Alejandro Salto Salinas
Expediente 192/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Congreso Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
- Alejandro Salto Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el que se declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio, sin que haya realizado manifestación alguna, por lo que se tiene por consentido dicho proveído. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, como de autos se advierte que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiéraseles para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: ".Aunado a ello, dado que la cantidad que se consigna en los documentos denominado "aviso recibo" relativo a los servicios (RMU) 155181200956, 155150400451 y 155950412708, respecto de los inmuebles identificados como García Obeso 185, obra T104 17, Centro 1C Sur al Pte; Hidalgo 54, Allende y Corregidora Centro 1C Nte al Pte; y Joaquín de la Cantoya y B79 AC 260700, Guadalupe Col. C.P. 58140, todos en esta ciudad de Morelia, Michoacán, abarca un periodo que comprende tanto el ejercicio fiscal dos mil dieciocho como el relativo al presente año, y el amparo concedido es únicamente por las normas que prevén dicha contribución en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, deberá restituirse a la parte quejosa la cantidad que acredite haber enterado sólo por el ejercicio fiscal reclamado, respecto a tal recibo y en los subsecuentes que hayan sido pagados en tal anualidad. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación." Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para que dentro del plazo de diez días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. De igual forma, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que de no informar las causas por las cuales no cumple con la ejecutoria de amparo ni con los requerimientos formulados por este juzgado, de conformidad con los artículos 194 y 198 de la Ley de Amparo, se requerirá a su superior jerárquico y de continuar con las omisiones se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, por el cual solicita que se le conceda prórroga para cumplir con la ejecutoria emitida dentro del presente expediente, ya que manifiesta que una vez que la Dirección de Alumbrado Sustentable emita la orden de pago la tesorería podrá dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable en cita -tesorero municipal- en vías de cumplimiento al fallo constitucional. De igual forma, atendiendo a las manifestaciones de la autoridad responsables y con apoyo en el artículo 192, último párrafo, se le otorga prórroga por diez días, contada a partir de que quede legalmente notificada de la presente determinación, para que remita a este juzgado las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos formulados por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán y por la Tesorera Municipal de Morelia, ambos con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidos los alegatos de las autoridades responsables en cita y se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 192/2019, promovido por Alejandro Salto Salinas, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, Alejandro Salto Salinas, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda, se registró en el libro de gobierno con el número 192/2019, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán, mismo que se dio dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos para el municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2019, en específico los artículos 1º y 17, fracciones I, ll, lll, lV y V; Los actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución de dicho decreto, materializado en la facturación correspondiente al aviso recibo del mes de enero de dos mil diecinueve. Tercera. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, consistentes en los actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución del decreto que contempla el derecho por alumbrado público a que se refieren los preceptos legales reclamados. Lo anterior, no obstante que obra en autos la constancia relativa a la autoaplicación de la contribución por parte de la parte quejosa [adjuntó copia cotejada del aviso recibo de los servicios 155181200956, 155150400451 y 155950412708, así como del recibo de pago correspondiente -fojas 22 a 24-]; es evidente que dicho acto no puede ser imputado como de autoridad, al no corresponder a un actuar irregular por parte de la responsable. Este criterio encuentra su apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 367, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto de los actos reclamados al Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarta. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso -foja 32-, al Gobernador -foja 81-, al Secretario de Gobierno -foja 83- y al Director del Periódico Oficial -foja 43-, todos del Estado de Michoacán, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos para el municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2019, en específico los artículos 1º y 17, fracciones I, II, III, IV y V. Lo anterior es así, ya que la certeza en el actuar de las autoridades responsables se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, página 260, del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Quinta. Causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. Así, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado -fojas 32 a 41- y la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Morelia, señalaron en sus informes justificados -fojas 94 a 110- que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VII y XXIII en relación con el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, pues aduce que del texto íntegro de la demanda de amparo no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa. Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que es infundado lo aducido por la autoridad responsable, en virtud de que la improcedencia la hace descansar en que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos legales combatidos relativos al pago de servicio por derecho de alumbrado público, lo que resulta incorrecto. Ello, porque de la lectura a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa precisó por qué la norma general y su auto aplicación son ilegales, aduciendo las razones por las cuales tales actos presentan un vicio de origen, como es la creación del tributo por un ente público local al carecer de competencia constitucional, puesto que a su juicio invaden la esfera de la federación, indicando los preceptos de la Constitución Federal con los que aduce se contraponen los numerales que impugna, así como los motivos por los cuales considera le agravian los actos reclamados. Al no existir otras causas de improcedencia hechas valer por las partes -ni este juzgador, de oficio, la advierte- procede entrar al estudio de los conceptos de violación. