Alejandro Torres López
Expediente 886/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Torres López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que formula la agente del Ministerio Público Federal, toda vez que el juicio en el que se actúa se encuentra resuelto. Por otro lado, como lo solicita la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 886/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta y hace constar que las partes no ofrecieron medio de prueba alguno. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Alejandro Torres López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Director de Carpetas de Investigación adscrito a la Fiscalía Regional de Morelia; Director Regional de Investigación y Análisis adscrito a la Fiscalía Regional de Morelia; Agente del Ministerio Público Especializado en combate a los Delitos del Medio Ambiente y Fauna. Todos residentes en esta ciudad. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro; Director de Carpetas de Investigación adscrito a la Fiscalía Regional de Zitácuaro; Director Regional de Investigación y Análisis adscrito a la Fiscalía Regional de Zitácuaro; Todos residentes en Zitácuaro, Michoacán. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana Mesa II, con sede en Zinapecuaro, Michoacán. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana Mesa I; y, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana Mesa II. Ambos residentes en Maravatío, Michoacán. Actos reclamados. La orden aprehensión, comparecencia y/o detención en contra del quejoso, así como su ejecución. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien ordenó registrarla con el número 83/2020-II y la admitió a trámite en auto de trece de febrero de dos mil veinte y solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer del libelo constitucional de mérito, al estimar que el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, por lo que se ordenó registrar con el número 886/2020, mediante proveído de veintisiete de noviembre de la presente anualidad, se aceptó la competencia planteada, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de las autoridades señaladas como responsables, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de naturaleza positiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: La orden aprehensión, comparecencia y/o detención en contra del quejoso, así como su ejecución. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, sin que haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado precisado en esta consideración, es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Torres López, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
se notifica al quejoso el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, de conformidad con el artículo 27 fracción III, y 29 de la ley de Amparo.
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