Alberto Rodriguez Calderon
Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Titular del Centro Federal de Readaptación Social 17 "Cps Michoacán", En Buenasvista, Tomatlan
- Alberto Rodriguez Calderon
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 24/2023, en el que la Superioridad en lo conducente resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre los jueces Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia y Octavo de Distrirto en el Estado, con residencia en Uruapan; derivado del juicio de amparo 652/2023, del indice del primero de los mencionados, promovido por Alberto Rodríguez Calderón. SEGUNDO. Es legalmente competente el (sic) Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Alberto Rodriguez Calderón, por las razones contenidas en el último conciderando de este fallo, por lo que se ordena remitirles los autos respectivos." Se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Gírese el acuse de recibo de estilo correspondiente. Por otro lado, como de lo actuado en el presente sumario se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, del que se advierte que el Tribunal se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre este órgano y el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; asimismo, se advierte que quedó registrado con el número 24/2023 y fue turnado para formular el proyecto de resolución, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Súmese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien remite acuse al oficio de este Órgano Jurisdiccional y transcribe el acuerdo de quince de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo III-652/2023-Dss, de la estadística de ese Juzgado, a través del cual señala que no comparte las consideraciones por las que se no se aceptó la competencia e insiste en declinar la misma, con motivo de ello, formula conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, para que resuelva lo procedente. Quedo enterada de su contenido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 652/2023-DSS, de la estadística de ese Juzgado, en el que consideró que diverso órgano jurisdiccional es competente para tramitar la demanda de amparo promovida por Alberto Rodríguez Calderón, por conducto de Hugo Daniel Aguilar ortega, quien dice ser su defensor particular, contra actos del Titular del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, asimismo, adjunta el original del juicio de amparo antes señalado. En virtud se procede a proveer lo relativo a la competencia planteada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. RAZONES POR LAS QUE SE DECLINÓ LA COMPETENCIA. La autoridad declinante, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata, argumentando esencialmente lo siguiente: "Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La omisión de remitir al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, el informe actualizado del quejoso, en su calidad de sentenciado y persona privada de su libertad en el Centro Federal de Reptación Social Diecisiete "CPS-Michoacán" en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, dentro del proceso de ejecución penal radicado con el SIPE 67/2021 y SD 207/2022, requerido mediante proveído de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós con número de oficio JE/34865 y el diverso de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés." En atención a lo anterior, se estima que los actos reclamados en relación con sus efectos y consecuencias tienen ejecución material en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, lugar en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Aunado a lo anterior, se advierte que se trata de actos omisivos con efectos positivos consistentes en el envió de las constancias requeridas. Por tanto, no puede considerarse como un acto de omisión liso y llano, sino uno que tiene efectos ejecutables y ello condiciona que la competencia recaiga en el Juzgado de Distrito de Uruapan, donde tienen efectos esas consecuencias positivas. Apoya a lo anterior, lo sustentando en el conflicto competencial administrativo 3/2023 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el dieciséis de febrero del año en curso, en el que determinó lo siguiente: Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina establecer que la palabra "ejecutar" significa literalmente: "poner por obra algo"; en tanto que la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente la parte quejosa. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto. ". Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado, estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán." DECISIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA. Ahora, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para conocer del asunto planteado, en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y por tanto, preferentes. Atento a lo anterior, cabe precisar que del contenido de la demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La omisión de remitir al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, el informe actualizado del quejoso, en su calidad de sentenciado y persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Diecisiete "CPS-Michoacán", en Buenavista Tomatlán, Michoacán, dentro del proceso de ejecución penal radicado con el SIPE 67/2021 y SD 207/2022, requerido mediante proveído de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós con numero de oficio JE/34865/2022, y el diverso de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés." Acto que reclamó directamente al Titular del Centro Federal de Readaptación Social "CPS-Michoacán", en Buenavista Tomatlán, Michoacán. El marco jurídico que estatuye la competencia de los Jueces de Distrito, se encuentra contenido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Del referido artículo se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. La competencia de un Juez de Distrito se determina debido a que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Sólo cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas competenciales es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, pero el primero de los supuestos sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto comenzó a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro. La tercera regla, prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito del lugar donde se presente la demanda de amparo. Es el caso que el acto reclamado por la parte quejosa es de naturaleza negativa que consiste en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Debe precisarse, que los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad, no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta negligente de aquélla; mientras que, los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido; finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendente a impedir una conducta del particular afectado. Es importante poner de relieve, que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho, o bien, cuando en virtud de esa negativa, la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Bajo ese contexto, si la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de remitir el informe actualizado del quejoso que le fue solicitado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, dentro del proceso de ejecución penal radicado con el SIPE 657/2021 Y SD/2022, entonces es indiscutible, que se trata de actos omisivos que traen como consecuencia una ejecución material dentro del referido procedimiento de ejecución, y por ende, resultaría aplicable la regla de competencia del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica, que el acto reclamado constituye un acto omisivo que produce efectos positivos, el cual, tiene ejecución material en el lugar donde se encuentra radicado el procedimiento de ejecución penal SIPE 657/2021 y SD 207/2022, esto es, ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, púes, precisamente ante la omisión del Titular del Centro Federal de Readaptación Social "CPS-Michoacán", en Buenavista Tomatlán, Michoacán, de remitir las constancias requeridas por el citado juez de ejecución, conlleva la paralización y por ende la materialización de la ejecución de la conducta omisiva por la autoridad responsable en el procedimiento que se está tramitando ante dicho juez. Por tanto, el acto reclamado se ubica en la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, al tener ejecución material el acto reclamado en el lugar donde se está tramitando el procedimiento de ejecución del quejoso, y por tanto, resulta ser competente para seguir conociendo y en su momento resolver en definitiva de la demanda de amparo que presentó el quejoso Alberto Rodríguez Calderón, por conducto de Hugo Daniel Aguilar ortega, quien dice ser su defensor particular, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso se encuentre privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS-17 Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, dado que las condiciones de vigilancia con motivo de la ejecución de sanciones corresponden al Juez de Ejecución Penal de la causa, en el caso el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, quien es que conoce del procedimiento de ejecución penal SIPE 657/2021 y SD 207/2022. Por tanto, es evidente que atento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte a favor del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por ser quien ejerce competencia en el lugar donde se encuentra radicado el expediente de ejecución SIPE 657/2021 y SD 207/2022. Consecuentemente, este juzgado de distrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA y se ordena devolver al citado Juzgado de Distrito el expediente en que se actúa. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que se indican en el escrito de demanda de amparo, quienes gozarán con amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. DATOS PERSONALES. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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