Albina Sanchez Alvarez
Expediente 267/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Albina Sanchez Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por Julio César Vega Pineda, con el carácter que tiene reconocido en autos, mediante el cual comparece a interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, con excepción de las autoridades responsables: ( La H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; ( El C. Director de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán.; y ( El C. Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. En razón de que es la parte que interpone el citado medio de impugnación. Una vez que se encuentren debidamente integrados los autos del expediente en que se actúa, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en turno, para que acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal de su adscripción. Siendo responsabilidad del secretario y del oficial de trámite encargados de este asunto, la remisión oportuna ordenada. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA PARTE QUEJOSA CON COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por Julieta García Zepeda, en cuanto a Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán, mediante el cual comparece a interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, con excepción de la autoridad responsable H. Congreso del Estado de Michoacán, en razón de que es la parte que interpone el citado medio de impugnación. Una vez que se encuentren debidamente integrados los autos del expediente en que se actúa, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en turno, para que acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal de su adscripción. Siendo responsabilidad del secretario y dl oficial de trámite encargados de este asunto, la remisión oportuna ordenada. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA CON COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado el dos de mayo de dos mil veintitrés, a este Juzgado de Distrito, Albina Sánchez Álvarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se reclama: ( El acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, que me fue notificado mediante oficio 280/2023, de fecha 17 diecisiete de abril del año 2023 dos mil veintitrés, en el que aprobó mi solicitud de pensión por jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado durante 35 treinta y cinco años 7 siete meses, cotizados ante esa institución y haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56 de Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán a la fecha del presente otorgamiento, así como los artículos 77, 81 y 82 del Reglamento Interior para el Otorgamiento de Prestaciones de dicha Dirección. Indicando que a partir del 01 uno de abril del año 2023 dos mil veintitrés, recibiré el pago por concepto de la jubilación concedida por la cantidad de $23,791.99 (Veintitrés mil setecientos noventa y un pesos 99/100 M.N.) mensuales, misma que equivale al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, es decir, las últimas 72 setenta y dos aportaciones recibidas de manera quincenal al fondo de pensiones, hasta la fecha en que causé baja como servidor público cotizante al fondo de pensiones. ( Asimismo, se le reclama a esta misma autoridad ., con motivo de su primer acto de aplicación, la siguiente NORMA GENERAL HETEROAPLICATIVA: aprobación y expedición del artículo 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, dicho "Reglamento" fue aprobado por la H. Junta Directiva de Pensiones, el 22 veintidós de octubre del año 2015 dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 19 diecinueve de abril del año 2016 dos mil dieciséis. Del C. Director de Prestaciones y del C. Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se reclama: El cumplimiento o ejecución del acuerdo emitido por la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en acuerdo administrativo interno tomado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 treinta de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, en el que se aprobó mi solicitud de pensión por jubilación. Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclaman, con motivo de su primer acto de aplicación, las siguientes NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS: Artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, por haber sido publicado de manera distinta a la en que fue aprobado en la sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince (.) A esta autoridad denominada Congreso del Estado de Michoacán, también se le reclaman por su inconstitucionalidad y con motivo de su primer acto de aplicación, el artículo 54 segundo párrafo de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán vigente, así como el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 638, este decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. SEGUNDO. Al respecto, la parte quejosa precisó como derechos violados los contenidos en el artículo 1, párrafos 1, 2, 3 y 5; 14, segundo párrafo, 16 párrafo primero, 123, apartado B), fracción XI, inciso a) y, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado desechó parcialmente la demanda por lo que ve a las autoridades responsables "Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y al Director del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán", todos con sede en Morelia, Michoacán y actos atribuidos a las mismas; y admitió a trámite la demanda de amparo, por el resto de las autoridades y actos señalados, la cual se registró con el número 267/2023, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin que se advierta la existencia de algún tercero interesado, y seguido el juicio por sus trámites legales, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados se llevará a cabo dentro de la jurisdicción en la que este juzgado ejerce competencia, ya que la pensión de la quejosa se le autorizó respecto del último cargo que tuvo en el Poder Judicial del Estado como Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica del juicio de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, como son: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan de los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, se tiene que Albina Sánchez Álvarez, en su demanda de amparo, específicamente en el capítulo de autoridades responsables y actos reclamados, señala de manera destacada como tales: "De la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se reclama: ( El acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, que me fue notificado mediante oficio 280/2023, de fecha 17 diecisiete de abril del año 2023 dos mil veintitrés, en el que aprobó mi solicitud de pensión por jubilación por los servicios prestados al Gobierno del Estado durante 35 treinta y cinco años 7 siete meses y 15 quince días, cotizados ante esa institución y haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56 de Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán a la fecha del presente otorgamiento, así como los artículos 77, 81 y 82 del Reglamento Interior para el Otorgamiento de Prestaciones de dicha Dirección. Indicando que a partir del 01 uno de abril del año 2023 dos mil veintitrés, recibiré el pago por concepto de la jubilación concedida por la cantidad de $23,791.99 (Veintitrés mil setecientos noventa y un pesos 99/100 M.N.) mensuales, misma que equivale al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, es decir, las últimas 72 setenta y dos aportaciones recibidas de manera quincenal al fondo de pensiones, hasta la fecha en que causé baja como servidor público cotizante al fondo de pensiones. ( Asimismo, se le reclama a esta misma autoridad ., con motivo de su primer acto de aplicación, la siguiente NORMA GENERAL HETEROAPLICATIVA: aprobación y expedición del artículo 77, primer párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, dicho "Reglamento" fue aprobado por la H. Junta Directiva de Pensiones, el 22 veintidós de octubre del año 2015 dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 19 diecinueve de abril del año 2016 dos mil dieciséis. Del C. Director de Prestaciones y del C. Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se reclama: El cumplimiento o ejecución del acuerdo emitido por la H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en acuerdo administrativo interno tomado en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 treinta de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, en el que se aprobó mi solicitud de pensión por jubilación. Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclaman, con motivo de su primer acto de aplicación, las siguientes NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS: Artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, por haber sido publicado de manera distinta a la en que fue aprobado en la sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince (.) A esta autoridad denominada Congreso del Estado de Michoacán, también se le reclaman por su inconstitucionalidad y con motivo de su primer acto de aplicación, el artículo 54 segundo párrafo de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán vigente, así como el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 638, este decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, se reclama, con motivo de su primer acto de aplicación: La sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto Legislativo número 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, aprobado en sesión extraordinaria número 162, de fecha 11 once de agosto del año 2015 dos mil quince. La sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto Legislativo número 638, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y del Decreto 542 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. .". Sin embargo, los citados actos reclamados por la quejosa de manera destacada, se encuentran íntimamente vinculados, toda vez que inicialmente se atribuye al Congreso del Estado de Michoacán, el haber elaborado el decreto 638, con infracción a la garantía de irretroactividad de la ley, y a su vez, el decreto 542 haberlo elaborado para su publicación, de manera diferente al que fue aprobado. Es decir, la inconstitucionalidad material del decreto 638, se reclama por vicios propios del artículo 54 y el diverso quinto transitorio, por lo que atendiendo a los argumentos expresados, su procedencia conduciría a la declaración de inconstitucionalidad de dichos preceptos por vicios propios así como de su acto de aplicación. En tanto que, de ser cierto el argumento de inconstitucionalidad formal que se atribuye al decreto 542, es decir, que el Congreso del Estado elaboró dicho decreto de manera distinta al aprobado, ello implicaría que dicho proceso legislativo de la modificación de la ley impugnada, resultaría ilegal en todas sus demás etapas subsecuentes, dado que tanto la sanción, como la promulgación, refrendo, orden de publicación y publicación, se realizarían obviamente de la manera ordenada en dicho decreto, por la autoridad emitente. De lo anterior se sigue que, las diversas etapas del proceso legislativo de modificación de la Ley impugnada, que se reclaman , a la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado (acuerdo de autorización de pensión por jubilación), Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados, ambos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán (cumplimiento o ejecución del acuerdo en el que se aprobó la pensión por jubilación), en realidad no se reclaman por vicios propios, sino que, lo que se les atribuye es su participación en el ámbito de sus respectivas competencias, en la creación de los decretos reclamados. De donde se sigue, que el único acto destacado y autónomo por el que resiente perjuicio la quejosa, es la ilegalidad de la reforma al artículo 54, así como el quinto transitorio del decreto 638, por lo que no se hará pronunciamiento de los actos reclamados de manera autónoma a las diversas autoridades que participaron en la reforma de dichos preceptos, sino que la declaratoria respectiva, solo se extiende en vía de consecuencia. Mientras que respecto del decreto 542, únicamente se reclama la participación del Congreso del Estado de Michoacán en su elaboración, por lo que todas las demás etapas subsecuentes del proceso de modificación de la norma, así como la aplicación de la misma al caso concreto, son actos secundarios, en la medida en que serían consecuencia de aquél que resultara inconstitucional y no por vicios propios. Es decir, los actos secundarios se hacen derivar precisamente de la inconstitucionalidad de la elaboración y orden de publicación del decreto 542 de manera distinta al que fue aprobado en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince, en tal virtud, no pueden separarse de éste, dada la continencia de la causa, habida cuenta que su constitucionalidad depende de la calificación que se haga de aquél, por ende, respecto de estos, no habrá pronunciamiento específico, sino que la declaratoria respectiva, solo se extiende en vía de consecuencia. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Son ciertos los actos que se reclaman, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Congreso del Estado de Michoacán, respecto de: La creación del decreto legislativo número 542 publicado en el periódico oficial del Estado, el veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán. La creación del decreto 638 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el cinco de octubre de dos mil dieciocho, que reforma el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y reforma los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto 542, que había modificado la citada ley. Asimismo, SON CIERTOS los actos reclamados a la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, Director General de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, todos con residencia en Morelia, Michoacán, ya que así lo reconocieron al rendir su informe justificado de manera conjunta. En efecto, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en su informe justificado reconoció que en acuerdo administrativo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, resolvió la solicitud de pensión por jubilación presentada por la quejosa, por los servicios prestados al Gobierno del Estado y haber cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán vigente a la fecha del otorgamiento de la pensión, así como los artículos 77, 81 y 82 de su Reglamento, vigente a la fecha del otorgamiento de la pensión, por lo cual, mediante oficio 280/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se informó a la quejosa Albina Sánchez Álvarez que recibiría el pago de su pensión por jubilación con efectos a partir de la fecha señalada, por la suma de $23,791.99 (Veintitrés mil setecientos noventa y un pesos 99/100 M.N.) mensuales mensuales, misma que equivale al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años que percibió, hasta la fecha en que causó baja como servidor público cotizante al fondo de pensiones, lo anterior, con fundamento en la ley y reglamento vigentes a la fecha del otorgamiento de la pensión. Asimismo, reconoció que ES CIERTO que el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, fue aprobado por la Junta Directiva de dicha institución, en sesión extraordinaria del veintidós de octubre de dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Por su parte, el Director General de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, reconocieron que dieron cumplimiento al citado acuerdo emitido por la Junta Directiva. CUARTO. Procedencia. Corresponde analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, en relación con el 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, cuyos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En principio, la autoridad responsable aduce que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa y por tanto, debe decretarse el sobreseimiento del presente juicio, para lo cual invoca las tesis del rubro: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", así como la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO". Argumenta que el decreto legislativo 542 ya fue reformado; pero además, señala, que la quejosa solamente vierte argumentos en relación únicamente a controvertir y en forma no clara la relación de los antecedentes-proceso legislativos, así como de los hechos sobre la aplicación de dicha ley a su pensión, pero dichos argumentos no satisfacen los requisitos medulares para controvertir una norma constitucional en cuanto al marco de su contenido y alcance. Agrega que resulta evidente para un accionante el que exprese con precisión la lesión o agravio que estime le causan las leyes impugnadas y que a su vez perjudiquen a su esfera jurídica al igual que los motivos que originaron ese agravio, cuestiones que en este asunto particular no fueron motivadas, por lo que sus señalamientos jurídicos no pueden considerarse como verdaderos conceptos de violación, porque con ello la interesada no impugna eficientemente la constitucionalidad de leyes secundarias. Lo anterior, es infundado. En efecto, respecto de la ausencia de conceptos de violación que invoca la autoridad responsable, cabe precisar que de la simple lectura de la demanda de amparo se constata, que en el capítulo denominado "conceptos de violación", la parte quejosa expuso, en síntesis, que las autoridades responsables violan su derecho humano a la seguridad social, ya que en su pensión por jubilación le otorgaron una cantidad inferior a la que le corresponde, fundando su proceder entre otros, en el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, esto le provocó que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado calculara su pensión conforme a dicho precepto (que establece para el cálculo de la pensión el salario promedio de los últimos tres años), lo cual es violatorio de sus derechos humanos de legalidad, certeza jurídica, ya que atendiendo al sentido de la reforma a dicha ley, aprobada en sesión extraordinaria 162 el once de agosto de dos mil quince, a ella se le debe aplicar la ley anterior (que establece que su pensión se debe calcular con el 100% del último sueldo base). Por tanto, si la quejosa expuso conceptos de violación contra los actos reclamados, la causa de improcedencia que se estudia deviene infundada. Por otro lado, respecto de la causa de improcedencia relativa a que el decreto legislativo 542, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, porque ya fue reformado, que la pensión a la quejosa no se otorgó conforme al artículo quinto transitorio de dicho decreto, sino de los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, por eso resulta evidente la ausencia de agravio que afecte o perjudique a