Alejandra Pineda Paz y Otros.
Expediente 494/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Pineda Paz y Otros.
- Alejandra Pineda Paz
- L. E. A. P.
- N.N. A. P.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en los términos señalados en la misma, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar, que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Pineda Paz, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales N.N.A.P., L.E.A.P. e I.J.A.P, contra los actos reclamados de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Secretario de Seguridad Pública del Estado, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. (.)" Lo anterior para efecto que: (.)SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo, es a efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, realice lo siguiente: Emita de inmediato las providencias cautelares necesarias, a efecto de garantizar el efectivo cumplimiento de los alimentos de los menores de edad de iniciales N.N.A.P., L.E.A.P. e I.J.A.P y la quejosa Alejandra Pineda Paz. Recabe la información necesaria, realice gestiones adecuadas, eficaces y haga efectivo los apercibimientos correspondientes a efecto de ejecutar la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, actuando, incluso de oficio para tal efecto. Obtenga la información que solicitó a la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio 2871/2022, de tres de agosto de dos mil veintidós, que estimó necesaria para determinar si la fuente laboral es corresponsable al pago del cincuenta por ciento del total de la liquidación que haya pagado al demandado y que correspondían a los menores, y se pronuncie al respecto con libertad de jurisdicción." Ahora bien, visto el estado de autos, se desprende que en proveído de dieciséis de noviembre pasado, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en los que refiere dar cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, hasta en tanto causara ejecutoria la misma, lo que en especie ya aconteció como se advierte de párrafos que anteceden, por lo que se provee: Visto el oficio 3561 signado por Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, adjunta copia certificada de las constancias derivadas del expediente 174/2020 y su acumulado 161/2021 del juicio especial oral familiar sobre pago de alimentos y otras prestaciones, de las que se desprende las gestiones llevadas a cabo a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo; con lo anterior, téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, agréguese a sus autos el oficio 3640/2023 signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual mediante remite copia certificada de las constancias derivadas del expediente 174/2020 y su acumulado 161/2021 del juicio especial oral familiar sobre pago de alimentos y otras prestaciones, de las que se desprende las gestiones llevadas a cabo a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días contado a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, acrediten el cabal cumplimiento de la ejecutoria, en el ámbito de su competencia, remitiendo a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que así lo acrediten, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable (.)" Apercibida las responsables que en caso de no cumplir con el requerimiento aquí formulado en el lapso concedido, se procederá en términos del artículo citado con anterioridad. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ********************por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales********************e********************, en atención a su petición, consistente en que se le otorguen copias certificadas de las constancias que describe en su escrito; dígasele al ocursante que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se autorizó la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el presente juicio de amparo, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otra parte, glósese a sus autos el oficio que remite la autoridad responsable Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto el pasado treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; atento a su contenido, resérvese acordar lo que conforme a derecho corresponda, hasta en tanto cause ejecutoria la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto ********************/2022, promovido por ********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales******************** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán y otra autoridad******************** RESULTANDO PRIMERO******************** Presentación de demanda******************** Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, turnado al Juzgado Octavo de Distrito, ********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "IV********************- ACTOS RECLAMADOS: 1********************- LA NEGATIVA DE EJECUTAR LA SENTENCIA DEFINITIVA, dictada con fecha 26 de Noviembre de 2021, por el Juez Segundo de Primera Instancia, dentro del expediente ********************/2020, en relación a los alimentos******************** 2********************- La negativa para cobrar los alimentos al deudor por la cantidad que obra en autos******************** 3********************- La negativa al embargo de bienes de su propiedad en contra del deudor******************** 4********************- Negativa para ejecutar las medidas de apremio toda vez que ya feneció el término concedido en contra del deudor******************** 5********************- Negativa para dar vista al agente del ministerio público******************** 6********************- Negativa en hacer corresponsable a la empresa toda vez que a la fecha no ha rendido informes en su totalidad******************** 7********************- La negativa a realizar todas las diligencias necesarias para el pago de los alimentos a los menores********************" Mediante escrito de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, señaló como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, de quien reclamó, lo siguiente: ".no rindió la información en tiempo y forma que solicitó el juzgado segundo de primera instancia, entregándola de forma tardía e incompleta, y que a la fecha tiene pendiente de rendir información respecto a la liquidación que le pagó al deudor alimentista." Los quejosos expusieron que se violan sus derechos reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos reclamados; y, expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes******************** SEGUNDO******************** Trámite del juicio de amparo******************** Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el número ********************/2022, y se previno la misma; por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede******************** CONSIDERANDO PRIMERO******************** Competencia******************** Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************3, fracción I, ********************7, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y ********************7, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la negativa reclamada se atribuye a una autoridad que se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción******************** SEGUNDO******************** Fijación de los actos reclamados******************** De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo******************** Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo siguiente: La omisión de ejecutar la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio especial oral familiar ********************/2020, que sobre pago de alimentos promovió ********************, en su carácter de representante legal de los menores de iniciales******************** frente a ********************, en la que fue condenado éste último al pago de alimentos definitivos a favor de los ahora quejosos******************** Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: La información que de forma incompleta entregó al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, así como la omisión de remitir información completa respecto a la liquidación que haya hecho al deudor alimentista******************** Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia ********************/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO******************** DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD******************** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo"******************** TERCERO******************** Existencia de los actos reclamados******************** Son ciertos los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado******************** De igual manera, son ciertos los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir su informe justificado los haya negado******************** Es así, pues tal negativa se desvirtúa con el contenido del mismo, ya que manifiesta que el oficio por el que, el Juez responsable le solicitó información fue recibido en la institución a su cargo el veinticuatro de enero de dos mil veintidós; que fue turnado al Secretario Técnico de dicha dependencia, mismo que lo remitió a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la referida secretaría, quien a su vez lo envió al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, de lo que se desprende la existencia de los actos que se le atribuyen, pues en su calidad de superior jerárquico, remitió el oficio a la dependencia correspondiente, sin que haya acreditado haber enviado la información completa que le fue solicitada******************** Por tanto, son ciertos los actos que se le atribuyen a dicha autoridad******************** En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 9178********************, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO******************** Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto"******************** Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente de origen, el cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************9, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, atendiendo a su naturaleza de documental pública******************** Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO******************** Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena"******************** CUARTO******************** Cuestiones necesarias para resolver******************** A efecto de dar claridad al asunto, se procede a reseñar sus constancias más relevantes, las cuales se desprenden del expediente de origen******************** Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, ante la oficialía de partes y turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, compareció ******************** en cuanto representante legal de sus menores hijos de iniciales******************** a demandar a ********************el pago de alimentos******************** Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda, misma que se registró bajo el juicio especial oral familiar ********************/2020, y fijó una pensión alimenticia provisional para los menores******************** Por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a ******************** promoviendo juicio ordinario oral familiar frente a ********************, mismo que se registró bajo el número ********************/2021, a través del que, solicitó divorcio sin expresión de causa, la guarda y custodia de los menores de iniciales ********************, así como la pensión alimenticia a su favor y de los referidos menores; en el mismo auto la autoridad responsable ordenó la acumulación de dicho juicio al diverso ********************/2020, por causa conexa******************** Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a ********************, dando contestación a la demanda entablada en su contra, y mediante proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno a la actora desahogando la vista de contestación de demanda******************** En dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar, y se giró el oficio 1937/2021, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a través del que se le comunicó que el descuento al demandado por concepto de alimentos debería hacerse ahora por un porcentaje y no por salario mínimo, como se había ordenado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte******************** El veintiséis de noviembre siguiente, se dictó sentencia definitiva en la que se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: ".Se considera como alimentos definitivos a favor de los menores .**************************************** a cargo de ********************, el ********************% cuarenta por ciento de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley, que obtiene como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en esta ciudad o de cualquier otro empleo que ejerza posteriormente; de los cuales corresponde el 13********************33% trece punto treinta y tres por ciento para cada infante. Por las consideraciones indicadas en el apartado quinto de este fallo, se condena a ********************a pagar a favor de ******************** por concepto de alimentos, el ********************% diez por ciento de sus percepciones, una vez hechas las deducciones de ley, que obtiene éste último de su fuente de empleo; pensión alimenticia que subsistirá por el mismo lapso de duración del matrimonio (******************** años) a partir de la fecha de la presente resolución************************************************************Pensiones alimenticias que tienen el carácter de definitiva y sustituyen la provisional decretada en auto del 18 dieciocho de marzo del 2020.apercibido el deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal, de conformidad a lo establecido en el arábigo 470 del Código Familiar del Estado; en su oportunidad, se ordena comunicar a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que proceda hacer los descuentos en los términos de la fracción II del artículo 464 de la legislación familiar." En la misma fecha, se giró el oficio 3********************6/2021, al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que cancelara el descuento que había ordenado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 864/2020, y realizara la modificación correspondiente en términos de la referida sentencia******************** Por escrito de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el apoderado de la quejosa ********************, informó que el demandado dejó de pagar alimentos desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno******************** El cinco de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la referida sentencia, y se elaboraron los oficios 08/2022 y 09/2022, dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, mediante los cuales se solicitó información respecto a si el quejoso había causado baja de dicha dependencia y ordenó la realización del descuento correspondiente en términos de la sentencia definitiva******************** Por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, al no haber presentado la actora el acuse de recibo del oficio 09/2022, elaboró diverso con el contenido de éste, y por esa razón, precisó que no era viable declarar solidariamente deudor a la patronal del demandado******************** Mediante oficio de diez de marzo de dos mil veintidós, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración Subsecretaría del Ramo, en atención al diverso 09/2022, informó que el demandado causó baja el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y que por ello, se encontraba imposibilitado para cumplir con el mismo******************** Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, determinó que no había lugar a requerir al demandado del pago de alimentos, virtud a la baja que había causado, y que además, no tenía conocimiento del lugar en el que el deudor alimentario trabaja ni el total de sus percepciones salariales, una vez hechos los descuentos de ley, y que por ello no había lugar a condenar a la patronal por omisión ni dar parte al ministerio público******************** En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, ordenó girar oficio al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que informara si en la base de datos del instituto se encontraba dado de alta el demandado; asimismo, requirió a éste a efecto de que manifestara si se encontraba laborando y si había cumplido con el pago de la obligación alimentaria, y en caso contrario, precisara el motivo******************** Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, no autorizó a la actuaria de su adscripción para que llevara a cabo el requerimiento de pago y embargo que solicitó la parte actora, virtud a que, el demandado había causado baja de su fuente de trabajo, y por el momento se desconocía el lugar donde laboraba, el monto que perciba por dicho concepto, a efecto de estar en condiciones de requerir al demandado del pago de cierta cantidad líquida y en su caso ordenar el embargo por el monto correspondiente******************** Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo al demandado manifestando que se encontraba desempleado y que por ello estaba imposibilitado para cumplir con su obligación alimentaria******************** En tres de agoto de dos mil veintidós, emitió el auto siguiente: Visto el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado ********************, con el carácter que tiene reconocido, dígasele que respecto a la petición que realiza en el sentido de que se pida informe detallado a la fuente laboral, de la liquidación del obligado alimentista y porque hizo caso omiso de notificar a este Tribunal esa circunstancia, toda vez que de autos se despende a la fecha no ha sido contestado el oficio número 08/2022, de fecha 5 cinco de enero del año en curso, que fue dirigido por parte de este Tribunal, al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; y mediante el cual le fue solicitada la información que ahora requiere; consecuentemente, se ordena girar atento oficio recordatorio a dicho secretario, a fin de que dentro del término de 3 tres días más 2 dos que se le conceden por razón de la distancia, contados a partir del día siguiente en que reciba dicha comunicativa, comparezca a rendir la información que le fue solicitada en aquél, bajo apercibimiento legal de que en caso de no hacerlo en dicho plazo, le serán aplicados en su contra los medios de apremio establecidos por la ley, medio de comunicación que queda a disposición de la parte actora para que lleve a cabo su presentación******************** Consecuente, de momento no es posible acordar en cuanto al fondo la petición que realiza en el sentido de que se haga corresponsable a la fuente laboral para que pague el ********************% cincuenta por ciento, del total de la liquidación que pagó al reo y que correspondía a los menores, hasta en tanto no haya sido rendida la información que le fue solicitada a la misma******************** GÍRESE OFICIO RECORDATORIO******************** Ahora bien, en relación con las demás solicitudes que realiza, dígasele que no ha lugar a proveerlas de conformidad debiéndose estar a lo acordado mediante previstos dictados con fechas 18 de abril y 24 veinticuatro de mayo, ambos del año en curso******************** Así y con apoyo en los artículos 7********************, 720, 932, 939, 967, ********************06 y ********************07 del Código Familiar del Estado, lo acordó y firma el ciudadano Licenciado .