Alfonso Rojas Solorzano

Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
295/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Alfonso Rojas Solorzano
  • Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el quince de marzo pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 2.3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 2.4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte peticionaria del amparo que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alfonso Rojas Solórzano, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 295/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió la queja administrativa número CVD/50/2022, que promovió en contra de la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán, y de la secretaria de acuerdos del citado Juzgado. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; [.]". En relación con lo anterior, el artículo 6º de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [...]". De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la Jurisprudencia J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado; esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. Por otro lado, el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa del promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce el quejoso se violentan en su perjuicio. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.13o.A.23 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". Cabe señalar nuevamente que la parte quejosa se duele de la resolución de tres de marzo de dos mil veintitrés, que resolvió la queja administrativa número CVD/50/2022, que promovió en contra de la Jueza y secretaria adscritas al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Pátzcuaro, Michoacán. Por lo que como quedo establecido, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso particular el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, tiene la naturaleza de una autoridad de carácter administrativo y no jurisdiccional. Así es, porque conforme a los artículos 84, 90, fracciones I, III, XXV y XVV, 164, 176 y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la administración del Poder Judicial del Estado de Michoacán, estará a cargo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; por tanto, es indudable que la competencia del consejo se limita al orden administrativo. Pues bien, en principio, aun cuando es factible que de acuerdo a lo previsto anteriormente corresponde al Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, conocer de las quejas o denuncias administrativas contra los servidores públicos del Poder Judicial, cualquier ciudadano podrá presentar denuncia o querella, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos del Estado. Sin embargo una vez que el Pleno del Consejo toma la decisión de considerar que no existe infracción o responsabilidad del funcionario en relación a la queja presentada en su contra, los denunciantes dentro del procedimiento administrativo, con ninguna legitimación cuentan para impugnar esa determinación mediante el juicio de amparo, pues precisamente, constituye un procedimiento administrativo y no jurisdiccional, en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la resolución del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, mediante recurso alguno, en razón de que el encargo de la vigilancia, disciplina y honestidad de los funcionarios judiciales del Estado de Michoacán le compete al citado Consejo, y es el que vela por el comportamiento de sus funcionarios, de tal manera que sus resoluciones en este aspecto deben de estimarse como inatacables por el particular, por carecer de un interés jurídico legalmente protegido por la ley que le permita impugnar esa determinación. De tal manera que es el Poder Judicial del Estado de Michoacán en quien radica la legitimación de decidir si la conducta de los funcionarios judiciales, amerita ser objeto de disciplina y de imposición de alguna corrección. Por consiguiente, esa facultad que se le otorga no puede ser controvertida por los particulares en juicio de garantías. Pues si bien puede presentar queja en relación a la conducta de los funcionarios, respecto de su actuación dentro de la tramitación de un asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de poder impugnar las decisiones del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que deciden que no ha lugar a fincar responsabilidad en el procedimiento administrativo a los servidores públicos, con motivo de la queja planteada, pues dentro de esa actuación, la única que podría resentir un agravio personal y directo serían los funcionarios contra quienes se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así la parte denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley. Por lo que su intervención se reduce sólo a poder presentar denuncia en contra de los funcionarios, pero no a impugnar la decisión administrativa que llegue a tomar el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en razón de que no existe un interés legítimamente protegido por la ley para poder interponer una demanda de amparo, por la sola circunstancia de que se decidió que no había lugar a iniciar causa en su contra, pues aun cuando se trata de la última resolución dictada en el procedimiento seguido en forma de juicio, es necesario además la afectación a un derecho público subjetivo que asista al gobernado. Por lo mismo no se puede concluir que el quejoso cuente con un derecho que le asista a aquél para plantear una demanda de amparo en por no actualizarse la existencia de un interés jurídico defendible y que se encuentre legalmente respaldado. Por tanto, se tiene que el presente juicio de amparo es improcedente porque no se encuentra corroborada la afectación del interés jurídico de la parte quejosa. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). En efecto, en el caso el impetrante no tiene interés jurídico, para los fines pretendidos. Tiene aplicación la jurisprudencia de texto y texto siguientes: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que le asista." Así como la diversa de la Novena Época, sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual es compartido por este órgano jurisdiccional, y que se encuentra visible en la página 999, tesis I.4o. A. 312 A, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA EL QUEJOSO POR EL HECHO DE HABER FORMULADO UNA DENUNCIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 109 CONSTITUCIONAL Y 12 Y 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación que recayó a la queja administrativa presentada en contra de los Magistrados de un Tribunal Colegiado, tal resolución no afecta el interés jurídico de la quejosa, hoy recurrente, pues el hecho de poder formular una denuncia en términos de los artículos 109 constitucional, 12 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, implica analizar la responsabilidad en que pudieran o no haber incurrido los funcionarios de que se trata, esto es, faltas administrativas o disciplinarias que solamente podrán ser aplicadas por los funcionarios competentes, lo que significa que el hecho de que la ley permita intervenciones a terceros no confiere a éstos la facultad de exigir el fincamiento de esa responsabilidad, sino sólo de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos y elementos necesarios para establecer o no el incumplimiento de las obligaciones que como funcionarios les competen, pues no se ve cómo esa resolución le produzca un agravio a sus intereses, ya que éste debe ser material, esto es, real y no subjetivo. En consecuencia, el hecho de que cuente con el derecho a denunciar las faltas de los funcionarios, no implica que cuente con el interés jurídico para combatir la resolución de que se trata, argumentando que no fue desfavorable al funcionario, ya que en todo caso la autoridad responsable resolverá la acusación planteada, respetando así el derecho que consagran los artículos invocados; por lo que debe desecharse la demanda de garantías. Otra razón para la improcedencia de la acción se funda en la última reforma al artículo 100 constitucional, que establece en su párrafo octavo que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables." 5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 6º, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 6. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando a las personas que menciona; en el entendido de que solo Roberto Melgarejo Ortiz, gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 7. Autorización del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuario "MAXIRICO69" que proporciona, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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