Alberto Vera Lara
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alberto Vera Lara
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el Defensor Público Federal Juventino Rosas Aceves, designado al quejoso; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido en autos, asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Ahora, como lo solicita el defensor público del quejoso, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, se le autoriza, el acceso al expediente electrónico formado con motivo del presente juicio, con el nombre de usuario "juroace", de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14, 16 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE-, realice la captura correspondiente en dicho sistema, para la debida consulta del expediente electrónico en el presente juicio de amparo, y habilitar al usuario en cita para su consulta. Haciendo la aclaración que éste no es un juicio en línea porque el defensor público federal en cita, no solicitó se le realicen las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues para ello es necesaria la solicitud expresa, la cual no otorgó en su ocurso de cuenta; lo anterior, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene al promovente señalado los correos electrónicos juventino.rosas.aceves@correo.cjf.gob.mx, y ndimas@cjf.gob.mx y jrosas@cjf.gob.mxpara los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Respecto a la manifestación que hace, relativa a que autoriza dichos correos electrónicos, para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar, pues no existe normativa legal que permita notificar a las partes por ese medio; toda vez que, como ya se dijo, los correos electrónicos señalados únicamente son para los efectos de la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, ello, a fin de establecer contacto para las videoconferencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, mediante el cual informa que se designa al Licenciado Juventino Rosas Aceves como defensor público del quejoso Alberto Vera Lara; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, -en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto.- Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal designado el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno.
- Principal
En razón de que la parte quejosa Juventino Rosas Aceves defensor público de Alberto Vera Lara, o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el tres de diciembre del año en curso; así como tampoco compareció al Juzgado a notificarse ni se puso de acuerdo con el Actuario para que le notificara, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de diez de noviembre y primero de diciembre del año en curso, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Proveído que dice: RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 16794, que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el proveído de veinte de octubre pasado, dictado en el juicio de amparo indirecto III-934/2021-V, de la estadística de ese Juzgado, en el que consideró declinar la competencia legal para tramitar la demanda de amparo promovida por Alberto Vera Lara, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" y otra autoridad, asimismo, remite el mencionado expediente. Acúsese recibo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, del contenido del auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez declinante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alberto Vera Lara, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tiene una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avoca al conocimiento del mencionado escrito inicial de demanda; lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia se surte a favor del Juez que reside en la jurisdicción donde se materializan los efectos del acto que se reclama, es decir, donde tiene ejecución. DESECHAMIENTO. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Alberto Vera Lara, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" y otra autoridad, se advierte que el ocursante hace consistir los actos reclamados en: La omisión de para entregar el medicamento controlado que ha solicitado. Falta de atención médica especializada en psiquiatría y dermatología. Es decir, el quejoso reclama las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD... Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: ... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: ... Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: .... Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. ... En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: ... Principio de definitividad que el promovente debió observar frente a los actos reclamados consistentes en las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido -la omisión de para entregar el medicamento controlado que ha solicitado y la falta de atención médica especializada en psiquiatría y dermatología-, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: .... De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido en el lugar donde se encuentra recluido, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debe acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: ... No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. SE SOLICITA DEFENSOR Toda vez que el quejoso solicita se le designe Defensor Público Federal a fin de perfeccionar sus peticiones, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, solicítese mediante atento oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien designar un defensor público que represente y asesore al quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de rubro: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-Michoacán, ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán y notifique personalmente al quejoso Alberto Vera Lara el presente proveído, haciendo entrega de copia del mismo. Ahora bien, por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto del quejoso como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al quejoso, absteniéndose de recabar firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Uruapan, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, mediante el cual informa que se designa al Licenciado Juventino Rosas Aceves como defensor público del quejoso Alberto Vera Lara; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, -en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto.- Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal designado el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno.
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