********************, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, que actúa con la secretaria de acuerdos Licenciada .Doy fe******************** Hasta aquí la reseña de los antecedentes de los actos reclamados******************** QUINTO******************** Innecesaria transcripción de los conceptos de violación******************** Al no existir alguna causal de improcedencia que estudiar, procede entrar al estudio de los actos reclamados al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/20********************, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 20********************, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS******************** PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN******************** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis******************** Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer"******************** SEXTO******************** Estudio de fondo******************** En el caso, se suplirá la deficiencia de la queja en favor de los menores de edad involucrados de iniciales****************************************, ya que la materia de los actos reclamados versa sobre el derecho de sus alimentos******************** Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a********************/J******************** 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES******************** PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE******************** La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo******************** Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz******************** Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz********************" Es necesario desvincular los intereses de la quejosa ******************** con los de los menores de edad involucrados, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia de los que les puedan asistir a sus padres o tutores******************** Tiene aplicación, la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR******************** SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS******************** El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social********************" Los quejosos sostienen que se violan en su perjuicio los artículos 930, ********************63, 294 y 472 del Código Familiar del Estado de Michoacán, virtud a que el Juez ha sido omiso en ejecutar la sentencia y no ha realizado los apercibimientos correspondientes para su ejecución******************** Que el proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, viola los artículos 1°, 4, 16, 17, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, virtud a que no se realizó una interpretación correcta de dichos preceptos, dejando por ello, sin alimentos a los menores******************** Que la autoridad responsable también viola el derecho de los menores a una alimentación, toda vez que no autorizó a la actuaria de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del demandado a efecto de que lo requiriera del pago de la cantidad adeudada por concepto de alimentos, dejándolos en estado de indefensión al no recibir cantidad alguna para solventar su necesidades de comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad******************** Los conceptos de violación son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia******************** El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: Una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; Una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, Una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél******************** El derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido******************** Cobra aplicación, la tesis 1a********************CCXXXIX/2018 (********************a********************), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA******************** En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél******************** Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido******************** Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs******************** Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs******************** Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios******************** Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs******************** Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs******************** Ecuador, Furlan y Familiares Vs******************** Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs******************** Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos********************" Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior del menor implica el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño******************** Es aplicable, la jurisprudencia 25/20********************, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR******************** SU CONCEPTO******************** En términos de los artículos 4o********************, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ************************************************************ implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"******************** Al respecto existe un cúmulo de prerrogativas inherentes a los menores, entre ellas, la relativa a los alimentos******************** La obligación alimentaria es una disposición de orden público e interés social, conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato******************** En ese sentido, debe entenderse que la esencia de la obligación alimentaria, por disposición imperativa de la ley, reside en el deber que tienen algunas personas (deudor alimentario) de proporcionar a otras (acreedor alimentista) lo que es necesario para su supervivencia, obligación dentro de la cual quedan comprendidos de manera genérica, comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a su sexo, circunstancias personales, así como lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo, tratándose de personas con discapacidad******************** El Estado se encuentra constreñido a vigilar que entre las personas que se deben entre sí la asistencia familiar se procuren los medios de vida suficientes cuando alguno de ellos carezca de los mismos y se encuentre imposibilitada para obtenerlos******************** Es aplicable, la tesis 1ª********************CCXXXIX/2018 (********************a********************), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALIMENTOS******************** LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público******************** Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos******************** Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia "******************** Ahora, respecto a la ejecución de sentencia en materia de alimentos, los artículos 470, 471, 472 y 475 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 470******************** La sentencia que decrete los alimentos: I******************** Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II******************** Apercibirá al deudor alimentario que, en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal******************** Artículo 471******************** Notificada la sentencia, se comunicará sin demora a la fuente laboral del deudor alimentario, si este es el caso, a fin de que proceda a hacer los descuentos en los términos de la fracción II del artículo 464 de este Código******************** Artículo 472******************** Si el deudor no es asalariado, será requerido para que dentro del término de tres días cumpla con la pensión definitiva fijada, y lo apercibirá que en caso de no hacerlo se le embargarán bienes suficientes de su propiedad, para satisfacerla******************** Artículo 475******************** Una vez fijados los alimentos sea por convenio o sentencia, el plazo para pedir su ejecución durará diez años contados a partir del día siguiente al que venció el término previsto para su cumplimiento voluntario"******************** Del contenido de tales dispositivos, entre otros supuestos, se advierte que, la sentencia que decrete los alimentos, se fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; apercibirá al deudor alimentario que, en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal, y si el deudor no es asalariado, será requerido para que dentro del término de tres días cumpla con la pensión definitiva fijada, y lo apercibirá que en caso de no hacerlo se le embargarán bienes suficientes de su propiedad, para satisfacerla******************** Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 225/20********************, determinó que en los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas y dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos******************** De lo anterior, derivó la jurisprudencia 1a/J******************** 16/2011, de rubro y texto: "ALIMENTOS A FAVOR DE UN MENOR NACIDO DESPUÉS DE PRESENTADA LA DEMANDA, PERO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA******************** PROCEDE SU ANÁLISIS AUN CUANDO NO SE HAYAN SOLICITADO, POR EXISTIR LITIS ABIERTA******************** Los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas y dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos******************** Cuando en el juicio se haya acreditado el embarazo de la madre y exista presunción del nacimiento del menor antes del dictado de la sentencia definitiva, el juez debe tomar las medidas conducentes para verificar el nacimiento del menor vivo y viable antes del dictado de la sentencia y, en caso de comprobarse de ser procedente, condenar al pago de alimentos a favor del menor******************** Lo anterior es así, pues de lo contrario se incumpliría con la obligación impuesta en los artículos 4o********************, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor a partir del 21 de octubre de 1990, así como en las normas sustantivas y procesales que atribuyen carácter público e interés social a los procesos de alimentos que involucren menores********************" En el caso, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno se resolvió en definitiva los alimentos a favor de los menores y