Alejandro Romero Niño
Expediente 512/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Romero Niño
- Javier Aguiñiga Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 15182/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo registrándolo bajo el número 386/2019. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 17128, por el cual se le hizo de su conocimiento que este órgano jurisdiccional declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa y a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a la Magistrada de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Director del Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, ambos con residencia en esta ciudad, y reclama lo siguiente: "IV. De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamamos la resolución de fecha 11 once de abril de 2019 dos mil diecinueve, pronunciada en los autos del toca penal número XI-17/2019, mediante la cual se CONFIRMA en sus términos el auto de vinculación emitido por el Licenciado Josué Salvador Ortiz Sánchez, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Judicial Uruapan, Michoacán, en la continuación de audiencia inicial verificada el 7 siete de marzo de 2019 dos mil diecinueve, dentro de la causa penal número 24/2019." Por otro lado, la competencia es un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina la misma por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El referido artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, sí se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que la resolución o acto reclamado por sí mismos tengan ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando la resolución reclamada no tenga ejecución material de manera directa o inmediata, sí lleve una ejecución implícita, lo cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, dichos actos o resoluciones se deberán estimar de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia se debe considerar el lugar donde reside la autoridad responsable. De la lectura de la demanda de amparo y de la apreciación integra del acto reclamado, se colige que la parte quejosa en esta instancia constitucional reclama la resolución del recurso de apelación pronunciada por la autoridad de segundo grado, la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán. Luego, el suscrito estima carecer de competencia legal, por territorio, para conocer del asunto atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que tratándose de actos, que como en el caso, requieren ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de lo que se advierte, que el acto reclamado en esta instancia tendría ejecución ante el Juez de Control de Uruapan, Michoacán, aunque los quejosos directos guarden reclusión en el Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1, ubicado en Charo, Michoacán. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.147/2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XXIII, página 174, de Enero de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 176365, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Asimismo, sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.118/2011, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro III, Tomo 3, página 2183, de Diciembre de 2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160608, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por tanto, la competencia se surte en favor del juez donde tendrá ejecución el acto reclamado, en el caso, en Uruapan, Michoacán, atento a lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, en turno. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como un tomo de prueba y cinco discos compactos que remitió la magistrada responsable, al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena notificar personalmente la presente determinación a la parte quejosa. Finalmente, en atención a lo relatado en las líneas que anteceden, se deja sin efectos la fecha y hora en que habría de tener verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a las quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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