto reclamado, el juez responsable otorgó el término de tres días para que hiciera la entrega voluntaria del mismo; sin embargo, ante la conducta contumaz del demandado, ordenó su ejecución forzosa, lo anterior derivado de una sentencia ejecutoria en la que el demandado resultó condenado a pagar las prestaciones reclamadas, y la orden contenida en el auto reclamado se emitió con la finalidad de garantizar la eficacia de la ejecutoria dictada en el sumario de origen y para que la pretensión de la enjuiciante encuentre satisfacción en la vía de ejecución de la sentencia, pues de lo contrario resultaría ilusorio cumplir con la citada resolución al no existir la posibilidad real de ejecutarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES. SU NATURALEZA JURÍDICA. La naturaleza jurídica que deriva del embargo y secuestro judicial atento a su regulación legal y los efectos que surgen dentro del proceso en que se verifican, tienen como características las siguientes: I. Se trata de instituciones procesales que tienen un carácter procesal transitorio y temporal porque nacen y se agotan con el proceso mismo en que se dicta; II. Tienen como propósito asegurar cosas, muebles o inmuebles, que son objeto de una pretensión, o bien, garantizar la eficacia de las sentencias de condena de dar sumas de dinero, dictadas en un proceso. Su ratio legis atiende tanto a la tutela de un interés individual como público, porque garantiza que la pretensión del enjuiciante encuentre satisfacción en la vía de ejecución de la sentencia, de manera que la efectividad de lo resuelto no sea ilusorio o vano, sino que exista la posibilidad real de ejecutar aquélla, lo que contribuye a la paz social con la plena satisfacción de los intereses en litigio; III. Son medidas cautelares similares que se rigen por las mismas reglas y están reguladas indistintamente por el ordenamiento jurídico pero, en ciertos casos, se distinguen en atención a los bienes sobre los que recaen; IV. El secuestro judicial tiende al desapoderamiento físico del bien en poder del demandado o ejecutado que es materia de la controversia, fundamentalmente, hasta que se decide a quién debe pertenecer y su entrega a otro, lo que implica una individualización del bien y también es una medida asegurativa o conservativa -de tipo patrimonial- de la ejecución forzosa; V. El embargo tiene como naturaleza propia el desapoderamiento del bien y se convierte en una medida asegurativa para hacer efectiva la condena de cosas ciertas y determinadas así como la ejecución, derivada de la sentencia de remate o la vía de apremio, además, su inscripción es oponible a terceros. En este último caso, se constituye en un derecho de garantía del cual su titular está facultado para exigir al Juez, en su caso, su ejecución. También tiene la finalidad de impedir al deudor ponerse en estado de insolvencia o disminuir su posibilidad de pago, con daño del ejecutante; VI. El secuestro judicial adquiere diversas modalidades cuando recae sobre una finca rústica o una negociación mercantil o industrial, porque en ese supuesto, las facultades del depositario son de vigilancia, inspección, ministración de fondos, depósito de productos propios de la actividad, adopción de medidas provisionales para garantizar el ejercicio adecuado de la administración y nombramiento de personal auxiliar por parte del depositario; VII. Los bienes objeto de esas medidas quedan afectos al orden de la jurisdicción, que origina un conjunto de deberes y facultades del Juez que inciden sobre el ejercicio de los derechos que antes de la medida pertenecían exclusivamente al titular del bien; VIII. Ambas figuras exigen la individualización de los bienes o cosas objeto de secuestro o embargo y reconocen el derecho de señalar los del ejecutado y ejecutante, cuando no se ejerce por el primero". Por otra parte, manifiesta como motivo de inconformidad que el juez desestimó de plano las excepciones y defensas opuestas en su escrito de contestación de demanda así como las pruebas que ofertó tendentes a demostrar la improcedencia del juicio ejecutivo mercantil de origen, además que no fundó ni motivó la resolución que dilucidó el sumario del que deriva el acto reclamado, vulnerando con ello la garantía de legalidad, además que, considera la diligencia realizada el veinte de mayo de dos mil veinte, en que se embargó el vehículo de su propiedad fue un exceso por parte del actuario adscrito al Juzgado responsable. Sin embargo, a través de dichos argumentos no combate las razones y fundamentos plasmados en el proveído reclamado cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que determinó que al no haber entregado de forma voluntaria el vehículo embargado el aquí quejoso, se autorizó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de aquél y le