de la quejosa ********************, de la forma siguiente: "************************************************************ a cargo de ********************, el ********************% cuarenta por ciento de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley, que obtiene como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en esta ciudad o de cualquier otro empleo que ejerza posteriormente; de los cuales corresponde el 13********************33% trece punto treinta y tres por ciento para cada infante. Por las consideraciones indicadas en el apartado quinto de este fallo, se condena a ********************a pagar a favor de ******************** por concepto de alimentos, el ********************% diez por ciento de sus percepciones, una vez hechas las deducciones de ley, que obtiene éste último de su fuente de empleo; pensión alimenticia que subsistirá por el mismo lapso de duración del matrimonio (******************** años) a partir de la fecha de la presente resolución************************************************************Pensiones alimenticias que tienen el carácter de definitiva y sustituyen la provisional decretada en auto del 18 dieciocho de marzo del 2020.apercibido el deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal, de conformidad a lo establecido en el arábigo 470 del Código Familiar del Estado; en su oportunidad, se ordena comunicar a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que proceda hacer los descuentos en los términos de la fracción II del artículo 464 de la legislación familiar******************** A efecto de que se realizaran los descuentos correspondientes, se giraron los oficios 3********************6/2021 y 09/2022; sin embargo, fue informado por la fuente de trabajo que el demandado había causado baja desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, motivo por el que, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, determinó que no había lugar a requerir al demandado al pago de alimentos, ni condenar a la patronal por omisión ni dar parte al ministerio público******************** Asimismo, en diverso proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, determinó no autorizar a la actuaria a fin de que llevara a cabo el requerimiento de pago y embargo solicitado por la actora, toda vez que no se tenía conocimiento del lugar en el que laboraba el demandado, así como de sus percepciones******************** El tres de agosto de dos mil veintidós, giró oficio a la fuente de trabajo a efecto de que remitiera la información que le había solicitado por oficio 08/22022, para estar en condiciones de determinar si la fuente laboral es corresponsable para que pague el cincuenta por ciento, del total de la liquidación que hubiere pagado al demandado y que correspondía a los menores; y respecto a los solicitudes tendentes a ejecutar la sentencia, le indicó que debería estarse a lo acordado en los referidos proveídos de dieciocho de abril y veinticuatro de mayo de dos mil veintidós******************** Entonces, si desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en que la parte acreedora manifestó que el demandado había dejado de pagar los alimentos, hasta el dictado de la presente sentencia, no existe constancia de que a los quejosos se les haya realizado pago alguno por concepto de alimentos definitivos, es evidente que el Juez responsable no ha implementado los mecanismos correspondientes y eficaces para cumplir con lo resuelto en el juicio de origen, lo que provoca el comportamiento contumaz de la autoridad responsable, atentando con ello, el interés superior de los menores, así como el de la quejosa **************************************** Es así, porque como se desprende de los autos del juicio de origen, pese a los requerimientos que ha realizado a la fuente laboral a efecto de que realizara el descuento de los alimentos definitivos, desde la fecha en que el obligado dejó de pagarlos, esto es, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, así como para que proporcionara la información que solicitó, misma que consideró necesaria para determinar si la patronal es corresponsable al pago del cincuenta por ciento, del total de la liquidación que hubiere dado al demandado, de forma alguna ha logrado su cometido******************** Además, no se aprecia que a la fuente patronal haya hecho efectivo apercibimiento alguno, no obstante que lo decretó en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, con lo que trastoca el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** En ese sentido, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente a efecto de lograr el cumplimiento de la obligación de dar alimentos del deudor no es acorde con las atribuciones legales que le corresponden, pues contrario a sostener una actitud pasiva, debió actuar oficiosamente, para decretar cuanta medida resulte necesaria para proteger a los menores; de manera concreta, debió ser sensible y decretar las medidas inmediatas y eficaces tales como apercibir al deudor alimentario que, en caso de incumplir con el pago, se daría vista al agente del ministerio público, para que procediera en términos de la legislación penal; en su caso, requerirlo para que dentro del término de tres días cumpliera con la pensión fijada, y apercibirlo que de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes de su propiedad, para satisfacerla, y de esa forma hacer cesar la omisión del pago de alimentos******************** Aunado a lo anterior, el Juez responsable solamente en una ocasión requirió al deudor alimentario el pago de alimentos, sin que lo hubiere apercibido de forma alguna, contraviniendo con ello, los citados artículos 470 y 472 del Código Familiar del Estado de Michoacán******************** En virtud de lo anterior, se considera que, en el caso, el Juez responsable debe implementar medidas que sean más efectivas, en atención al interés superior del menor y allegarse de elementos de convicción que le permitieran garantizar la tutela de los derechos fundamentales de los infantes******************** Aunado a que en materia familiar las autoridades jurisdiccionales deben actuar oficiosamente y decretar cuanta providencia o medida sea necesaria para proteger a la familia o a sus integrantes, como son los menores; actuando con sensibilidad, prestos, expeditos e incluso con creatividad, lo que no hizo el juez responsable, a pesar de que el numeral 932 y ********************06 del Código Familiar aplicable al caso, lo obligaba a actuar en ese sentido******************** Es aplicable al caso, la tesis 1a******************** CLVII/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO******************** OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓ ALIMENTARIA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO******************** El artículo citado, en relación con los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los progenitores o, en su caso, las personas encargadas de su cuidado, tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar******************** En ese sentido, utiliza el lenguaje de los derechos para reconocer aquél de todo niño a un nivel de vida adecuado, con las correlativas obligaciones de sus cuidadores******************** Sin embargo, esta formulación no exime ni desplaza al Estado de sus respectivas obligaciones en materia de protección a la niñez, pues lejos de ello, dicho precepto prevé de forma puntual las acciones positivas a cargo de los Estados Parte para brindar apoyo a los responsables primarios a fin de lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, lo que incluye proporcionar asistencia material y desarrollar programas******************** Asimismo, el citado precepto determina que el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera, incluso si éstos viven en el extranjero******************** En este sentido, en un grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el texto constitucional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño dota de significado al derecho de alimentos de los niños elevando a la máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la obligación alimenticia y la posición del Estado como garante******************** Todo ello, además, a la luz del interés superior del niño como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o niña en un caso concreto"******************** Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada******************** Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al no haberse reclamado de ella actos por vicios propios, como lo postula la tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "AUTORIDADES EJECUTORAS******************** ACTOS NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS"******************** Sin que pase desapercibido que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, el Juez responsable autorizó a la actuaria de su adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado ********************, para requerirle del pago de alimentos y de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar lo reclamado, virtud a que dicha medida fue como consecuencia de la suspensión decretada en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio y no por su actuar autónomo, a más de que, a la fecha del dictado de la presente sentencia, no existe constancia de que, efectivamente, se haya logrado ejecutar la resolución reclamada******************** En otro contexto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la quejosa ********************, por sí y en representación de los menores de edad de iniciales********************; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen******************** Es ilustrativa, la jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS******************** NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO******************** Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos********************" SÉPTIMO******************** Efectos