Alejandro Salmeron Chacon
Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Salmeron Chacon
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Salmerón Chacón, por propio derecho, contra actos del Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número Il-1245/2022-R. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Por su parte el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" En tanto que el artículo 5°, fracción I, párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo expresan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)" Asimismo, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos constitucionales y legales transcritos, permiten establecer que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6°, de la Ley de Amparo, estos últimos numerales aplicados en sentido contrario, por las consideraciones legales que enseguida serán expuestas. Interpretadas en sentido contrario dichas disposiciones, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se advierta que la norma, acto u omisión reclamados no violan los derechos previstos en el artículo 1° de la citada ley y con ello no se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, o cualquier otro acto que se reclame no perjudique a la parte que lo promueve (indirecta); de ahí que al no corroborarse el agravio personal y directo o indirecto, el juicio de amparo sería improcedente. Asimismo, tomando en consideración que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, exigen que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada; al emplear la expresión "agraviada", alude a que, quien promueve un amparo, lo haga porque ha resentido un agravio, ya sea directo o indirecto. Es importante señalar, que los preceptos invocados, amplían el carácter de parte agraviada, ya que se otorga a: a) Quien aduce ser titular de un derecho; b) Quien aduce tener un interés legítimo individual; o, c) Quien aduce tener un interés colectivo. Ello siempre y cuando el promovente alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por nuestra Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico que reclama (indirecto). Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito XXVII.1o.(VIII Región) J/4, consultable en la página 1807, Libro XIX, tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil trece, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número II. 2o. 214 K de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 259, Tomo XIV, Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso". Resultan aplicables los criterios transcritos en virtud de que no se contraponen con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. En ese tenor, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la misma fue presentada de manera electrónica, por lo que debe analizarse lo establecido por el artículo 3° de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Por otra parte, el artículo 72, 73 y 76, del Acuerdo General 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas el nombre del quejoso una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o en caso de que no existe directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. (.)" "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónico en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos la fecha y hora de envío y recepción electrónica. (.)" "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. (.)" Ahora como se advierte de los preceptos legales invocados la firma electrónica es aquélla que quedará asentada en la parte final como una evidencia criptográfica, siempre y cuando el certificado sea reconocido y se encuentre vigente, lo que en la especie no acontece toda vez que al realizar un análisis del escrito de demanda, a simple vista se aprecia que no cuenta con firma electrónica del promovente, lo que indica una falta de voluntad del quejoso directo para promover dicho juicio de amparo; ello atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, con el cual en el presente caso no cumple la parte quejosa, pues al no haberse firmado electrónicamente el escrito de demanda, no puede considerarse con voluntad para instar ante este órgano jurisdiccional, para que conozca del trámite y resolución del juicio de amparo pretendido. Lo anterior, aunado a que la demanda de amparo no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para interponer el juicio, o bien, presentar la demanda de manera electrónica con la firma respectiva que genere la evidencia criptográfica requerida, lo que en su caso, podrá realizar nuevamente con la formalidad necesaria. De lo relatado anteriormente, es evidente que el escrito de demanda resulta notoriamente improcedente atendiendo a que no cumple con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 5° y 6º, de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda no fue firmada electrónicamente ni de manera autógrafa por el quejoso directo, lo que permite establecer que no existe la voluntad de la parte promovente de amparo, por lo que no es posible subsanar dicha omisión ni presumir lo contrario. En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción I, Constitucional, así como 5°, y 6°de la Ley de Amparo, estos últimos numerales aplicados en su interpretación inversa, por lo que, con fundamento en los artículos 113 y 217 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. Encuentra aplicación al caso, el contenido de la Jurisprudencia Común de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 242775, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que reza: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, resulta aplicable, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), con número de registro 2019715, visible en la página 79, del Tomo I, Libro 65, Abril de 2019, materia Común del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien no podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no le fueron conferidas expresamente. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de juez en términos de los artículos 43 y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/5322/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y conforme al artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I inciso c) de la Ley de Amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Alejandro Piñón Martínez325/2022
- Alejandro Rafael Vargas1156/2021
- Alejandro Raygoza Gomez548/2023
- Alejandro Reyes Tadeo1036/2017
- Alejandro Romero Niño512/2019
- Alejandro Saavedra Juárez1194/2017
- Alejandro Salto Salinas192/2019
- Alejandro Sánchez Pantoja123/2020
- Alejandro Saucedo Mendez1167/2023
- Alejandro Saucedo Zamora126/2021
- Alejandro Silva Bedolla1125/2023
- Alejandro Silva García217/2018