Alejandro Saucedo Zamora

Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
126/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
12/07/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Saucedo Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible y asequible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 09 de julio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de siete de junio de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Por tanto, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, remita a este juzgado las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: Realizará el pronunciamiento respectivo; Determinará las multas procedentes de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007918, cuto rubro y texto a la letra dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En el entendido de que en la resolución pronunciada en autos se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, la cual se concedió en los siguientes términos: "a) Realice el emplazamiento de la demandada señalada en auto de veintidós de marzo del año en curso, ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley Federal del Trabajo; y, b) En caso de que el actuario se vea impedido legalmente para llevar a cabo el emplazamiento, la junta responsable deberá sujetarse al procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como a lo dispuesto en las jurisprudencias 2a./J. 126/2016 (registro 2013079) y 2a./J. 98/2013 (registro 2004225)." La presente concesión de amparo se constriñe única y exclusivamente por lo que hace a la falta de emplazamiento de la parte demandada. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán a las once horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 126-2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 4257, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, atento a su contenido se acuerda: El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales aportadas por la Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público adscrita los formuló. El Juez acuerda: Se tiene a la fiscal adscrita formulándolos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero del año en curso, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Alejandro Saucedo Zamora, por conducto de su apoderado jurídico Mariano Barojas Rodríguez compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Ambos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de proveer sobre la demanda laboral presentada por la parte quejosa y señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones; y, 2. Notificar y-o emplazar a los demandados dentro del juicio laboral 2A-1382-2020. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dos de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 126-2021, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3-2013, reformado y adicionado por el diverso 36-2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40-2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La omisión de proveer sobre la demanda laboral presentada por la parte quejosa y señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones; y, 2. Notificar y-o emplazar a los demandados dentro del juicio laboral 2A-1382-2020. Tercera. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por las autoridades responsables Presidente y Auxiliar, ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, manifestaron que son parcialmente ciertos los actos que se les reclaman; lo anterior resulta de esta manera, respecto de la omisión de proveer sobre el escrito de demanda laboral, ya que al momento de la presentación de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa (veintiséis de febrero del año en curso), la autoridad responsable aún no había emitido pronunciamiento alguno respecto del escrito de demanda laboral presentada por la parte aquí quejosa el dieciséis de julio de dos mil veinte), y en consecuencia, señaló las nueve horas del diez de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y además se comisionó al actuario de la adscripción, para que notificara, emplazara y apercibiera a la parte demandada. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, lo que se robustece con las copias certificadas del juicio laboral, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar sobre la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación. En relación con lo anterior, se toma en cuenta que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del numeral trascrito, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, misma que se actualiza cuando desaparecen o destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos, de tal forma que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, dejando al gobernado como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, o de haberla irrumpido, no se deje afectación en ella. Es decir, la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, o en el caso concreto, al realizar una acción, que detiene la omisión violatoria de derechos humanos, por lo que hace ineficaz el juicio de amparo. Para entender mejor lo anterior, es necesario tener en cuenta lo señalado por el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de la materia, que estipula: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Lo anterior, se debe entender en el sentido de que el objeto del juicio de amparo es el restituir al quejoso en su derecho humano violado y al tratarse en el caso particular de un acto omisivo (la omisión de proveer sobre la demanda laboral presentada por la parte quejosa el dieciséis de julio de dos mil veinte y señaló fecha para llevar a cabo la audiencia trifásica) se debe obligar a la responsable a respetar el derecho violentado al quejoso, relativo al acceso a la impartición de una justicia pronta dentro del juicio de origen, mediante el abandono de dicha conducta omisiva. En la especie, el quejoso Alejandro Saucedo Zamora reclamó de las autoridades responsables, entre otros actos, la omisión de proveer sobre el escrito inicial de demanda laboral. No obstante lo anterior, de las constancias aportadas al informe justificado remitido por las autoridades responsables (el catorce del mes y año en curso), se advierte que la autoridad responsable radicó el escrito inicial de demanda presentado por Mariano Barojas Rodríguez apoderado jurídico de Alejandro Saucedo Zamora y señaló las nueve horas del diez de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones De lo anteriormente señalado se colige que por lo que ve a dicho acto reclamado han cesado sus efectos, toda vez que se puede observar que la autoridad responsable radicó el escrito inicial de demanda y fijó fecha para la audiencia trifásica. En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo por cesación de efectos respecto del acto reclamado (la omisión de proveer sobre la demanda laboral presentada por la parte quejosa el dieciséis de julio de dos mil veinte y señalar fecha para llevar a cabo la audiencia trifásica) a las autoridades responsables. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª.-j. 9-98, consultable en la página doscientos diez del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por otro lado, por lo que ve al acto reclamado que se hace consistir en la omisión de notificar y-o emplazar a los demandados dentro del juicio laboral 2A-1382-2020, este órgano jurisdiccional no advierte que se actualice causa de improcedencia alguna, ni las partes la hacen valer, motivo por el cual procede su análisis de fondo. Quinta. Estudio de Fondo. Al no existir causa de improcedencia que se actualice en relación con el referido acto reclamado, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 Constitucional. Donde el numeral 17 establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe traer a colación, los señalado en los artículos 743, 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo previo a la reforma del uno de mayo de dos mil diecinueve, los cuales señalaban lo siguiente: Artículo 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley". Por tanto, se puede observar una dilación excesiva por parte de las autoridades responsables, en torno a emplazar a la parte demandada, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional en torno a una pronta y expedita impartición de justicia. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, donde las autoridades responsables originan un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de las formalidades y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 743, 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: Artículo 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." En esas condiciones, resulta indudable que las autoridades responsables vulneran los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de junta responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo que lo propio es que la junta responsable realice el emplazamiento en los plazos y términos establecidos en los artículos 743 y 750 de la ley en la materia, para que se pueda llevar a cabo la audiencia trifásica señalada para las nueve horas del diez de junio de dos mil veintiuno. Asimismo es de conocimiento del suscrito que la responsable tiene excesivas cargas de trabajo, sin embargo, es su deber y obligación ajustarse a los plazos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J-57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la pagina 1283, Tomo XXII, de Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Sin que pase desapercibido, para este órgano jurisdiccional que la Ley Federal del Trabajo tuvo una reforma trascendental, la cual se publicó el uno de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, en términos del artículo 7 transitorio los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. Sexta. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos humanos aducida, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable realice lo siguiente: a) Realice el emplazamiento de la demandada señalada en auto de veintidós de marzo del año en curso, ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley Federal del Trabajo; y, b) En caso de que el actuario se vea impedido legalmente para llevar a cabo el emplazamiento, la junta responsable deberá sujetarse al procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como a lo dispuesto en las jurisprudencias 2a.-J. 126/2016 (registro 2013079) y 2a.-J. 98-2013 (registro 2004225). La presente concesión de amparo se constriñe única y exclusivamente por lo que hace a la falta de emplazamiento de la parte demandada. Apoya lo anterior la tesis 2a. CV-2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2005150, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a.-J. 45-2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.. (Lo subrayado no es de origen). Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Saucedo Zamora, contra el acto reclamado al Presidente y Auxiliar ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Saucedo Zamora, contra el acto reclamado al Presidente y Auxiliar ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos indicados en la consideración quinta. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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