Alejandra Caballero Ríos
Expediente 420/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Caballero Ríos
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del oficio 7075/2021 y anexos, derivado del proveído de dieciséis de abril pasado, por el cual causó estado el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, que desecho la demanda de amparo promovida por Alejandra Caballero Ríos. Por otra parte, la autoridad oficiante solicita copia certificada de los proveídos de ocho de octubre de dos mil veinte y catorce de enero de dos mil veintiuno, en consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, remítasele copia certificada las constancias que refiere, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por Alejandra Caballero Ríos, mediante el cual, se solicita se devuelvan las constancias que en su momento fueron remitidas por la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado. En atención a lo anterior, y como lo solicita, devuélvase al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el Juicio Oral Familiar 281/2018 que sobre declaración de muerte promovió la quejosa Alejandra Caballero Ríos; medio óptico; cuaderno de amparo así como el respectivo toca de apelación, toda vez que, resulta innecesaria la retención de dichas constancias, en razón a que, el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, por el cual, se desechó la demanda que dio origen al presente expediente, causó estado y se ordenó su archivo en proveído de catorce de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del citado artículo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que??????? antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el artículo 9, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio 2392-2020 proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Pleno de ese Órgano pluripersonal, dentro del juicio de amparo directo civil 357-2020 de su índice, promovido por Alejandra Caballero Ríos; al que adjunta las siguientes constancias: Original, así como copias de demanda. Oficio 653 por el cual, el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pretende rendir su informe justificado. Juicio Oral Familiar 281/2018 que sobre declaración de muerte promovió la quejosa Alejandra Caballero Ríos; medio óptico; cuaderno de amparo así como el respectivo toca de apelación. Constancia de emplazamiento al tercero interesado Emmanuel Caballero Morelos. Constancia de imposibilidad de notificación a la tercera interesada Citlalli Esmeralda Caballero Blanco. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se ordena formar tomos de prueba, con los citados cuadernos para facilitar el manejo de este asunto. Ahora bien, del referido acuerdo [dieciocho de septiembre pasado] se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, determinó que es un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, el competente para conocer de la controversia planteada por la parte quejosa; por tanto, se procede a proveer en relación a la incompetencia que se recibe. En tales condiciones, y en virtud de que el juicio de amparo de que se habla, fue turnado a este órgano jurisdiccional, regístrese el mismo con el número 420/2020-I, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, por acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de que se trata. Por lo que, estimó que es al Juez de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, a quien le resulta competencia para conocer de la litis constitucional planteada por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo este órgano de control constitucional recibe la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, al no encontrarse en supuesto previsto en numeral 49 de la ley de la materia. Acúsese recibo. Análisis de la demanda de amparo. En ese sentido, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: ... Ahora, por lo que ve al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a lo previsto en el artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último en aplicación contraria, por las razones de derecho que se expresarán. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo señala que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente, cuando ésta improcedencia- surja de la Ley de Amparo. De tal manera, por un lado, resulta que, la procedencia del juicio de amparo indirecto, es contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La razón fundamental de la exigencia relativa a que el acto que se reclame sea de imposible reparación, es que de no ser así, si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, en cuyo caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Los razonamientos expuestos, tienen sustento en la jurisprudencia... Lo que es acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, al establecer que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la actual Ley, ello es así, en razón a que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa al juicio de amparo en revisión 804/2014 -en la que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 107, fracción V, de la Ley de amparo, indicó que, el contenido de la referida porción normativa recoge el supuesto de procedencia (de amparo indirecto) que contemplaba el artículo 114, fracción IV, de la abrogada Ley de Amparo, respecto de los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación; sin embargo, a diferencia de lo previsto en éste, en la especie se define lo que se debe entender por dicho enunciado, al establecer que son: los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para tal efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió al proceso de análisis de las iniciativas de ley correspondientes de la que no se advirtió discusión respecto al contenido y alcance de la referida porción normativa, sin embargo, atendiendo a la similitud entre el texto del artículo aprobado (artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo) y el contenido del proyecto de la Ley de Amparo, siéndole posible entender que el propósito de la norma consiste básicamente en hacer del amparo un instrumento más eficiente, en el que sea posible controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación sea de tal magnitud que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, dejando para la vía directa cualquier tipo de acto que implique alguna violación procesal. Lo cual justificó la necesidad de establecer precisamente un concepto de "actos de imposible reparación", que contribuya a hacer más eficiente el sistema. Asimismo, enfatizó