la parte quejosa. No asiste la razón a la autoridad responsable, en virtud de que si bien es verdad que el artículo quinto transitorio de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, aprobados en el decreto legislativo 542 ya fue reformado mediante el diverso decreto 638, publicado en el Periódico Oficial del Estado del cinco de octubre de dos mil dieciocho. Sin embargo, en el particular, se reclaman ambos decretos legislativos, porque se consideran violatorios de la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 Constitucional, por lo que, a fin de resolver respecto de esa situación se tendrán que estudiar las hipótesis normativas al caso concreto, lo que implica el estudio del fondo del asunto; de ahí que no pueda considerarse como lo aduce la responsable, que no afecte la norma jurídica a la quejosa por el hecho de que la misma ya fue reformada. Además, debe tomarse en consideración que el artículo quinto transitorio de las reformas aprobadas en sesión de once de agosto de dos mil quince, precisa el ámbito temporal de la aplicación de los artículos preceptos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. En esa medida, la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, al haber expedido la autorización de pensión por jubilación el treinta de marzo de dos mil veintitrés, con base en la reformada Ley de Pensiones Civiles del Estado, implícitamente desconoció a la quejosa la posibilidad de obtener el pago de su pensión bajo la disposición contenida en el referido quinto transitorio. De ahí lo infundado de la improcedencia invocada por la autoridad responsable, pues aun cuando en el oficio de pensión no se invocó el artículo quinto transitorio, lo cierto es que implícitamente se afectó el derecho que establece dicha porción normativa e invoca en esta instancia constitucional. En virtud de las consideraciones asentadas, deviene también infundada la causa de improcedencia hecha valer por las diversas autoridades responsables Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, Director General de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, todos con residencia en Morelia, Michoacán, pues al respecto aducen que este amparo es improcedente porque no se afecta el interés jurídico de la quejosa. Por otro lado, la responsable Congreso del Estado, aduce que es procedente el sobreseimiento del presente juicio, dado que, de conceder el amparo a la quejosa y otorgarle un incremento de la cantidad por jubilación, se afectaría a los trabajadores al servicio del Estado, así como una afectación presupuestal en perjuicio de fondo de la Dirección de Pensiones, dado que el artículo quinto transitorio excluye el otorgamiento de una pensión, como lo solicita la quejosa. Asimismo, la autoridad responsable invoca la causal de improcedencia que hace derivar del hecho de que la parte quejosa no cuenta con un derecho adquirido y que de concederle una pensión, con una cantidad mayor, se afectaría a los trabajadores al servicio del Estado, así como al fondo de la Dirección de Pensiones, ya que el presupuesto de egresos anual, no se destina al gasto público en general sino a la seguridad social como es el fondo de pensiones, por tal virtud resulta improcedente considerar que el legislador incurrió en vicios, de tal manera que si la reforma fue para mejorar el financiamiento de las pensiones, y así, el incremento de la aportación de la seguridad social respeta el principio de proporcionalidad. Las anteriores alegaciones resultan ineficaces, en virtud de que los argumentos que propone se encuentran íntimamente vinculados con cuestiones que atañen el fondo del asunto. Al respecto, cabe precisar que la impugnación de la constitucionalidad de los decretos que aquí se reclaman, se hace descansar principalmente en que se debió cuantificar la pensión de la quejosa conforme al 100% del último sueldo base con el que cotizó al Fondo de Pensiones, como lo señala la reforma aprobada en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince y, que el decreto 542, en específico su artículo quinto transitorio, por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles para el estado, se elaboró de manera distinta al aprobado en dicha sesión, pues se incluyó la leyenda "salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54, de la presente Ley, y el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado", lo que excluye a la quejosa precisamente de que se le otorgue su pensión bajo el amparo de las anteriores condiciones (tal como lo establece dicha porción normativa sin la inclusión del referido agregado); lo que implica que para determinar si efectivamente la quejosa tiene o no, un derecho adquirido acorde con el contenido del artículo quinto transitorio, y en su caso determinar si afecta o no, a los trabajadores al servicio del Estado, sería necesario analizar la constitucionalidad de dicho acto reclamado. De ahí lo infundado de la alegación de la autoridad responsable, pues determinar si la quejosa tiene un derecho adquirido o no, implica el estudio del fondo del asunto. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Por otro lado, las diversas autoridades responsables Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, Director General de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, todos con residencia en Morelia, Michoacán, aducen que este amparo es improcedente, porque al momento del otorgamiento de la pensión por jubilación, no se concedió bajo el fundamento del artículo quinto transitorio de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, por lo que no puede considerarse que con motivo del otorgamiento de dicha pensión hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. Siguen narrando que en el caso, no se configura el acto de aplicación en contra de la quejosa, en relación con el artículo quinto transitorio, puesto que el mismo no fue aplicado al momento de concederle la pensión. Aducen las responsables, que no existe afectación a los derechos humanos de la quejosa porque el derecho de pensión lo adquirió cuando ya se encontraba en vigor el decreto que reformó dicha ley, por lo que su derecho lo adquirió después del veinticinco de agosto de dos mil quince. No asiste la razón a las autoridades responsables de Pensiones Civiles, en atención a lo siguiente. La quejosa anexó a su escrito de demanda copia cotejada del oficio 280/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se le comunica la aprobación de su pensión por jubilación, al cual se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, ya que se trata de un documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones que no fue objetado por las partes. Ahora bien, del oficio de pensión por jubilación, se advierte que dicha pensión se aprobó por el equivalente al saldo promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, de conformidad con los artículos 53, 54 y 56 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, lo que implica que, tácitamente se desconoció a la quejosa el derecho que aduce le asiste conforme al artículo quinto transitorio del decreto 542 aprobado en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. De ahí lo infundado de las causas de improcedencia que se hacen derivar en que no se aplicó a la quejosa el artículo quinto transitorio reclamado. En virtud de que no existe diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes y este juzgador no advierte la actualización de alguna diversa de oficio, se procede al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa expresó los conceptos de violación insertos en la demanda, cuya transcripción se hace innecesaria, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." ESTUDIO DEL DECRETO 638, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACAN Cabe recordar que la quejosa acude al juicio de amparo indirecto contra el decreto legislativo 638 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, específicamente su artículo 54, segundo párrafo y el transitorio quinto, ello con motivo de su primer acto de aplicación que hace consistir en el oficio 280/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, en el que se autoriza su pensión por jubilación, y su ejecución por parte del Director de Prestaciones y de la Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles. Al respecto, la quejosa manifestó en vía de concepto de violación: Que el acto reclamado resulta violatorio entre otros, de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque una norma general aprobada por el Congreso del Estado, sufrió una alteración al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, además de que tampoco coincide con el ejemplar que está publicado en la página del Congreso del Estado, de donde derivan los vicios formales de la norma, esto porque nadie puede ser privado de sus derechos, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, es decir, de manera fundada para evitar la aplicación de leyes contrarias a la Carta Magna, y en el caso la publicidad de la ley se utilizó para alterarla, por lo que no puede producir consecuencias jurídicas válidas en su detrimento. Que aunque en el decreto legislativo número 638, se reformó sólo el artículo 54, primer párrafo, de la Ley de Pensiones Civiles del Estado y los artículos cuarto y quinto transitorios del Decreto Legislativo 542, el texto del artículo 5° transitorio del referido Decreto 638, sigue