de la concesión******************** Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo, es a efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, realice lo siguiente: Emita de inmediato las providencias cautelares necesarias, a efecto de garantizar el efectivo cumplimiento de los alimentos de los menores de edad de iniciales******************** y la quejosa **************************************** Recabe la información necesaria, realice gestiones adecuadas, eficaces y haga efectivo los apercibimientos correspondientes a efecto de ejecutar la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, actuando, incluso de oficio para tal efecto******************** Obtenga la información que solicitó a la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio 2871/2022, de tres de agosto de dos mil veintidós, que estimó necesaria para determinar si la fuente laboral es corresponsable al pago del cincuenta por ciento del total de la liquidación que haya pagado al demandado y que correspondían a los menores, y se pronuncie al respecto con libertad de jurisdicción******************** Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO******************** La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales********************, contra los actos reclamados de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Secretario de Seguridad Pública del Estado, en términos del considerando sexto de la presente sentencia******************** Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables******************** Háganse las capturas correspondientes en el libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)********************
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES A LA PARTE TERCERO INTERESADA: JAVIER ARELLANO SOLÓRZANO, LA SENTENCIA (PUNTOS RESOLUTIVOS) DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 494/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE SE ORDENÓ REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA MENCIONADA PARTE, MISMA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS, para resolver el juicio de amparo indirecto ********************/2022, promovido por ********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales******************** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán y otra autoridad******************** RESULTANDO PRIMERO******************** Presentación de demanda******************** Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, turnado al Juzgado Octavo de Distrito, ********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "IV********************- ACTOS RECLAMADOS: 1********************- LA NEGATIVA DE EJECUTAR LA SENTENCIA DEFINITIVA, dictada con fecha 26 de Noviembre de 2021, por el Juez Segundo de Primera Instancia, dentro del expediente ********************/2020, en relación a los alimentos******************** 2********************- La negativa para cobrar los alimentos al deudor por la cantidad que obra en autos******************** 3********************- La negativa al embargo de bienes de su propiedad en contra del deudor******************** 4********************- Negativa para ejecutar las medidas de apremio toda vez que ya feneció el término concedido en contra del deudor******************** 5********************- Negativa para dar vista al agente del ministerio público******************** 6********************- Negativa en hacer corresponsable a la empresa toda vez que a la fecha no ha rendido informes en su totalidad******************** 7********************- La negativa a realizar todas las diligencias necesarias para el pago de los alimentos a los menores********************" Mediante escrito de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, señaló como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, de quien reclamó, lo siguiente: ".no rindió la información en tiempo y forma que solicitó el juzgado segundo de primera instancia, entregándola de forma tardía e incompleta, y que a la fecha tiene pendiente de rendir información respecto a la liquidación que le pagó al deudor alimentista." Los quejosos expusieron que se violan sus derechos reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de los actos reclamados; y, expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes******************** SEGUNDO******************** Trámite del juicio de amparo******************** Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el número ********************/2022, y se previno la misma; por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede******************** CONSIDERANDO PRIMERO******************** Competencia******************** Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************3, fracción I, ********************7, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y ********************7, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la negativa reclamada se atribuye a una autoridad que se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción******************** SEGUNDO******************** Fijación de los actos reclamados******************** De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo******************** Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo siguiente: La omisión de ejecutar la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, dentro del juicio especial oral familiar ********************/2020, que sobre pago de alimentos promovió ********************, en su carácter de representante legal de los menores de iniciales******************** frente a ********************, en la que fue condenado éste último al pago de alimentos definitivos a favor de los ahora quejosos******************** Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: La información que de forma incompleta entregó al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, así como la omisión de remitir información completa respecto a la liquidación que haya hecho al deudor alimentista******************** Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia ********************/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO******************** DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD******************** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo"******************** TERCERO******************** Existencia de los actos reclamados******************** Son ciertos los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado******************** De igual manera, son ciertos los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir su informe justificado los haya negado******************** Es así, pues tal negativa se desvirtúa con el contenido del mismo, ya que manifiesta que el oficio por el que, el Juez responsable le solicitó información fue recibido en la institución a su cargo el veinticuatro de enero de dos mil veintidós; que fue turnado al Secretario Técnico de dicha dependencia, mismo que lo remitió a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la referida secretaría, quien a su vez lo envió al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, de lo que se desprende la existencia de los actos que se le atribuyen, pues en su calidad de superior jerárquico, remitió el oficio a la dependencia correspondiente, sin que haya acreditado haber enviado la información completa que le fue solicitada******************** Por tanto, son ciertos los actos que se le atribuyen a dicha autoridad******************** En tal virtud, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 9178********************, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO******************** Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto"******************** Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente de origen, el cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos ********************9, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, atendiendo a su naturaleza de documental pública******************** Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO******************** Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena"******************** CUARTO******************** Cuestiones necesarias para resolver******************** A efecto de dar claridad al asunto, se procede a reseñar sus constancias más relevantes, las cuales se desprenden del expediente de origen******************** Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte, ante la oficialía de partes y turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, compareció ******************** en cuanto representante legal de sus menores hijos de iniciales******************** a demandar a ********************el pago de alimentos******************** Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda, misma que se registró bajo el juicio especial oral familiar ********************/2020, y fijó una pensión alimenticia provisional para los menores******************** Por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a ******************** promoviendo juicio ordinario oral familiar frente a ********************, mismo que se registró bajo el número ********************/2021, a través del que, solicitó divorcio sin expresión de causa, la guarda y custodia de los menores de iniciales ********************, así como la pensión alimenticia a su favor y de los referidos menores; en el mismo auto la autoridad responsable ordenó la acumulación de dicho juicio al diverso ********************/2020, por causa conexa******************** Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a ********************, dando contestación a la demanda entablada en su contra, y mediante proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno a la actora desahogando la vista de contestación de demanda******************** En dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar, y se giró el oficio 1937/2021, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a través del que se le comunicó que el descuento al demandado por concepto de alimentos debería hacerse ahora por un porcentaje y no por salario mínimo, como se había ordenado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte******************** El veintiséis de noviembre siguiente, se dictó sentencia definitiva en la que se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: ".Se considera como alimentos definitivos a favor de los menores .