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Una vez precisado lo anterior, este juzgador advierte que de los argumentos vertidos como conceptos de violación por la parte quejosa en su demanda de amparo, uno de ellos resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, conforme a las razones y términos que a continuación se exponen. Respecto de los actos que resultó procedente el juicio de amparo en relación al proceso legislativo origen del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que alude a la recaudación del derecho de alumbrado público en el municipio en cita; actos autoritarios que la parte quejosa reclama por estimar que vulneran en su perjuicio el artículo 73, fracción XXIX, Numeral 5°, inciso A) de la Constitución, y la garantía de legalidad prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que grava el servicio de energía eléctrica, lo cual es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que invade la esfera de competencia de la Federación. Al efecto los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5°, inciso a), y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución General de la República, disponen lo siguiente: "Art. 73. El Congreso tiene facultad:. XXIX. Para establecer contribuciones:. 5º. Especiales sobre: a) Energía eléctrica;.". "Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [.] b) Alumbrado público. [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: [.] c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.". Del primer precepto transcrito, se advierte que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, por su parte, en el numeral 115, fracción III, inciso b), se prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y, en la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, se establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno. De acuerdo con lo anterior, en principio se aprecia que por una parte, el Congreso Federal tiene facultades para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica, y por la otra que, al corresponder a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, como consecuencia de esa atribución, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio. Luego, de conformidad con las fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la Hacienda Pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. Por tanto, al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto. Por tanto, a efecto de determinar si las normas impugnadas resultan constitucionales o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución reclamada; es decir, si se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, o, si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho. En primer término, de manera general podemos señalar que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos. En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la Norma Fundamental, podemos esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Ciudad de México, Estados o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Así, aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo; es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y e) Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como la Ciudad de México y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de ese artículo. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2019, en su artículo 17, reconoce como contribuciones a los impuestos, contribuciones de mejoras y derechos, entre otros. De lo expuesto podemos concluir que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o Estado, o bien, la prestación de servicios exclusivos del Estado; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria. Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respeta la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, razón por la cual podrá revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realización del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligación, lo cual en algunas ocasiones podrá revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho y viceversa. Ahora, debe analizarse la naturaleza de la contribución establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecinueve, la cual, en su artículo 17, señala, respecto del derecho de alumbrado público, lo siguiente: "DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPÍTULO II POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ARTÍCULO 17. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes: I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso doméstico y que compren la energía eléctrica para uso doméstico: Concepto mensual Cuota A) En nivel de consumo Mínimo, hasta 25 kwh. al mes $ 3.80 B) En nivel de consumo Bajo, desde 26 hasta 50 kwh. al mes. $ 4.40 C) En nivel de consumo Bajo Moderado, desde 51 hasta 75 kwh. al mes $ 7.60 D) En nivel de consumo Medio, desde 76 hasta 100 kwh. al mes. $10.90 E) En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh. al mes $ 15.20 F) En nivel de consumo Medio Alto, desde 126 hasta 150 kwh. al mes $ 19.50 G) En nivel de consumo Alto Moderado, desde 151 hasta 200 kwh. al mes. $ 27.00 H) En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 kwh. al mes $ 54.00 I) En nivel de consumo Alto, desde 251 hasta 500 kwh. al mes. $129.80 J) En nivel de consumo Muy Alto, más de 500 kwh. al mes $ 259.60 II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso general y que compren la energía eléctrica para uso general: A) En baja tensión: Concepto l Cuota mensual 1. En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 kwh al mes. $ 10.80 2. En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 kwh al mes. $ 27.00 3. En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 kwh al mes. $54.00 4. En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh al mes. $108.00 5. En nivel de consumo Alto, de más de 400 kwh al mes. $216.30 B) En media tensión: Concepto l Cuota mensual 1. Ordinaria. $ 886.90 2. Horaria. $ 1,773.80 C) Alta tensión: Concepto Cuota mensual 1. Nivel subtransmisión. $ 17,738.20 III. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que no se encuentren registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán anualmente, simultáneamente con el Impuesto Predial correspondiente, a través de recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal, la cuota en el equivalente a las veces al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como sigue: Conceptos Unidades de Medida y actualización A) Predios rústicos. 