sin ser acorde al que fue aprobado en la sesión extraordinaria número 162 celebrada el once de agosto del dos mil quince, por el Congreso del Estado de Michoacán, porque los trabajadores que ya cotizaban para el fondo de pensiones civiles del Estado de Michoacán antes de las reformas publicadas en veinticinco de agosto de dos mil quince, a través del decreto 542, afirma la peticionaria del amparo tienen el derecho de jubilarse conforme a las condiciones que establecía la anterior Ley pensionaria, publicada mediante decreto 177, sección segunda, del Periódico Oficial del Estado el ocho de mayo de mil novecientos ochenta. Lo anterior es fundado supliendo la deficiencia de la queja, en favor de la quejosa pensionada en jubilación, conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DEL TRABAJADOR PENSIONADO". En efecto, el decreto legislativo 638 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, específicamente su artículo 54, primer párrafo, y los transitorios cuarto y quinto, resulta violatorio del derecho humano a la no retroactividad de la ley, contemplado en el artículo 14 de la Constitución General de la República. En relación a la irretroactividad de las leyes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por reiteración 87/97, consideró que el problema de la retroactividad se presenta, generalmente, como un conflicto de leyes emitidas sucesivamente y que tienden a regular un mismo hecho, un mismo acto o una misma situación. Para determinar si una ley es o no retroactiva, tomó como parámetros por una parte, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y, por otra, los componentes de toda norma jurídica, como son el supuesto y su consecuencia. Conforme a la primera teoría, es decir, la de los derechos adquiridos y de las expectativas, para determinar si el precepto impugnado es o no violatorio de la garantía mencionada, es necesario precisar, en primer lugar, si la quejosa tenía ya dentro de su haber jurídico el derecho al que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho. El derecho adquirido es aquél por virtud del cual se introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Es decir, mientras que el derecho adquirido constituye un presente, a la expectativa de derecho corresponde un futuro, el cual todavía no se concretiza. En ese orden de ideas, se hace necesario transcribir los textos de la Ley en la porción normativa de interés, en sus diversas reformas: TEXTO DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan 30 años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo básico y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones se preferirá a los servidores públicos de más antigüedad, y en caso de igualdad en el servicio, al de mayor edad". TEXTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 162, DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta los veinte salarios mínimos generales vigentes para el área geográfica donde se encuentra ubicada la Ciudad de Morelia y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". Y en su artículo quinto TRANSITORIO establece: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido". TEXTO DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". TEXTO DEL DECRETO 638 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. "ARTICULO 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de la presente Ley, contando con 60 años de edad o más y dejen de trabajar. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al salario regulador del servidor público por promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, con un máximo de hasta veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público hubiese disfrutado del mismo, por haber causado baja. En el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, se atenderá lo dispuesto en el reglamento que para tal efecto expida la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones, para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones se considerará el salario con el cual se cotiza a la Dirección de Pensiones". Y en su artículo TRANSITORIO establece: [N. DE E. TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 638 POR EL QUE "SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 542, APROBADO POR LA LXXII LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN".] ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Por lo cual, dichos artículos TRANSITORIOS del decreto 542, quedaron como sigue: "CUARTO. Tiene (sic) derecho a la jubilación los servidores públicos que desde la entrada en vigor del presente Decreto hubieran cumplido en términos de la Ley los supuestos para el disfrute de cualquiera de las pensiones bajo el amparo de las anteriores condiciones, es decir, que tienen derechos adquiridos, recibirán la jubilación o pensión correspondiente bajo tales condiciones. "QUINTO. Para el caso de servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente Decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, tendrán derecho a la jubilación cuando tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo, cualquiera que sea su edad y dejen de laborar, el pago de la misma se dará conforme en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley, y el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, expedido por la H. Junta Directiva de Pensiones". Ahora bien, del oficio 280/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se advierte que se otorgó pensión por jubilación a la quejosa, por sus servicios prestados al Gobierno del Estado y por contribuir al Fondo de Pensiones durante treinta y cinco años siete meses y quince días, con lo que se consideró, que a la fecha de dicho otorgamiento, cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 53, 54 y 56 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, por lo que se asentó, recibirá la cantidad equivalente al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años, actualizándose así, lo dispuesto por el citado numeral 54, segundo párrafo en vigor a partir del cinco de octubre de dos mil dieciocho. Es decir, en la fecha en que se otorgó a la quejosa el oficio de autorización de pensión por jubilación (diecisiete de abril de dos mil veintitrés), se aplicó la Ley de Pensiones vigente, en específico el artículo 54, que establece que los servidores públicos que tengan treinta años de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo de Pensiones, tienen derecho a una jubilación y su pago será de una cantidad equivalente al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años. Sin embargo, desde antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley que se aplicó a la quejosa, ésta había cotizado a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, pero le faltaban algunos años de servicio para alcanzar su pensión, por lo que "en tal supuesto", le resultaba aplicable el artículo 54 de dicha ley, reformada en sesión extraordinaria 162, del once de agosto de dos mil quince, en relación con el artículo quinto transitorio del decreto respectivo, que establece que en ese caso, ya tenía derecho a alcanzar una pensión conforme a las anteriores disposiciones, y su pago se daría también bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tiene un derecho adquirido. Como se ve, en el artículo quinto transitorio del decreto relativo a la sesión extraordinaria 162 de once de agosto de dos mil quince, el legislador expresamente determinó que sería un derecho adquirido para los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor de ese decreto cotizaron a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, pero les faltaban algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, que alcanzarían una jubilación al amparo de las anteriores disposiciones y, que el pago de la misma, se daría también bajo el amparo de las anteriores condiciones. Ahora bien, de acuerdo al oficio 280/2023, de otorgamiento de pensión por jubilación, la quejosa, al diecisiete de abril de dos mil veintitrés, había cotizado al Fondo de Pensiones por treinta y cinco años, siete meses y quince días; por tanto, resulta evidente que desde antes de esa fecha, había realizado cotizaciones a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, solo que le faltan algunos años de servicio para alcanzar "la jubilación". De donde se sigue que, conforme al citado artículo quinto transitorio, la quejosa ya contaba con un derecho adquirido para alcanzar una pensión o jubilación y obtener el pago correspondiente bajo el amparo de las anteriores condiciones. Consecuentemente, el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, en su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, que se aplicó a la quejosa en su oficio de autorización de pensión por jubilación, infringe la garantía de irretroactividad de la ley, toda vez que, afecta los derechos adquiridos de la inconforme para poder pensionarse bajo el amparo de las anteriores condiciones, en concreto, en su caso, las establecidas en el artículo quinto transitorio en comento, al ahora suprimir ese derecho. Por otra parte, en relación a la teoría de los componentes de la norma, el Pleno determinó, que dado que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si el supuesto se realiza debe generarse la consecuencia jurídica; consecuentemente, para determinar cuándo una norma jurídica cumple con la garantía de no retroactividad, se debe atender al momento de realización de sus componentes. Y en este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró: "Ahora bien, atendiendo al momento en que se realiza el supuesto y consecuencia jurídicos, cabe señalar que generalmente, y en principio, pueden presentarse las hipótesis siguientes: "1. Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia jurídicos establecidos por ella; si con posterioridad a ello entra en vigor una nueva disposición legal, ésta no podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto y consecuencia, pues de lo contrario violaría la garantía individual de mérito, atento a que antes de la vigencia de la nueva norma ya se habían realizado los componentes de la ley sustituida. "2. El caso en el que la norma legal establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas; si dentro de la vigencia de esa norma se actualiza el supuesto y no todas las consecuencias, sino sólo alguna de ellas, una nueva ley no podrá variar las ya ejecutadas, pues de lo contrario violaría la garantía de irretroactividad de la ley, como acontece en la hipótesis expuesta en primer término. "3. Puede acontecer que la norma legal contemple un supuesto integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia; en este evento, si bajo el tiempo de vigencia de la citada norma se actualiza alguno de esos actos parciales o supuestos, la nueva legislación que se expida no podrá variar los ya producidos, so pena de transgredir la garantía de irretroactividad legal. De aquí se deriva, entonces, que si alguno o algunos de los actos parciales o supuestos previstos por la disposición anterior, que no se ejecutaron durante su vigencia, son modificados por la nueva disposición, esto tampoco va a entrañar violación a la garantía constitucional mencionada, ya que tal acto o supuesto va a generarse bajo el imperio de la nueva ley y, consecuentemente, son a las determinaciones de ésta a las que habrá de supeditarse su realización, así como la consecuencia jurídica que deba producirse." De conformidad con la teoría que antecede, se debe analizar la verificación del supuesto y de la consecuencia, previstos en la norma jurídica correspondiente, para así poder determinar qué ley les debe regir y, en su caso, establecer el carácter retroactivo o no de la ley cuestionada. En el particular, de ser el caso, conforme a lo establecido por la responsable en el oficio 280/2023, se considera que se actualiza la segunda de las hipótesis de la realización de los componentes de la norma antes transcrita. En efecto, el decreto aprobado en sesión 162, de once de agosto de dos mil quince, relativo a la reforma de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, en específico su artículo 54, en correlación con el quinto transitorio, establece que los servidores que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo cualquiera que sea su edad y dejen de laborar, tienen derecho a la jubilación y, para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor de dicho decreto, cotizaran a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, así como aquellos que les faltaran algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el derecho a la jubilación y el pago a la misma se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que ambos tienen un derecho adquirido, lo cual entró en vigor el veintiséis de agosto de dos mil quince. Mientras que el referido artículo 54 vigente, aplicado a la quejosa en su oficio de pensión por vejez, establece que tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo contando con sesenta años de edad o más y dejen de trabajar, su pago será por la cantidad equivalente al promedio del salario base de cotización de los últimos tres años y, en su artículo transitorio reformó los diversos transitorios cuarto y quinto de la reforma aprobada en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince, reiterando dicha disposición jubilatoria. En el caso concreto, la quejosa cotizó al fondo de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, desde antes de la entrada en vigor de la reforma aprobada en sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince, esto es, veintisiete años aproximadamente, por lo que le faltaban aproximadamente tres años, para alcanzar la jubilación a que alude dicho supuesto; actualizándose así tanto el supuesto como una de las consecuencias de la norma jurídica previstos en el artículo quinto transitorio que se viene citando. Es decir, la vigencia del artículo quinto transitorio afectó tanto el supuesto como una de las consecuencias jurídicas contenidos en dicha disposición normativa, puesto que en cuanto al supuesto, al momento de su vigencia la quejosa ya se encontraba cotizando durante veintisiete años aproximadamente, para el Fondo de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán y, por lo que se refiere a la primera de sus consecuencias, obtuvo el derecho a obtener una jubilación bajo el amparo de las anteriores condiciones, habida cuenta que el legislador en la propia norma jurídica determinó que tal situación era un derecho adquirido, por lo que, una vez que la quejosa alcanzara los años requeridos para obtener el pago por su jubilación, la segunda consecuencia jurídica sería que el pago de dicha pensión se daría bajo el amparo de las anteriores condiciones. Ahora bien, el decreto 638 por el que se reforma el artículo 54 y los diversos cuarto y quinto transitorios, de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, suprime la posibilidad de que el servidor público que se encontrara cotizando para el fondo de pensiones con anterioridad a la reforma de la Ley en comento, así como aquellos que les faltaran algunos años para alcanzar la jubilación, puedan alcanzar su jubilación así como el pago correspondiente, al amparo de las anteriores disposiciones. En esas condiciones, se actualiza la segunda de las hipótesis de la teoría de los componentes de la norma, antes transcrita, ya que el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, suprimió el supuesto y una de las consecuencias jurídicas realizadas durante la vigencia de la anterior Ley de Pensiones Civiles del Estado, en su artículo quinto transitorio, y por lo tanto, resulta violatorio del artículo 14 Constitucional, porque regula una situación acontecida bajo la vigencia de la anterior ley. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 87/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.". ESTUDIO DEL DECRETO 542, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE PENSIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACAN Continuando con el análisis de los conceptos de violación, ahora respecto de la inconstitucionalidad del decreto 542, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, cabe precisar que en el capítulo de hechos, la quejosa sostiene que dicho decreto adolece de vicios formales suscitados en el proceso legislativo, precisamente porque se alteró el artículo quinto transitorio. Asimismo, en su primer concepto de violación sostiene: 1.- Que el acto reclamado viola entre otros, el artículo 123 apartado B), fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, porque afectaron su derecho humano a la seguridad social, ya que al momento de aprobar su retiro le otorgaron una cantidad inferior a la que le correspondía, fundando su proceder en el artículo quinto transitorio reclamado el cual fue alterado al momento de publicarse el decreto respectivo. 2.- Que el acto reclamado resulta violatorio entre otros, de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque una norma general aprobada por el Congreso del Estado, sufrió una alteración al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado. Todo lo cual aduce, es ilegal e inconstitucional y viola sus derechos humanos de legalidad, certeza jurídica y de seguridad social, por lo que pide se le aplique la ley aprobada y no la publicada, ya que esta última es la que se alteró. El citado primer concepto de violación es esencialmente fundado. Apoya lo anterior, las jurisprudencias 109 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y XVII.5o. J/2 del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito de rubros siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". y "CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86)". En primer término, debe establecerse que tratándose del amparo contra leyes, la impugnación puede realizarse desde dos ámbitos, el formal y el material; en el primer aspecto, se parte de un examen sólo del proceso legislativo y atiende a los actos reclamados que de manera autónoma, impugnen las etapas de creación de una norma general que eventualmente se cuestionen por vicios propios, como serían: la expedición, el refrendo, la promulgación y la publicación de la ley. El examen de los vicios formales debe realizarse en primer término, en tanto su actualización determina mayores efectos a la declaración de inconstitucionalidad y vuelve ocioso el análisis de los vicios materiales, ya que los primeros pueden determinar la inaplicación de todo el ordenamiento reclamado, debido a que por un vicio en el procedimiento de creación de ésta, todo el acto creativo general se vicia. Por lo que se refiere a las violaciones materiales, se tiene que las mismas se relacionan directamente en cuanto al sentido, alcance y significado que dichas normas pudieran agraviar a la quejosa y su análisis se cifra en