**************************************** a cargo de ********************, el ********************% cuarenta por ciento de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley, que obtiene como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en esta ciudad o de cualquier otro empleo que ejerza posteriormente; de los cuales corresponde el 13********************33% trece punto treinta y tres por ciento para cada infante. Por las consideraciones indicadas en el apartado quinto de este fallo, se condena a ********************a pagar a favor de ******************** por concepto de alimentos, el ********************% diez por ciento de sus percepciones, una vez hechas las deducciones de ley, que obtiene éste último de su fuente de empleo; pensión alimenticia que subsistirá por el mismo lapso de duración del matrimonio (******************** años) a partir de la fecha de la presente resolución************************************************************Pensiones alimenticias que tienen el carácter de definitiva y sustituyen la provisional decretada en auto del 18 dieciocho de marzo del 2020.apercibido el deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal, de conformidad a lo establecido en el arábigo 470 del Código Familiar del Estado; en su oportunidad, se ordena comunicar a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que proceda hacer los descuentos en los términos de la fracción II del artículo 464 de la legislación familiar." En la misma fecha, se giró el oficio 3********************6/2021, al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, a efecto de que cancelara el descuento que había ordenado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 864/2020, y realizara la modificación correspondiente en términos de la referida sentencia******************** Por escrito de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el apoderado de la quejosa ********************, informó que el demandado dejó de pagar alimentos desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno******************** El cinco de enero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la referida sentencia, y se elaboraron los oficios 08/2022 y 09/2022, dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, mediante los cuales se solicitó información respecto a si el quejoso había causado baja de dicha dependencia y ordenó la realización del descuento correspondiente en términos de la sentencia definitiva******************** Por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, al no haber presentado la actora el acuse de recibo del oficio 09/2022, elaboró diverso con el contenido de éste, y por esa razón, precisó que no era viable declarar solidariamente deudor a la patronal del demandado******************** Mediante oficio de diez de marzo de dos mil veintidós, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración Subsecretaría del Ramo, en atención al diverso 09/2022, informó que el demandado causó baja el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y que por ello, se encontraba imposibilitado para cumplir con el mismo******************** Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, determinó que no había lugar a requerir al demandado del pago de alimentos, virtud a la baja que había causado, y que además, no tenía conocimiento del lugar en el que el deudor alimentario trabaja ni el total de sus percepciones salariales, una vez hechos los descuentos de ley, y que por ello no había lugar a condenar a la patronal por omisión ni dar parte al ministerio público******************** En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, ordenó girar oficio al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que informara si en la base de datos del instituto se encontraba dado de alta el demandado; asimismo, requirió a éste a efecto de que manifestara si se encontraba laborando y si había cumplido con el pago de la obligación alimentaria, y en caso contrario, precisara el motivo******************** Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, no autorizó a la actuaria de su adscripción para que llevara a cabo el requerimiento de pago y embargo que solicitó la parte actora, virtud a que, el demandado había causado baja de su fuente de trabajo, y por el momento se desconocía el lugar donde laboraba, el monto que perciba por dicho concepto, a efecto de estar en condiciones de requerir al demandado del pago de cierta cantidad líquida y en su caso ordenar el embargo por el monto correspondiente******************** Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvo al demandado manifestando que se encontraba desempleado y que por ello estaba imposibilitado para cumplir con su obligación alimentaria******************** En tres de agoto de dos mil veintidós, emitió el auto siguiente: Visto el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado ********************, con el carácter que tiene reconocido, dígasele que respecto a la petición que realiza en el sentido de que se pida informe detallado a la fuente laboral, de la liquidación del obligado alimentista y porque hizo caso omiso de notificar a este Tribunal esa circunstancia, toda vez que de autos se despende a la fecha no ha sido contestado el oficio número 08/2022, de fecha 5 cinco de enero del año en curso, que fue dirigido por parte de este Tribunal, al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; y mediante el cual le fue solicitada la información que ahora requiere; consecuentemente, se ordena girar atento oficio recordatorio a dicho secretario, a fin de que dentro del término de 3 tres días más 2 dos que se le conceden por razón de la distancia, contados a partir del día siguiente en que reciba dicha comunicativa, comparezca a rendir la información que le fue solicitada en aquél, bajo apercibimiento legal de que en caso de no hacerlo en dicho plazo, le serán aplicados en su contra los medios de apremio establecidos por la ley, medio de comunicación que queda a disposición de la parte actora para que lleve a cabo su presentación******************** Consecuente, de momento no es posible acordar en cuanto al fondo la petición que realiza en el sentido de que se haga corresponsable a la fuente laboral para que pague el ********************% cincuenta por ciento, del total de la liquidación que pagó al reo y que correspondía a los menores, hasta en tanto no haya sido rendida la información que le fue solicitada a la misma******************** GÍRESE OFICIO RECORDATORIO******************** Ahora bien, en relación con las demás solicitudes que realiza, dígasele que no ha lugar a proveerlas de conformidad debiéndose estar a lo acordado mediante previstos dictados con fechas 18 de abril y 24 veinticuatro de mayo, ambos del año en curso******************** Así y con apoyo en los artículos 7********************, 720, 932, 939, 967, ********************06 y ********************07 del Código Familiar del Estado, lo acordó y firma el ciudadano Licenciado .********************, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, que actúa con la secretaria de acuerdos Licenciada .Doy fe******************** Hasta aquí la reseña de los antecedentes de los actos reclamados******************** QUINTO******************** Innecesaria transcripción de los conceptos de violación******************** Al no existir alguna causal de improcedencia que estudiar, procede entrar al estudio de los actos reclamados al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/20********************, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 20********************, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS******************** PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN******************** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis******************** Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer"******************** SEXTO******************** Estudio de fondo******************** En el caso, se suplirá la deficiencia de la queja en favor de los menores de edad involucrados de iniciales****************************************, ya que la materia de los actos reclamados versa sobre el derecho de sus alimentos******************** Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a********************/J******************** 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES******************** PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE******************** La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo******************** Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz******************** Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz********************" Es necesario desvincular los intereses de la quejosa ******************** con los de los menores de edad involucrados, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia de los que les puedan asistir a sus padres o tutores******************** Tiene aplicación, la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR******************** SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS******************** El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social********************" Los quejosos sostienen que se violan en su perjuicio los artículos 930, ********************63, 294 y 472 del Código