1 B) Predios urbanos con una superficie hasta de 200 metros cuadrados. 2 C) Predios urbanos con una superficie de más de 200 metros cuadrados. 3 IV. Por la expedición del dictamen de evaluación y cuantificación para la reubicación o modificación de las instalaciones pertenecientes al alumbrado público municipal, se pagará a razón de cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En todo caso, el solicitante deberá cubrir el costo de los materiales y mano de obra que sean determinados en el dictamen; el servicio de reubicación o modificación se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de pago antes referido. Cuando se causen daños al sistema de alumbrado público municipal, se evaluará el costo y se elaborará el presupuesto para que se realice el pago en las oficinas de la Tesorería Municipal. V.- Por concepto de revisión y/o aprobación de proyectos de construcción de alumbrado público, en fraccionamientos construidos por particulares, el pago será de doce veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización". El precepto transcrito establece que se causará y pagará un derecho de alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica y atendiendo a las cuotas establecidas en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán, las cuales se precisaron en la tabla que se insertó -cuotas que deberán pagarse de acuerdo al convenio de colaboración que el municipio respectivo tenga celebrado con la Comisión Federal de Electricidad- el cual es incluido en el aviso-recibo de adeudo que expida dicha Comisión a los usuarios del servicio de energía eléctrica, de acuerdo a las cuotas establecidas en el mencionado numeral. De todo lo anterior, se puede señalar que el denominado "Derecho por Alumbrado Público" a que hace mención el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, sí viola el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ese numeral señala de manera expresa las tarifas a pagar por derecho de alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica y atendiendo a las cuotas establecidas en el capítulo respectivo. Así las cosas, no obstante que el artículo 17 impugnado, denomina a la contribución de mérito "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica; tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, sobre el tema, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia temática publicada con el número 84, en la página 115, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República." A efecto de emitir dicha jurisprudencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la reserva expresa de facultades en favor del Poder Legislativo Federal que señala el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5), subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los Estados no pueden establecer ninguna carga tributaria, cualquiera que sea la denominación que le asignen, en materia de energía eléctrica, pues ello está reservado al Congreso de la Unión, ya que sólo el Congreso Federal puede gravar la energía eléctrica, según este precepto, ya sea su producción, distribución, venta o consumo, que los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la ley federal determine, y los Municipios, a su vez, sólo tendrán derecho al porcentaje que de esa participación señale la ley local. Así pues, estimó que cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. En tales condiciones, no cabe sino concluir que el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, invade la esfera de facultades exclusivas de la Federación al establecer un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica, en contravención a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5), subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece dicha facultad exclusiva para la Federación; y con lo que, además, se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, toda vez que no existe congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, esto es, la base imponible, pues no existe relación entre el costo que representa la prestación del servicio de alumbrado público (hecho imponible), con el consumo de energía eléctrica del particular (base imponible). Lo antes considerado encuentra sustento, además, en las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números P./J. 73/2006, en la página 919, del Tomo XXIII, Junio de 2006, y P./J. 120/2007, en la página 985, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondientes a la Novena Época, que dicen: "CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El referido numeral, establece una contribución a la que otorga la naturaleza jurídica de derecho, cuyo hecho imponible, de acuerdo con el contenido del artículo 31, lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. No obstante lo anterior, el artículo 33 de dicho ordenamiento, al establecer que la base para el cálculo de este derecho es el importe del consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica, revela que la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público -hecho imponible característico de los impuestos y no de los derechos- y, que en el caso, consiste en dicho consumo de energía eléctrica. En este sentido, debe concluirse que el artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca, contiene una contribución perteneciente a la categoría de los impuestos, y en concreto, un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, por lo que es violatorio del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a) de la Constitución Federal, ya que dicho precepto dispone que es facultad del Congreso el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica." "DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS RELATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. La citada porción normativa, al establecer en relación con el pago del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, que tratándose de propietarios o posesionarios de predios baldíos, urbanos y suburbanos, debe cuantificarse mediante una tasa del .05% del valor catastral del predio, o bien, tratándose de propietarios de predios que hubieren resultado favorecidos al amparo de una resolución constitucional respecto de lo establecido en el primer párrafo del artículo 83 de la citada Ley, mediante una tasa de .08% del valor catastral del predio, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no toma en cuenta el costo global del servicio que presta el Municipio, sino un elemento ajeno, como es el valor catastral del predio, lo que conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, pues se fija en