Alfredo Arreola Sánchez

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
  • Alfredo Arreola Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad acusa de recibo. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, a través del cual acusa de recibo del comunicado 5977/2019 -de nuestro índice-, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE veintidós de marzo de dos mil diecinueve QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 313/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso Alfredo Arreola Sánchez, reclama de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades responsables: Respecto a la autoridad responsable denominada Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, reclamo: a) Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Morelia, Michoacán, el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve y el decreto 124, enviado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán en el que se elige al C. Adrián López Salís, Fiscal General del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán de Ocampo en esa misma fecha. b) Sesión ordinaria celebrada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, respecto de la orden del día numerada en el "XIV LECTURA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE LICENCIA AL C. ADRIÁN LÓPEZ SOLlS, PARA SEPARARSE AL CARGO DE DIPUTADO A LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, ELABORADO POR LA COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y TOMA DE PROTESTA". c) El procedimiento y/o acuerdo de propuesta y la proposición con el nombre de diez aspirantes a la Fiscalía General del Estado, enviada al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; en que, se determinó no integrarme a los diez aspirantes que pasaron a la siguiente fase de la designación de la persona que 'sería titular de la Fiscalía General en el Estado. d) Acta o acuerdo del concentrado de evaluación de la personas idóneas que pasan a la segunda fase del proceso de selección de la persona que ocupara el cargo de Fiscal General del Estado, así como la lista de diez personas que pasaron a la segunda fase, revisión del curricular, concentrado de calificación y asignación de calificación al suscrito, análisis del plan de trabajo y la consecuente evaluación del mismo, que se presentó ante la Junta, el día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve; evaluación de los factores establecidos en la Convocatoria para la designación de la persona que ocupara el cargo de Fiscal General del Estado; todos emitidos por parte de los integrantes de la Junta de Justicia y de Gobernación. e) La convocatoria pública para la elección de Fiscal General del Estado de Michoacán, de diez de enero de dos mil diecinueve de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán de acampo, en esa data. 2. Respecto de las autoridades denominadas Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de acampo, Secretario de Gobierno y Director del Diario Oficial reclamo: a) La publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de acampo, del decreto 124, del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en que se elige a Adrián López Solís como Fiscal General del Estado, publicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve. b) Acuerdo por el que se dio cuenta de la comunicación remitida por el Titular del Poder Ejecutivo, por la que envía terna para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, a las comisiones de Justicia y de Gobernación, la que se puso en consideración al Pleno del Congreso del Estado; compuesta por tres personas seleccionadas de un grupo de diez aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que previamente le fueron enviados por el Congreso del Estado de Michoacán. c) La publicación del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de acampo, de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, que contiene la convocatoria a participar para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado del Estado de Michoacán. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo. Del referido precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones por parte del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en la declaración de procedencia, en juicio político; y, en la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. La hipótesis normativa que se estima aplicable al caso surge cuando el juicio de amparo se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, condiciona la actualización de dicho supuesto a la circunstancia de que la Constitución Local correspondiente le confiera al órgano legislativo la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional. En el caso particular, se determina la improcedencia del amparo, dado que el acto reclamado por el quejoso a la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, es una facultad soberana y discrecional de una legislatura estatal. Debe tenerse en cuenta que el Congreso del Estado de Michoacán es un órgano de representación conformado por la elección libre, auténtica y periódica de los ciudadanos mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; por tanto, se trata de un órgano colegiado que al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. En ese sentido, la determinación de la legislatura local de excluir al quejoso de los aspirantes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán, y la aprobación y elección de Adrián López Solís como titular de esa dependencia, constituyen actos soberanos emitidos en uso de sus facultades discrecionales, dado que no se requirió de la aprobación o supervisión de algún otro órgano o ente público. Por lo tanto, contra esa determinación resulta improcedente el amparo, por haber realizado en uso de sus facultades soberanas y discrecionales como legislatura estatal. En efecto, el artículo 44, fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo establece: "Artículo 44.- Son facultades del Congreso: .. XXXVI.- Integrar la lista de diez candidatos para enviarla al Ejecutivo, y elegir, de entre la terna que remita éste, al Fiscal General del Estado, en los términos de esta Constitución; .." De dicho numeral se advierte la facultad del Congreso del Estado de Michoacán para integrar la terna de los candidatos contendientes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, y elegir de entre ellos a quien ocupará dicho encargo. Sin pasar inadvertido el contenido de la Convocatoria emitida el diez de enero de dos mil diecinueve, por el Congreso del Estado, en la cual se establecieron las bases a los aspirantes a ocupar aquél cargo; empero, en la misma se otorga a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación la potestad de proponer una lista de diez aspirantes, como se estableció en el punto quinto de la misma, de ahí que no disminuye el carácter de soberano de la facultad de realizar tal nombramiento, ya que incluso dicha lista es sometida a la votación del Pleno del Congreso del Estado para su aprobación, para ser enviada al titular del Ejecutivo del Estado, quedando por tanto a discreción de sus integrantes la emisión del voto correspondiente. Además, en la referida convocatoria no se advierte que se hayan consignado reglas que afecten la discrecionalidad del actuar de las Comisiones encargadas de recopilar la información de los candidatos para ser electos fiscales, así como del Pleno del Congreso, pues únicamente establece los requisitos que deben reunir los aspirantes para ser electos fiscales y el procedimiento a seguir previo a la designación. De ahí que, la facultad del Congreso del Estado para nombrar Fiscal General del Estado, tiene las características propias de ser un acto soberano y discrecional, ya que la referida convocatoria no contiene reglas o parámetros que deban tomarse en cuenta para designar a los integrantes de la terna y que, con ello, afecten la discrecionalidad con la que los órganos intervinientes tomen la decisión final. Consecuentemente, si la facultad soberana que la Constitución del Estado de Michoacán confiere al Congreso Local para nombrar al Fiscal General del Estado de Michoacán, no se ve destruida o limitada con el procedimiento derivado de la convocatoria pública, resulta inconcuso que tales actos encuadran en el supuesto descrito en el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo y, por ende, contra los actos que reclama el quejoso es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de mérito. Improcedencia que se hace extensiva respecto de los diversos actos que reclama el quejoso, al derivar de aquélla facultad discrecional del Congreso del Estado. Tiene aplicación, la Jurisprudencia de la Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia Común, visible en la página 887, de texto y rubro siguientes: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Así como la diversa tesis de la Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Constitucional, visible en la página 601, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios a las personas que menciona en su escrito de demanda, ya que acreditaron tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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