Familiar del Estado de Michoacán, virtud a que el Juez ha sido omiso en ejecutar la sentencia y no ha realizado los apercibimientos correspondientes para su ejecución******************** Que el proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, viola los artículos 1°, 4, 16, 17, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, virtud a que no se realizó una interpretación correcta de dichos preceptos, dejando por ello, sin alimentos a los menores******************** Que la autoridad responsable también viola el derecho de los menores a una alimentación, toda vez que no autorizó a la actuaria de su adscripción para que se constituyera en el domicilio del demandado a efecto de que lo requiriera del pago de la cantidad adeudada por concepto de alimentos, dejándolos en estado de indefensión al no recibir cantidad alguna para solventar su necesidades de comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad******************** Los conceptos de violación son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia******************** El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: Una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; Una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, Una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél******************** El derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido******************** Cobra aplicación, la tesis 1a********************CCXXXIX/2018 (********************a********************), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA******************** En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél******************** Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido******************** Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs******************** Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs******************** Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios******************** Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs******************** Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs******************** Ecuador, Furlan y Familiares Vs******************** Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs******************** Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos********************" Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior del menor implica el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño******************** Es aplicable, la jurisprudencia 25/20********************, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR******************** SU CONCEPTO******************** En términos de los artículos 4o********************, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ************************************************************ implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"******************** Al respecto existe un cúmulo de prerrogativas inherentes a los menores, entre ellas, la relativa a los alimentos******************** La obligación alimentaria es una disposición de orden público e interés social, conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato******************** En ese sentido, debe entenderse que la esencia de la obligación alimentaria, por disposición imperativa de la ley, reside en el deber que tienen algunas personas (deudor alimentario) de proporcionar a otras (acreedor alimentista) lo que es necesario para su supervivencia, obligación dentro de la cual quedan comprendidos de manera genérica, comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a su sexo, circunstancias personales, así como lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo, tratándose de personas con discapacidad******************** El Estado se encuentra constreñido a vigilar que entre las personas que se deben entre sí la asistencia familiar se procuren los medios de vida suficientes cuando alguno de ellos carezca de los mismos y se encuentre imposibilitada para obtenerlos******************** Es aplicable, la tesis 1ª********************CCXXXIX/2018 (********************a********************), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALIMENTOS******************** LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público******************** Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos******************** Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia "******************** Ahora, respecto a la ejecución de sentencia en materia de alimentos, los artículos 470, 471, 472 y 475 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 470******************** La sentencia que decrete los alimentos: I******************** Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II******************** Apercibirá al deudor alimentario que, en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal******************** Artículo 471******************** Notificada la sentencia, se comunicará sin demora a la fuente laboral del deudor alimentario, si este es el caso, a fin de que proceda a hacer los descuentos en los términos de la fracción II del artículo 464 de este Código******************** Artículo 472******************** Si el deudor no es asalariado, será requerido para que dentro del término de tres días cumpla con la pensión definitiva fijada, y lo apercibirá que en caso de no hacerlo se le embargarán bienes suficientes de su propiedad, para satisfacerla******************** Artículo 475******************** Una vez fijados los alimentos sea por convenio o sentencia, el plazo para pedir su ejecución durará diez años contados a partir del día siguiente al que venció el término previsto para su cumplimiento voluntario"******************** Del contenido de tales dispositivos, entre otros supuestos, se advierte que, la sentencia que decrete los alimentos, se fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; apercibirá al deudor alimentario que, en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal, y si el deudor no es asalariado, será requerido para que dentro del término de tres días cumpla con la pensión definitiva fijada, y lo apercibirá que en caso de no hacerlo se le embargarán bienes suficientes de su propiedad, para satisfacerla******************** Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 225/20********************, determinó que en los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas y dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos******************** De lo anterior, derivó la jurisprudencia 1a/J******************** 16/2011, de rubro y texto: "ALIMENTOS A FAVOR DE UN MENOR NACIDO DESPUÉS DE PRESENTADA LA DEMANDA, PERO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA******************** PROCEDE SU ANÁLISIS AUN CUANDO NO SE HAYAN SOLICITADO, POR EXISTIR LITIS ABIERTA******************** Los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues las cuestiones familiares se consideran de orden público; por lo tanto, el órgano judicial debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores, recabar pruebas y dictar las medidas conducentes a la protección efectiva de sus derechos******************** Cuando en el juicio se haya acreditado el embarazo de la madre y exista presunción del nacimiento del menor antes del dictado de la sentencia definitiva, el juez debe tomar las medidas conducentes para verificar el nacimiento del menor vivo y viable antes del dictado de la sentencia y, en caso de comprobarse de ser procedente, condenar al pago de alimentos a favor del menor******************** Lo anterior es así, pues de lo contrario se incumpliría con la obligación impuesta en los artículos 4o********************, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor a partir del 21 de octubre de 1990, así como en las normas sustantivas y procesales que atribuyen carácter público e interés social a los procesos de alimentos que involucren menores********************" En el caso, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno se resolvió en definitiva los alimentos a favor de los menores y de la quejosa ********************, de la forma siguiente: "************************************************************ a cargo de ********************, el ********************% cuarenta por ciento de sus percepciones, una vez hechos los descuentos de ley, que obtiene como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en esta ciudad o de cualquier otro empleo que ejerza posteriormente; de los cuales corresponde el 13********************33% trece punto treinta y tres por ciento para cada infante. Por las consideraciones indicadas en el apartado quinto de este fallo, se condena a ********************a pagar a favor de ******************** por concepto de alimentos, el ********************% diez por ciento de sus percepciones, una vez hechas las deducciones de ley, que obtiene éste último de su fuente de empleo; pensión alimenticia que subsistirá por el mismo lapso de duración del matrimonio (******************** años) a partir de la fecha de la presente resolución************************************************************Pensiones alimenticias que tienen el carácter de definitiva y sustituyen la provisional decretada en auto del 18 dieciocho de marzo del 2020.apercibido el deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal, de conformidad a lo establecido en el arábigo 470 del Código Familiar del Estado; en su oportunidad, se ordena comunicar a la fuente laboral del deudor alimentario, a fin de que proceda hacer los descuentos en los términos de la fracción II del artículo 464 de la legislación familiar******************** A efecto de que se realizaran los descuentos correspondientes, se giraron los oficios 3********************6/2021 y 09/2022; sin embargo, fue informado por la fuente de trabajo que el demandado había causado baja desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, motivo por el