requiriera la entrega real y material del bien automotor, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se haría de manera forzosa Estos argumentos, son los que en su caso debió debatir el quejoso en sus conceptos de violación, toda vez que contienen lo aducido y razonado por la responsable al determinar que al no haber entregado de manera voluntaria el automotor embargado y adjudicado en autos procedía su ejecución forzosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo". Así como la diversa jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez". Sin embargo, en los conceptos de violación el quejoso se limita a afirmar que la juez responsable desestimó de plano las excepciones y defensas opuestas en su escrito de contestación de demanda así como las pruebas que ofertó, que la autoridad no fundó ni motivó la resolución que dilucidó el sumario del que deriva el acto reclamado, y que considera la diligencia realizada el veinte de mayo de dos mil veinte, en que se embargó el vehículo de su propiedad fue un exceso por parte del actuario adscrito al Juzgado responsable; sin embargo, como se indicó, dichos argumentos no combaten las consideración plasmadas por el juez responsable en el acuerdo reclamado; y, por tanto, ante la inoperancia de los motivos de inconformidad vertidos en contra del acuerdo reclamado, éste debe seguir rigiendo en sus términos. Por otra parte, deviene inoperante el concepto de violación en el que el promovente aduce que con la emisión del acto reclamado se vulnera en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que el auto reclamado carece de fundamentación y motivación, así como su garantía de audiencia consagrada en el primero de los numerales citados; ello es así ya que en los asuntos en que impera el principio de estricto derecho -como en el caso ocurre, al tratarse de una contienda mercantil -, si una alegación se limita a realizar afirmaciones sin sustento o conclusiones no demostrables no puede tenerse como un verdadero razonamiento debe calificarse como inoperante Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente. "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada". Máxime, no puede válidamente alegar el quejoso que se vulneró en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que, como se puso de manifiesto al narrar los antecedentes del sumario de origen, el promovente del amparo fue emplazado a dicho juicio, compareció a contestar la demanda entablada en su contra, opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes para su defensa, tuvo oportunidad de alega; y, finalmente las cuestiones puestas a consideración de la juez responsables fueron resueltas a través de la sentencia definitiva, en contra de la que el quejoso, promovió, incluso juicio de amparo directo el que se le negó; en consecuencia, opuestamente a lo que afirma del análisis de las constancias del juicio mercantil de origen se aprecia que se respetó en todo momento su derecho de audiencia. Por último, resultan igualmente inoperantes los argumentos que expone en torno a la ilegalidad de requerimiento de entrega material del bien embargado, derivado del hecho de que no tiene la propiedad, sino solo la tenencia o posesión del vehículo adjudicado, que pertenece a una persona moral ajena al juicio. Es así, toda vez que de autos del juicio de origen obra una factura que ampara la propiedad de dicho vehículo a nombre del quejoso, la cual fue remitida por el Administrador de Rentas, agregada en el archivo de trámite vehicular para la obtención de placas registradas también a nombre del quejoso. En consecuencia, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación expuestos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitada. OCTAVO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. NOVENO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Alfonso Torres Arias, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando octavo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes con apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la dirección general de servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado." "firmado electrónicamente.
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Por este medio se notifica a la parte quejosa y a sus autorizados el engrose de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que en sus puntos resolutivos dice: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Alfonso Torres Arias, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando octavo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes con apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la dirección general de servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado." "firmado electrónicamente.
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