Alfredo Ayala Estrada

Expediente 389/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
389/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Alfredo Ayala Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. 1. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito suscrito por el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la parte quejosa y recurrente, así como una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Ayala Estrada, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 389/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La exclusión de pruebas realizada en la audiencia preliminar de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro de juicio mercantil oral 783/2023. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]" 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo determinado en la audiencia preliminar de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio mercantil oral 783/2022, en la que la juez responsable excluyó las testimoniales a cargo de Guillermo Hernández Zavala, Juan Cortes Rodríguez y Francisco Viera Rocha, lo cual sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la sentencia, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo. Es decir la exclusión de las pruebas ofertadas por el quejoso no puede considerarse que repercuta en la esfera de derechos sustantivos del promovente, en tanto que ello se traduce, en su caso, en una mera lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es así, porque el acto reclamado solo tiene efectos intraprocesales, es decir, la consecuencia de la exclusión de las testimoniales en comento solo entraña la continuación del juicio natural en la etapa procesal en que se encuentre, lo cual no actualiza en automático una afectación material a los derechos sustantivos del recurrente, ya que la trascendencia de aquel acto se materializará, de ser el caso, si el fallo definitivo resultare adverso a los intereses del recurrente, supuesto en el cual, podrá dolerse de la violación procesal conducente, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo directo, por violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso, entre otros supuestos, cuando se desechen pruebas legalmente ofrecidas, como ocurre en el caso. Por lo que, existe la posibilidad de que el quejoso pueda obtener sentencia favorable en el contradictorio de origen, ya que, según sus antecedentes, puede advertirse que el juicio subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, si el fallo resulta en favor de los intereses de aquél, quedarán reparadas las posibles violaciones que se cometieron a causa de lo acordado en el auto combatido. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado juicio de origen. Se invoca por analogía el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de voz y contenido siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. POR REGLA GENERAL, EL DESECHAMIENTO DE LA OFRECIDA POR EL QUEJOSO NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", publicada con el número 1a./J. 17/2003, en la página 88 del Tomo XVII, abril de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la admisión y el desahogo de la prueba pericial en genética ofrecida por la contraparte del quejoso son actos de ejecución irreparable, ya que implican la intromisión a los derechos de la personalidad, intimidad, integridad, individualidad y privacidad de quien será objeto de ella, mediante la toma de muestras de su tejido celular, que puede tener como resultado poner en evidencia características genéticas diversas a aquellas que son objeto de la litis en el juicio natural. Sin embargo, por regla general, esa afectación directa e inmediata de derechos sustantivos no se actualiza con el desechamiento de la ofrecida por el quejoso, pues con motivo de ello no se procederá a su desahogo ni, por ende, a la extracción de tejido celular, con las consecuencias señaladas. Por el contrario, la única afectación que resiente el quejoso con el desechamiento de esa probanza es que no se acumule al acervo probatorio el resultado de ese medio de convicción, lo que únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable, y de no ser así, impugnarse en vía de agravios en la apelación o, de ser necesario, como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse, en términos de la fracción III del artículo 159 de la ley de la materia; y aunado a ello, el referido desechamiento no constituye una violación procesal que afecte a las partes en grado predominante o superior, porque de él no depende la suerte de todo el juicio natural, pues no incide en su continuación ni conlleva el riesgo de que su tramitación resulte ociosa o innecesaria." 3.2. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, quienes no gozarán de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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