que, en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, determinó que no había lugar a requerir al demandado al pago de alimentos, ni condenar a la patronal por omisión ni dar parte al ministerio público******************** Asimismo, en diverso proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, determinó no autorizar a la actuaria a fin de que llevara a cabo el requerimiento de pago y embargo solicitado por la actora, toda vez que no se tenía conocimiento del lugar en el que laboraba el demandado, así como de sus percepciones******************** El tres de agosto de dos mil veintidós, giró oficio a la fuente de trabajo a efecto de que remitiera la información que le había solicitado por oficio 08/22022, para estar en condiciones de determinar si la fuente laboral es corresponsable para que pague el cincuenta por ciento, del total de la liquidación que hubiere pagado al demandado y que correspondía a los menores; y respecto a los solicitudes tendentes a ejecutar la sentencia, le indicó que debería estarse a lo acordado en los referidos proveídos de dieciocho de abril y veinticuatro de mayo de dos mil veintidós******************** Entonces, si desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en que la parte acreedora manifestó que el demandado había dejado de pagar los alimentos, hasta el dictado de la presente sentencia, no existe constancia de que a los quejosos se les haya realizado pago alguno por concepto de alimentos definitivos, es evidente que el Juez responsable no ha implementado los mecanismos correspondientes y eficaces para cumplir con lo resuelto en el juicio de origen, lo que provoca el comportamiento contumaz de la autoridad responsable, atentando con ello, el interés superior de los menores, así como el de la quejosa **************************************** Es así, porque como se desprende de los autos del juicio de origen, pese a los requerimientos que ha realizado a la fuente laboral a efecto de que realizara el descuento de los alimentos definitivos, desde la fecha en que el obligado dejó de pagarlos, esto es, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, así como para que proporcionara la información que solicitó, misma que consideró necesaria para determinar si la patronal es corresponsable al pago del cincuenta por ciento, del total de la liquidación que hubiere dado al demandado, de forma alguna ha logrado su cometido******************** Además, no se aprecia que a la fuente patronal haya hecho efectivo apercibimiento alguno, no obstante que lo decretó en auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, con lo que trastoca el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** En ese sentido, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente a efecto de lograr el cumplimiento de la obligación de dar alimentos del deudor no es acorde con las atribuciones legales que le corresponden, pues contrario a sostener una actitud pasiva, debió actuar oficiosamente, para decretar cuanta medida resulte necesaria para proteger a los menores; de manera concreta, debió ser sensible y decretar las medidas inmediatas y eficaces tales como apercibir al deudor alimentario que, en caso de incumplir con el pago, se daría vista al agente del ministerio público, para que procediera en términos de la legislación penal; en su caso, requerirlo para que dentro del término de tres días cumpliera con la pensión fijada, y apercibirlo que de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes de su propiedad, para satisfacerla, y de esa forma hacer cesar la omisión del pago de alimentos******************** Aunado a lo anterior, el Juez responsable solamente en una ocasión requirió al deudor alimentario el pago de alimentos, sin que lo hubiere apercibido de forma alguna, contraviniendo con ello, los citados artículos 470 y 472 del Código Familiar del Estado de Michoacán******************** En virtud de lo anterior, se considera que, en el caso, el Juez responsable debe implementar medidas que sean más efectivas, en atención al interés superior del menor y allegarse de elementos de convicción que le permitieran garantizar la tutela de los derechos fundamentales de los infantes******************** Aunado a que en materia familiar las autoridades jurisdiccionales deben actuar oficiosamente y decretar cuanta providencia o medida sea necesaria para proteger a la familia o a sus integrantes, como son los menores; actuando con sensibilidad, prestos, expeditos e incluso con creatividad, lo que no hizo el juez responsable, a pesar de que el numeral 932 y ********************06 del Código Familiar aplicable al caso, lo obligaba a actuar en ese sentido******************** Es aplicable al caso, la tesis 1a******************** CLVII/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO******************** OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓ ALIMENTARIA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO******************** El artículo citado, en relación con los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los progenitores o, en su caso, las personas encargadas de su cuidado, tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar******************** En ese sentido, utiliza el lenguaje de los derechos para reconocer aquél de todo niño a un nivel de vida adecuado, con las correlativas obligaciones de sus cuidadores******************** Sin embargo, esta formulación no exime ni desplaza al Estado de sus respectivas obligaciones en materia de protección a la niñez, pues lejos de ello, dicho precepto prevé de forma puntual las acciones positivas a cargo de los Estados Parte para brindar apoyo a los responsables primarios a fin de lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, lo que incluye proporcionar asistencia material y desarrollar programas******************** Asimismo, el citado precepto determina que el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera, incluso si éstos viven en el extranjero******************** En este sentido, en un grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el texto constitucional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño dota de significado al derecho de alimentos de los niños elevando a la máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la obligación alimenticia y la posición del Estado como garante******************** Todo ello, además, a la luz del interés superior del niño como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o niña en un caso concreto"******************** Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada******************** Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al no haberse reclamado de ella actos por vicios propios, como lo postula la tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "AUTORIDADES EJECUTORAS******************** ACTOS NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS"******************** Sin que pase desapercibido que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, el Juez responsable autorizó a la actuaria de su adscripción a efecto de que se constituyera en el domicilio del demandado ********************, para requerirle del pago de alimentos y de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar lo reclamado, virtud a que dicha medida fue como consecuencia de la suspensión decretada en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio y no por su actuar autónomo, a más de que, a la fecha del dictado de la presente sentencia, no existe constancia de que, efectivamente, se haya logrado ejecutar la resolución reclamada******************** En otro contexto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la quejosa ********************, por sí y en representación de los menores de edad de iniciales********************; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen******************** Es ilustrativa, la jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS******************** NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO******************** Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos********************" SÉPTIMO******************** Efectos de la concesión******************** Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo, es a efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, realice lo siguiente: Emita de inmediato las providencias cautelares necesarias, a efecto de garantizar el efectivo cumplimiento de los alimentos de los menores de edad de iniciales******************** y la quejosa **************************************** Recabe la información necesaria, realice gestiones adecuadas, eficaces y haga efectivo los apercibimientos correspondientes a efecto de ejecutar la sentencia emitida el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, actuando, incluso de oficio para tal efecto******************** Obtenga la información que solicitó a la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio 2871/2022, de tres de agosto de dos mil veintidós, que estimó necesaria para determinar si la fuente laboral es corresponsable al pago del cincuenta por ciento del total de la liquidación que haya pagado al demandado y que correspondían a los menores, y se pronuncie al respecto con libertad de jurisdicción******************** Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO******************** La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales********************, contra los actos reclamados de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Secretario de Seguridad Pública del Estado, en términos del considerando sexto de la presente sentencia******************** Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables******************** Háganse las capturas correspondientes en el libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)********************
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