la confrontación de las hipótesis legales con las normas consagradas en la constitución. La declaración de irregularidad constitucional material sólo implica la no aplicación de los preceptos reclamados y de aquellos que por sistema pudieran encontrarse relacionados, es decir, sólo tendrán como efecto conceder el amparo para que no se aplique el artículo o disposición inconstitucional concreta. Sobre tales premisas, sólo en el supuesto de que las violaciones formales resulten infundadas habrá necesidad de examinar las violaciones materiales y en el supuesto de que éstas resulten fundadas en relación con ciertos artículos del ordenamiento general, la declaración de inconstitucionalidad debe limitarse a las hipótesis normativas concretas, sin que deba hacerse extensiva al proceso legislativo o a alguna de sus etapas que no fueron cuestionadas o, que habiéndolo sido, no se haya demostrado la violación de derechos. Establecida la clasificación general de las violaciones que se pueden reclamar en el amparo contra leyes (formales y materiales), se tiene además, que dentro de las violaciones formales se clasifican a su vez en violaciones de carácter formal que trasciendan de manera fundamental a la norma que provocan su invalidez o inconstitucionalidad y en las que no afectan su validez, siempre que se haya cumplido con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. Así entre las violaciones de carácter formal que trascienden a su validez, se encuentran cuando se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos, en cuyo caso, la violación formal trascenderá de modo fundamental a la validez de la norma; lo que no ocurre cuando las comisiones sigan un trámite distinto al previsto en la ley para el estudio de la iniciativa, por ejemplo que ésta fuera dictaminada por una comisión a la que no correspondía realizar tal función o se omitiera remitir los debates que la hubieran provocado, las cuales se consideran violaciones de carácter formal que carecen de relevancia jurídica en virtud de que se contraen al cumplimiento de requisitos secundarios que si bien se encuentran previstos en la ley orgánica o en el reglamento parlamentario respectivo, su finalidad es facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley, y quedan subsanadas cuando el Pleno del órgano legislativo las aprobó, observando las formalidades verdaderamente trascendentes. Así quedó establecido en la jurisprudencia P./J. 94/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, materia constitucional, página 438, Novena Época, rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA." En el particular, la quejosa sostiene que el Decreto legislativo 542, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, adolece de vicios formales suscitados en el proceso legislativo, ya que el poder reformador al elaborar dicho decreto, alteró el texto de la reforma aprobada, precisamente, en su artículo quinto transitorio. Ahora bien, la quejosa anexó a su escrito de demanda, las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, del Decreto 542, de veinticinco de agosto de dos mil quince, así como del Decreto 638, del cinco de octubre de dos mil dieciocho, y el Diario de Debates de la sesión extraordinaria 162, en la que, entre otras cosas, se discutió el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, elaborado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social, a las cuales se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y que no fue objetada por las partes. Del Diario de Debates del Congreso del Estado, de la sesión 162, de once de agosto de dos mil quince, se advierte que, en el orden del día, en su punto VI, se dio lectura al proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, el cual se insertó, y del mismo se advierte que en su artículo quinto transitorio se propuso: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido." Asimismo, en dicha sesión 162, se escuchó la intervención del diputado Uriel López Paredes, respecto de la precisión de los años a que se refiere el artículo quinto transitorio, a lo que el diputado José Guadalupe Ramírez Gaytán dijo que la ley no era retroactiva, que los trabajadores tienen derecho a jubilarse con el sistema anterior o con el nuevo, hay una tabla en la cual se jubilarán y pensionarán de acuerdo a la misma, luego, el primero de los citados diputados propone que debería anexarse la tabla al artículo y pregunta a los demás compañeros el por qué está redactado de esa manera el artículo, sin que nadie contestara, en uso de la voz el diputado Leonardo Guzmán Mares, aclaró que los compañeros de los sindicatos quieren que a partir de que se aplique la ley, se puedan hacer válidos los años anteriores y que ellos decidan, ya por cesantía de edad, que es lo más obvio que así será, ellos puedan verse beneficiados con esa tabla, sin embargo, como no se presentó proyecto de modificación, se pasó a votación y se aprobó en lo particular el citado artículo quinto transitorio. Por otra parte, de la publicación del veinticinco de agosto de dos mil quince, del decreto 542, se advierte que su artículo quinto transitorio establece: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y, el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y, el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado". Del contenido de las anteriores documentales se conoce que, el Congreso del Estado de Michoacán, en sesión extraordinaria 162, de once de agosto de dos mil quince, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, elaborado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, además se ordenó elaborar el decreto correspondiente y proceder en sus términos. Dicho dictamen fue insertado en el cuerpo del debate de la sesión y el cual en su artículo quinto transitorio establece: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido." Sin embargo, el decreto de ley, que se combate en esta instancia constitucional, establece: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y, el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y, el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado". Ahora bien, los artículos 36, 37, 40 y 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, vigente en la época en que se discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto 542 el once de agosto de dos mil quince, establece: "Artículo 36.- El derecho de iniciar leyes corresponde: . II.- A los Diputados; "Artículo 37.- Las iniciativas de ley o decreto se sujetarán a los siguientes trámites: I.- El dictamen de comisión será leído una o dos veces en los términos que prevenga el reglamento de debates; II.- La discusión del dictamen se hará el día que señale el Presidente del Congreso, y agotada aquélla, se hará la declaración de que hay lugar a votar; III.- La aprobación deberá hacerse por mayoría absoluta del número de diputados presentes; o por las dos terceras partes cuando así lo exija esta Constitución; IV.- Aprobado un proyecto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente; V.- Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los siguientes diez días hábiles; VI.- El proyecto de ley o decreto, desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones al Congreso y deberá ser discutido nuevamente por éste, pudiendo el Ejecutivo mandar su orador, para lo cual se le dará aviso previo, y VII.- Si el proyecto fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación. Toda iniciativa o proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso no podrá presentarse otra vez en el mismo año legislativo". "Artículo 40.- La derogación de las leyes se hará con los mismos requisitos y formalidades que se prescriben para su formación". "Artículo 42.- Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y los secretarios, y los acuerdos sólo por éstos. Las leyes o decretos se promulgarán en esta forma: "El Congreso de Michoacán de Ocampo decreta": (Texto de la Ley o decreto). El Congreso expedirá la Ley Orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán. Estas leyes no podrán ser vetadas, ni necesitarán de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia. Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia". De los preceptos legales transcritos se advierte que para la aprobación de toda ley o decreto en el Estado de Michoacán, se necesita, previa su discusión, el voto de la mayoría de los diputados o por las dos terceras partes cuando así lo exija la constitución, una vez aprobada la ley o decreto, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente, se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los siguientes diez días hábiles, las leyes o decretos se comunicarán al ejecutivo firmados por el Presidente y los Secretarios. Se establece también que la derogación de las leyes se hará con los mismos requisitos y formalidades que se prescriben para su formación. De lo que se sigue que, las formalidades del proceso legislativo establecidos en la Constitución del Estado de Michoacán, para la reforma de una ley, consisten, esencialmente: a) La iniciativa que podrá presentar el Congreso; b) La discusión; c) La aprobación con el voto de la mayoría de los diputados, salvo casos específicos previstos en la Constitución; d) La aprobación del ejecutivo del estado; e) La publicación. En el particular, del proceso legislativo de la modificación a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, aprobada en sesión 162, de once de agosto de dos mil quince, se advierte que una vez que fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto, se ordenó su elaboración y que se procediera en sus términos. En cumplimiento a la sesión 162, el Congreso del Estado elaboró el decreto 542, y lo remitió al Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y debida publicación, sin embargo, al momento de elaborar dicho decreto, en su artículo quinto transitorio se incluyó una leyenda que no forma parte del texto aprobado, la cual exceptúa del concepto "derecho adquirido" a "salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 54 de la presente Ley y, el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado". Dicho artículo transitorio con el texto alterado fue recibido por el Gobernador Constitucional, para los efectos de su publicación, lo que se corrobora, con la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del veinticinco de agosto de dos mil quince, del decreto 542. Ahora bien, del contenido del artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, no se advierte que el Congreso del Estado, tenga facultades para modificar los dictámenes con proyecto de decreto, una vez que estos han sido aprobados en los términos acordados por la mayoría de los diputados en sesión, pues al efecto establece: "Artículo 44.- Son facultades del Congreso: I.- Legislar sobre todos los ramos de la administración que sean de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que se expidieren, así como participar en las reformas de esta Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos; II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos, y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas por las Legislaturas de otros Estados; III.- Legislar sobre el fraccionamiento y expropiación de tierras, conforme a las bases que fija el artículo 27 de la Constitución General de la República; sobre educación, ejercicio de profesiones, salubridad y asistencia pública; protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. IV.- Crear municipios dentro de los límites territoriales de los existentes, lo que deberá hacerse conforme a estas bases: a) La solicitud de erección deberá presentarse por escrito ante el Congreso del Estado por un grupo de ciudadanos en número no menor al cincuenta por ciento, más uno de los vecinos inscritos en el padrón electoral del territorio demandante que pretenda establecerse en nuevo Municipio; y con residencia en la localidad de tres años, cuando menos; b) La solicitud deberá contener un expediente técnico con el diagnóstico económico, social, político; los proyectos de plan de desarrollo municipal, desarrollo urbano, desarrollo sustentable y presupuesto de ingresos y egresos que garantice su existencia económica y administrativa, así como que el municipio de que se escinda, pueda seguir subsistiendo sin grave menoscabo de su hacienda municipal, además de la estructura organizacional propuesta; c) La fracción territorial que haya de constituirse en nuevo municipio, debe contar con una población no menor de cuarenta mil habitantes; d) Que el poblado que se elija como cabecera municipal tenga una población no inferior a veinte mil habitantes y cuente con la infraestructura que garantice la prestación de los servicios públicos; y, e) El Congreso debe solicitar la opinión del ayuntamiento de cuyo territorio pretenda formarse la nueva circunscripción municipal, así como la del Gobernador, quienes deberán emitirla dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que les fuere requerida; V.- Agrupar dos o más Municipios en uno solo, cuando a su juicio no reunan las condiciones expresadas en la fracción anterior. El acuerdo debe ser aprobado por las dos terceras partes de los Diputados presentes; VI.- Facultar al Ejecutivo, con las limitaciones que estime necesarias, para que por sí o por apoderado especial, represente al Estado en actos o contratos para los que no esté facultado expresamente por esta Constitución; VII.- Fijar la jurisdicción política, administrativa y judicial del Estado; VIII.- Dictar normas para la administración, conservación y enajenación de los bienes del Estado. IX.- Expedir leyes en materia de Hacienda, tanto en lo relativo al Estado como al Municipio. Estas leyes en ningún caso podrán ordenar que el Estado disponga de los fondos municipales; X.- Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales; X-A.- Expedir las leyes en materia municipal que tengan por objeto establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones II y V del artículo 123, como el último párrafo del artículo 130 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y, e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes; X-B.- Emitir las normas que establezcan los procedimientos para resolver los conflictos que se presenten entre los municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción anterior; XI.- Legislar en materia de ingresos del Estado, y analizar y discutir anualmente el Presupuesto de Egresos, así como revisar, fiscalizar y dictaminar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. De igual manera, revisar, fiscalizar y dictaminar sobre la aplicación de los recursos otorgados a las entidades paraestatales y otros que dispongan de autonomía. El Congreso deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y aquéllas que se deriven de contratos de proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables. Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso se apoyará en la entidad de fiscalización superior, que se denominará Auditoría Superior de Michoacán. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y partidas respectivas o no existiere exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley; Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos, egresos, patrimonio y deuda, para los poderes del Estado y sus Municipios, así como los organismos que por disposición de ley se consideren autónomos y cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia a fin de garantizar su armonización. XII.- Dar las bases para que el Ejecutivo y los Ayuntamientos contraten deuda pública y afecten como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes y con las limitaciones que establece la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XIII.- Pedir cuentas al Ejecutivo de la recaudación e inversión de los caudales públicos cuando lo estime conveniente. Esta revisión tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; XIV.- Legislar sobre toda clase de aranceles; XV.- Vigilar, por conducto de la Comisión correspondiente, el correcto funcionamiento y rendimiento de la Auditoría Superior de Michoacán; XVI.- Crear y suprimir los empleos públicos, según lo exijan las necesidades de la administración así como aumentar o disminuir los emolumentos de que éstos gozan, teniendo en cuenta las condiciones de la hacienda pública, y nombrar y remover libremente a los empleados del Poder Legislativo; XVI bis.- Legislar en materia de políticas de sueldos, salarios y prestaciones, bajo los principios de racionalidad, austeridad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, que eviten excesos y discrecionalidad de las autoridades, garantizando la participación de órganos colegiados en la definición de criterios, políticas y lineamientos en la materia. A lo que se sujetarán los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos y entidades de la Administración Pública Paraestatal; XVII.- Conceder honores, premios y recompensas a las personas que presten servicios eminentes a la República o al Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes; XVII bis.- Conceder pensiones, en casos de excepción, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes; XVIII. Citar a los titulares y directores de las dependencias de la Administración pública Estatal centralizada, de las coordinaciones auxiliares del Titular del Ejecutivo, de las entidades paraestatales, de los organismos autónomos; y, al Procurador General de Justicia, quienes deberán comparecer y rendir informes; XIX.- Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayuntamientos o consejos municipales en su caso, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros de conformidad con la Ley. Los miembros de los ayuntamientos y, en su caso, de los concejos municipales, tendrán siempre oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso designará de entre los vecinos, a los miembros de los concejos municipales que concluirán los períodos respectivos; estos concejos, estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; XX.- Designar a las personas que han de integrar los ayuntamientos o los concejos municipales, en su caso, cuando falte definitivamente alguna de ellas, por cualquier causa, y no sea posible que los suplentes electos entren en funciones. Los ciudadanos designados deberán cumplir los requisitos de elegibilidad que para el cargo respectivo establezca esta Constitución y las leyes de la materia; XXI.- Elegir, reelegir y privar de su encargo, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos; XXI A.- Elegir al integrante del Consejo del Poder Judicial que le compete; XXI B.- Privar del cargo a los integrantes del Consejo del Poder Judicial, por las causas establecidas en el artículo 77 de esta Constitución; XXII.