los siguientes puntos: Que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no existía alguna disposición que definiera la descripción normativa de lo que debía entenderse por "actos de imposible reparación"; lo cual, en consecuencia, generaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera la que determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Que una de las razones que dio origen a la última reforma al artículo 107 constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011), fue la necesidad de implementar una estructura más ágil del juicio de amparo y concentrar a través de la vía directa el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles. Que una de las bases constitucionales que debía reglamentarse en la legislación secundaria, lo era precisamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación; aspecto que finalmente fue abordado por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la libertad de configuración legislativa, con la única condicionante de no hacer nugatoria la regla general prevista en la fracción III, del artículo 107 constitucional, en la que existe la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento. Que con la definición del concepto de actos de "imposible reparación", bajo el nuevo régimen de procedencia del juicio de amparo, el legislador proporciona mayor seguridad jurídica al gobernado al establecer finalmente las condiciones necesarias para la promoción del juicio; y Que en la actualidad la afectación material a derechos sustantivos debe ser inminente, a diferencia de los de naturaleza formal o adjetiva, en la que (la afectación) no es actual, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Así, a juicio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto se excluyen las violaciones procesales e incluso, aquéllas que afectan en grado predominante o superior. Ello es así, al tomar el Máximo tribunal en consideración -por principio-, que la porción normativa, fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en ningún momento eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en dicha normativa no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, pues ni siquiera existía disposición que definiera tal concepto para los efectos de la procedencia de amparo indirecto, antes bien constituía un concepto "indeterminado". Y si bien, en la actual legislación de amparo, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos -en el que se procuró un ámbito de protección más amplio a través del juicio de amparo y se establecieron diversos mecanismos para agilizar su tramitación en aras de garantizar una impartición de justicia pronta y expedita-, el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente (de modo tal que se impida su ejercicio), dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de la promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. También precisó que era importante mencionar que no pasaba inadvertido que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, era posible controvertir a través de la vía biinstancial, las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior; no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, puesto que como se dijo, en aquella época no existía disposición que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Ello es así, ya que si bien es cierto, la redacción de la referida porción normativa no sufrió ninguna modificación, lo cierto es que a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once y sobre todo, con motivo de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, el contenido de dicha porción se clarifica en la medida que adquiere un significado coherente con el sistema normativo (actual) para hacer eficiente la tutela de los actos que importan una afectación directa a derechos sustantivos, que es el propósito de tal disposición constitucional. [Hasta aquí consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto]. Consideraciones que desembocaron en la tesis aislada 2a. XLIX/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de dos mil quince, tomo I, página 1078, con registro electrónico 2009484, bajo el rubro y texto: . Lo anterior es así, esto que, que no se afectan la vida, propiedad, papeles o posesiones en razón de que los resolutivos del fallo reclamado indican: ...Luego, los efectos precisados en el considerando tercero del fallo reclamado indica:... Por tanto, el acto reclamado, no constituye en la esfera jurídica de la quejosa, efectos que sean de imposible reparación, porque no afecten, materialmente, derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues aún de subsistir el acto recamado, pudiere ser que, la aquí quejosa obtenga un fallo favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso que de no resultarles favorable, pueden estar en condiciones de controvertir dicha resolución con el medio de impugnación correspondiente, y si éste le es adverso, podrán en su caso, oponer esa transgresión de que ahora se duelen en el amparo directo, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de amparo, que establece, que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste último en aplicación a contrario sentido, al no haberse reclamado un acto de la característica prevista en esa norma; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Ahora, toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar este proveído, así como los subsecuentes, por medio de lista que se publique en este Órgano Jurisdiccional, hasta en tanto señale uno para tal efecto. Asimismo, téngasele autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Luz María Garnica Salazar, Noé Díaz Pedraza, Omar Escamilla Valdovinos y a Roberto Pedraza Espinoza, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. De igual forma, se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, en la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados del Tribunal Colegiado al que por razón de turno le tocara conocer de la misma, ahora, dado que la competencia se declinó a este juzgado de Distrito, y a efecto de lograr la debida notificación del presente auto a la citada quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al señor Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien ordenar que el presente auto se notifique en los estrados del Tribunal que preside, con independencia de que en los estrados de este juzgado, se realice la correspondiente notificación a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS.
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