Alfonso Rescala Cárdenas
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfonso Rescala Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con la primera parte del referido artículo 20, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EN TÉRMINOS DEL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE LE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE:Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa cumple prevención. Glósese a los autos el ocurso signado por el quejoso Alfonso Rescala Cárdenas, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada el veinte de junio pasado. 1.1. Examen de la demanda y escrito aclaratorio. Del contexto integral del escrito de demanda y por el que cumple la prevención formulada, se aprecia que el promovente del amparo reclama del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y secretario de acuerdos adscrito al mismo, lo siguiente: a) La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 87/2021, de fecha tres de junio de dos mil veintiuno, en que se le requirió el pago de la cantidad de $425,000.00 (cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más intereses moratorios y demás prestaciones, y por el cual se embargó la casa habitación ubicada en calle Ganadería del Ballumbroso, número veinticinco, del fraccionamiento Jardines del Toreo de esta ciudad. b) La omisión de notificarle el proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se acuerda procedente el desistimiento de la acción que realizó la parte actora, en relación a los codemandados César Alejandro Rescala Briceño y Georgina Isabel Briceño Mendoza. c) El proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, en que se determinó que no puede tener por realizando ninguna manifestación al codemandado -deudor directo- César Alejandro Rescala Briceño, dado que la parte actora se desistió de la acción entablado en su contra; y, d) El proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, en el al acordar el escrito que presentó, al que anexó certificado de propiedad a nombre del deudor directo César Alejandro Rescala Briceño, se indicó que no era procedente tenerle haciendo manifestaciones, dado que dicha persona no tiene carácter dentro del juicio. Por otra parte, de las manifestaciones que formuló, en atención a la prevención que le fue realizada, el quejoso indica ser parte formal en el juicio mercantil, ya que tiene carácter de demandado, al ser aval solidario del deudor directo César Alejandro Rescala Briceño, y que el mismo se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. 2. Se desecha demanda de amparo. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, respecto de los actos reclamados por el quejoso durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil -diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como la omisión de notificarle el desistimiento de la acción por cuanto hizo a los codemandados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. El primer precepto contempla la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las en él contenidas. Por su parte, la fracción VI, del numeral 107 mencionado, dispone que el juicio de amparo procede contra actos fuera o dentro del juicio que afecten a personas terceras extrañas. Por persona extraña a juicio debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la persona que no fue o fue indebidamente emplazada al juicio o al procedimiento. El tercero extraño por equiparación es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. La particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", que le impidió comparecer al mismo para hacer valer sus excepciones y defensas, es decir, que se le impidió ejercer su derecho de audiencia y defensa. Sin embargo, de las manifestaciones formuladas por el quejoso se obtiene que es parte formal en el juicio ejecutivo mercantil 87/2021 de donde emanan los actos reclamados. Dicha calidad se corrobora, pues al consultar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se localizó que el quejoso Alfonso Rescala Cárdenas, promovió el juicio de amparo directo 2/2022, contra la sentencia definitiva dictada dentro juicio ejecutivo mercantil 87/2021, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, en el cual, por ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se determinó negar la protección constitucional. Lo anterior constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En esas condiciones, es evidente que el aquí quejoso no es personas extraña al procedimiento natural, ya que ejerció una defensa en torno a sus intereses. Por tanto, no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad les haya ocasionado un total desconocimiento que les impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del citado juicio ejecutivo mercantil. Por el contrario, se evidencia que dicho quejoso fue oído y vencido en el juicio mercantil, ante ello, no es posible analizar a través de esta vía de amparo los actos antes destacados, verificados durante la sustanciación de dicho procedimiento. Virtud a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Se invoca a lo expuesto la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.)14, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Por otra parte, respecto de los actos reclamados consistentes en los proveídos de tres de mayo y dos de junio de dos mil veintitrés, a través de los cuales pretendió la incorporación del codemandado -deudor directo- César Alejandro Rescala Briceño, a la ejecución del juicio mercantil, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. La fracción IV del artículo 107 establece la procedencia del juicio de amparo contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, como regla general. Sin embargo, en sus párrafos segundo y tercero establece algunas condicionantes para dicha regla, consistentes en: "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la interpretación que debe darse a la fracción IV del artículo 107 de la ley reglamentaria de la materia, ha sostenido reiteradamente que, por lo que hace a la expresión "última resolución" dentro de la fase ejecutiva de una sentencia, a que hace referencia el primer párrafo de esa porción normativa, debe entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la cosa juzgada; aquella en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para acatar lo fallado en definitiva o la que ordena el archivo definitivo del juicio. También ha determinado que, como excepción a esa regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto, excepcionalmente en ese procedimiento, pueden existir actuaciones de naturaleza intraprocesal que, sin ser la última resolución a que alude esa porción normativa, pueden ser consideradas como de ejecución irreparable al lesionar material y directamente derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada. Esto es, durante el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Se invoca a lo anterior la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En la especie, los actos reclamados no constituyen la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que afecte de manera directa derechos sustantivos de quien fue vencido en juicio, como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, etcétera. Ello es así, pues el quejoso pretende que a través del juicio de amparo, se analice el auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, en que se determinó que no puede tener por realizando ninguna manifestación al codemandado -deudor directo- César Alejandro Rescala Briceño, dado que la parte actora se desistió de la acción entablado en su contra; y, el proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se le indicó que no era procedente tenerle por haciendo manifestaciones y exhibiendo certificado de propiedad a nombre de la citada persona, por carecer ésta de carácter dentro del juicio. Empero, tales no actualizan las hipótesis establecidas para la procedencia del juicio de amparo contra actos en ejecución de sentencia, pues no guardan autonomía respecto de esa fase, sino que se relacionan con la cosa juzgada, además su naturaleza es adjetiva y, en sí mismos, no obstaculizan ni transgrede de manera inmediata y directa derechos sustantivos ajenos a lo sentenciado. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Virtud a lo anterior, al no actualizarse la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia norma, por lo que se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual ajunta el oficio deducido del proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés con acuse de recibido de quince de junio de dos mil veintitrés, mismo que fue remitido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para que en el término de tres días hábiles, informe si se encuentra alguna cantidad asignada con la que se pueda dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. 2. Nuevo requerimiento. Por tanto, en términos de los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente: a) Remita la contestación a la misiva deducida del requerimiento formulado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés a la Secretaría de Finanzas, o en su caso los medios de apremio que haya hecho efectivos para su cumplimiento. Estas precisiones se realizan con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por la autoridad obligada de manera puntual, pues no debe perderse de vista que el presente juicio de amparo analizó dicha omisión por parte de la responsable. Se cita por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Colegiado admite queja. Recíbase el oficio de cuenta, que remite el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, a través del cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos; dando origen a la queja 190/2023; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. 1.1. Vinculación expediente. Asimismo, del oficio de cuenta se deprende que el Tribunal de Alzada, solicita se ponga disponible el expediente en que se actúa, para el efecto de que pueda vincularlo con el juicio de su índice. Consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el expediente del órgano revisor; lo anterior hágasele de su conocimiento mediante oficio que al efecto se libre. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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