- Privar de su puesto a los magistrados reelectos del Supremo Tribunal de Justicia, de plano y sin substanciación de procedimiento, a la conclusión de los períodos constitucionales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros; XXIII.- Nombrar a las personas que cubran las vacantes temporales de alguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado; . XXIII A.- Elegir, reelegir y privar del encargo, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobar o negar las solicitudes de licencia y renuncia de los mismos; XXIV.- Conceder las licencias que soliciten para separarse temporalmente de sus cargos, y admitir o rechazar las renuncias que hagan de sus respectivos puestos los diputados y los funcionarios y empleados que fueren de su nombramiento. Igualmente, aceptar o rechazar la renuncia que presente el Gobernador del Estado, o las licencias que éste solicite para separarse de sus funciones por más de treinta días; XXV.- Designar Gobernador interino del Estado cuando la separación del titular sea mayor de treinta días; XXVI.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 105 de esta Constitución. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos y erigirse en Jurado de Sentencia, para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 108 de esta Constitución. Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables; XXVII.- Expedir la Ley Orgánica del Congreso y dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interno; XXVIII.- Comunicarse con el Ejecutivo o Judicial por medio de comisiones de su seno; XXIX.- Expedir convocatoria a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes de diputados; XXX.- Conceder, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, amnistías o indultos por delitos que deben conocer o hayan conocido los tribunales del Estado; XXXI.- Establecer el juicio de jurados para los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público y cuando lo creyere conveniente, respecto a los demás delitos; XXXII.- Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas y los contratos de interés general celebrados por el Ejecutivo del Estado; XXXIII.- Rehabilitar, con arreglo a la ley, a las personas a quienes se haya impuesto como pena, la pérdida o suspensión de los derechos de ciudadanía, civiles o de familia; XXXIV.- Expedir todas las leyes que sean necesarias a fin de hacer efectivas las facultades anteriormente expresadas, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes del Estado; XXXV.- Someter a referéndum las leyes y decretos que considere sean trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la ley de la materia. No podrán ser objeto de referéndum las reformas a esta Constitución, normas de carácter tributario o fiscal, de Egresos y las relativas a la regulación interna de los órganos del Estado; y, XXXVI.- Ratificar el nombramiento del Procurador General de Justicia que haga el Gobernador del Estado; XXXVII.- Solicitar al Gobernador del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, la remoción del Procurador General de Justicia; y, XXXVIII.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución". De donde se sigue que, si bien es verdad que el Congreso del Estado de Michoacán, tiene facultades para reformar, abrogar y derogar leyes y decretos, sin embargo, dicha facultad debe realizarse observando los requisitos establecidos para el caso, los cuales ya fueron descritos en párrafos que anteceden, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones, mismos que establecen que, una vez aprobado el dictamen por mayoría de los diputados, se remitirá el Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Por tanto, el hecho de que el decreto 542, elaborado por el Congreso del Estado, en el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, no guarda identidad con el dictamen con proyecto de decreto aprobado en la sesión 162 de once de agosto de dos mil quince, y el mismo fue remitido al Ejecutivo para su conocimiento y debida publicación, sin que el ejecutivo hubiere hecho observaciones, constituye una infracción a las reglas formales del proceso legislativo, que contraría el principio de legalidad, lo que vicia de inconstitucionalidad a la ley que se reforma, es decir, una violación formal que trasciende de manera fundamental a la norma que provoca su invalidez o inconstitucionalidad. En esas condiciones, es de concluir que el Decreto 542, de referencia en la porción alterada carece de validez, al no guardar identidad con el dictamen con proyecto de decreto que fue aprobado por la mayoría de los diputados en la sesión 162 de once de agosto de dos mil quince. Con base en lo expuesto, debe considerarse que las disposiciones cuyas reformas y contenido derivan precisamente de la porción del Decreto en cuestión que se estima viciado, son también contrarias al propio principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el vicio de ilegalidad referido se transfiere a las normas que se entienden modificadas o establecidas con incumplimiento de las disposiciones legales que regulaban la validez del proceso legislativo correspondiente, en lo particular, en relación con el agregado que se incluyó al artículo quinto transitorio al texto original del mismo contenido en el dictamen con proyecto de decreto aprobado por mayoría en sesión; lo cual implica que solo permanece con contenido válido, el texto aprobado por el Congreso, sin el agregado inconstitucional, para quedar como sigue: "QUINTO. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, el derecho a la jubilación se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido. Para el caso de los servidores públicos que desde antes de la entrada en vigor del presente decreto cotizan a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado pero les faltan algunos años de servicio para alcanzar la jubilación, el pago de la misma se dará bajo el amparo de las anteriores condiciones, entendiéndose que tienen un derecho adquirido". Apoya lo anterior, las tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubros siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. TÉCNICA PARA EL EXAMEN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES FORMALES Y MATERIALES" y "EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. LOS VICIOS FORMALES TIENEN MAYOR ALCANCE QUE LOS VICIOS MATERIALES" Y la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de 2000, Tomo I, página 269 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA". SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Al resultar inconstitucionales los decretos 638 y 542, reclamados en este juicio, con el objeto de restituir a la peticionaria del amparo en el goce del derecho vulnerado; con fundamento en el artículo 77 de la ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO, para el efecto de que: 1.- Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio, del decreto legislativo 638, así como el quinto transitorio del decreto 542 que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, que han sido estimadas inconstitucionales. 2.- Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3.- En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se apliquen a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando, de encontrarse en el supuesto, su texto válido precisado en esta sentencia, o en su caso, el que corresponda en el particular y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que tiene un derecho adquirido total. 4.- Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 280/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. Concesión que se hace extensiva a los actos que se reclaman a las diversas autoridades señaladas como responsables, incluida la inconstitucionalidad hecha valer contra el artículo 77 del Reglamento para el otorgamiento de prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, mismo que al igual que el artículo 54 de la Ley de Pensiones, alude al "salario base de cotización de los últimos tres años"; de ahí que es evidente que se trata de actos secundarios que se hicieron derivar precisamente de la inconstitucionalidad de los decretos 638 y 542, habida cuenta que su constitucionalidad depende de la calificación que se hizo de ellos. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 92 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ALBINA SÁNCHEZ ÁLVAREZ, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Michoacán, Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, Director de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; todas con residencia en Morelia, Michoacán, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente correspondan el oficio registrado con el consecutivo 10834, signado por Sergio Eraide Chávez Portillo quien actúa en representación de las autoridades responsables (I) La H. Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, (II) el C. Director de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y (III) el C. Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado de las autoridades responsables antes descritas, así como cumpliendo con lo solicitado en fecha cuatro de julio de dos mil veintitrés. Con el informe de referencia y sus anexos, dese vista a las partes, por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Diferimiento anticipado de audiencia A fin de dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
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