términos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, lo que da una escala de mínimos a máximos en función de dicha capacidad, por el valor catastral del predio respectivo, siendo esto aplicable a los impuestos, no a los derechos cuya naturaleza es distinta. Incluso, se hace más evidente el trato inequitativo y desproporcional, porque la norma establece dos tasas distintas a aplicarse sobre el valor catastral del predio (.05% o .08%, dependiendo del caso), sin que sea una razón objetiva de distinción entre ambos tipos de causantes que reciben en última instancia un mismo servicio por el que tendrán que pagar cantidades disímiles; es decir, no se atiende al costo global del servicio prestado, pues si bien los derechos no necesariamente deben fijarse con exactitud matemática en relación con el costo del servicio prestado, sí deben guardar vinculación con éste." En términos de las consideraciones expuestas, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa contra los actos legislativos origen del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación tributaria contenida en tal dispositivo, y por ende, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional en el futuro, durante el lapso de su vigencia. En sustento a lo anterior, conviene citar la jurisprudencia y tesis emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números 151, en la página 187, y 92, en la página 122, del Tomo I, Materia Constitucional, el segundo correspondiente a Precedentes Relevantes, ambos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dicen: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Asimismo, dado que la parte quejosa acudió a este juicio con motivo de un acto concreto de su aplicación, a efecto de restituirla en el uso y goce de la garantía individual violada atento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, deberá reintegrar a la parte quejosa la cantidad que acredite haber pagado por el derecho de alumbrado público, por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue el único que reclamó en el presente juicio, y el que, además, se rige por las normas declaradas inconstitucionales. Aunado a ello, dado que la cantidad que se consigna en los documentos denominado "aviso recibo" relativo a los servicios (RMU) 155181200956, 155150400451 y 155950412708, respecto de los inmuebles identificados como García Obeso 185, obra T104 17, Centro 1C Sur al Pte; Hidalgo 54, Allende y Corregidora Centro 1C Nte al Pte; y Joaquín de la Cantoya y B79 AC 260700, Guadalupe Col. C.P. 58140, todos en esta ciudad de Morelia, Michoacán, abarca un periodo que comprende tanto el ejercicio fiscal dos mil dieciocho como el relativo al presente año, y el amparo concedido es únicamente por las normas que prevén dicha contribución en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, deberá restituirse a la parte quejosa la cantidad que acredite haber enterado sólo por el ejercicio fiscal reclamado, respecto a tal recibo y en los subsecuentes que hayan sido pagados en tal anualidad. En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación. Encuentra sustento lo considerado, la tesis aislada 2a.CXV/97, publicada en el tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia P./J. 73/2009, emitida por el propio Tribunal Pleno, publicada en la página 64, del Tomo XXX, Julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero." Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la tesis 1783, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1231, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." Lo anterior, en el entendido de que, dado que no se estableció una cantidad fija para devolver a la quejosa, su determinación deberá ser materia del procedimiento de ejecución de sentencia, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 46/2009 -aplicable al caso por identidad jurídica substancial- en la página 61, del Tomo XXX, Julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA". En este punto, es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas declaradas inconstitucionales, por lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, el Gobernador del Estado de Michoacán, el Secretario de Gobierno de Michoacán y Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sin embargo, dado que se acudió al presente juicio con motivo de un acto de su aplicación, y debido a que el entero del tributo reclamado se realizó a favor del municipio de Morelia, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como a sus subalternos, para que devuelvan a la parte quejosa mencionada la cantidad enterada en aplicación de la norma declarada inconstitucional, dado que a ellos corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues son las autoridades competentes para devolver a la quejosa tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido parte en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo. Al respecto encuentra aplicación, por identidad jurídica substancial, la tesis 3a. LXX/93, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 353, del Tomo XII, Diciembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución." Al respecto encuentra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 57/2007, visible en la página 144, del Tomo XXV, Mayo de 2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Por último, debe decirse que resulta innecesario el análisis de los restantes argumentos hechos valer por la quejosa en sus conceptos de violación, incluso en los que aduce la inconstitucionalidad del artículo 1°, en virtud de que no podría obtener mayor beneficio al ya concedido; más, porque dicho numeral sólo hace referencia al ámbito de aplicación de ese ordenamiento legal, tal y como se observa de su contenido: "ARTÍCULO 1°. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia obligatoria en el Municipio de Morelia, tienen por objeto establecer los conceptos de ingresos que obtendrá la Hacienda Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, así como sus organismos descentralizados, durante el Ejercicio Fiscal del Año 2019." Sustenta lo antes determinado, la jurisprudencia número 107, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Salto Salinas, respecto de los actos reclamados al Tesorero Municipal de Morelia, en términos de la consideración tercera del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Salto Salinas, respecto del artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, respecto de los actos reclamados y por las razones expuestas en la consideración quinta de esta resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de la presente sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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