Alan David Diaz Ortigoza
Expediente 167/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alan David Diaz Ortigoza
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 167/2022-VII. Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. De entrada, es oportuno señalar que, de la copia certificada del juicio de amparo 1213/2021, se advierte que la citada carpeta administrativa de control de actos de investigación, derivó de una solicitud de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por Luis Manuel Canseco Limón, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que se llevara a cabo una diligencia de cateo en el inmueble ubicado en * Puebla. La mencionada técnica de investigación (cateo) se autorizó por resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno por el juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con el objeto de buscar en el domicilio señalado alguno de los siguientes narcóticos: **A lo cual debía limitarse la diligencia. Cabe señalar que el acto por el cual se dio inicio a la referida técnica de investigación -el cateo del bien inmueble referido- ya fue ejecutado por los elementos autorizados en la resolución en comento, pues así se desprende de las copias certificada del juicio de amparo del índice de este juzgado. Bajo ese contexto, resulta evidente que aun cuando la parte quejosa se duele de la omisión o negativa de permitir y acordar su apersonamiento en la carpeta de investigación * lo cierto es que, el suscrito no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en el escrito de ampliación de demanda, se desprende lo siguiente: ".Por tanto, y con el fin de que al suscrito se le permitiera apersonarse a la carpeta de investigación en cita, el día 4 de febrero del presente año se presentó al Licenciado Luis Manuel Canseco Limón, el oficio pertinente a fin de que este acordara y de ser necesario me citara para poder imponerme en la carpeta de investigación, se deslindara responsabilidades y se me hiciera entrega de mis bienes muebles, mismo que no están sujetos a la investigación misma a la que dio origen dicha carpeta y que, por tanto, no existe razón alguna para que siga la retención y/o aseguramiento de los mismo." Entonces, de la propia narración de la quejosa, no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, porque la solicitud del quejoso se dirigió a la autoridad ministerial el cuatro de febrero de dos mil veintidós, esto es, hace cuatro días hábiles posteriores a la presentación de la ampliación de demanda (catorce de febrero de dos mil veintidós). Entonces, resulta inconcuso que, en este momento procesal la acción de amparo resulte improcedente para poder analizar una omisión respecto de la solicitud presentada el cuatro de febrero del año en curso; ello, porque a la fecha no ha trascurrido un plazo razonable, para considerar que exista una abierta dilación o paralización total del procedimiento, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. ". "Artículo 107. : "V. ;". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos después de concluido el juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración: "Artículo 107. : "III. , y". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo (en el presente caso, la omisión o negativa de permitir y acordar su apersonamiento al referido expediente judicial); además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se haya acordado lo relativo al apersonamiento al referido expediente judicial, solicitud presentada ante la autoridad responsable el cuatro de febrero del año en curso, además de que apenas transcurrieron cuatro días hábiles a la presentación del escrito de cuenta, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita lo relativo a dicha solicitud. De tal manera que aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia : "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se ordena al Oficial Judicial A realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo y queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesional Alan Robledo Zenteno pues el quejoso le otorgó esa facultad y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas, quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal; empero, se le hace saber que se tendrá en consideración en caso de querer establecer contacto, como se señalará más adelante. Acceso al expediente. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario " ". Por lo tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÒN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÒS.-JUICIO DE AMPARO 167/2022-VII. Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. De entrada, es oportuno señalar que, de la copia certificada del juicio de amparo 1213/2021, se advierte que la citada carpeta administrativa de control de actos de investigación, derivó de una solicitud de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por Luis Manuel Canseco Limón, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que se llevara a cabo una diligencia de cateo en el inmueble ubicado en * Puebla. La mencionada técnica de investigación (cateo) se autorizó por resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno por el juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con el objeto de buscar en el domicilio señalado alguno de los siguientes narcóticos: **A lo cual debía limitarse la diligencia. Cabe señalar que el acto por el cual se dio inicio a la referida técnica de investigación -el cateo del bien inmueble referido- ya fue ejecutado por los elementos autorizados en la resolución en comento, pues así se desprende de las copias certificada del juicio de amparo del índice de este juzgado. Bajo ese contexto, resulta evidente que aun cuando la parte quejosa se duele de la omisión o negativa de permitir y acordar su apersonamiento en la carpeta de investigación * lo cierto es que, el suscrito no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en el escrito de ampliación de demanda, se desprende lo siguiente: ".Por tanto, y con el fin de que al suscrito se le permitiera apersonarse a la carpeta de investigación en cita, el día 4 de febrero del presente año se presentó al Licenciado Luis Manuel Canseco Limón, el oficio pertinente a fin de que este acordara y de ser necesario me citara para poder imponerme en la carpeta de investigación, se deslindara responsabilidades y se me hiciera entrega de mis bienes muebles, mismo que no están sujetos a la investigación misma a la que dio origen dicha carpeta y que, por tanto, no existe razón alguna para que siga la retención y/o aseguramiento de los mismo." Entonces, de la propia narración de la quejosa, no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, porque la solicitud del quejoso se dirigió a la autoridad ministerial el cuatro de febrero de dos mil veintidós, esto es, hace cuatro días hábiles posteriores a la presentación de la ampliación de demanda (catorce de febrero de dos mil veintidós). Entonces, resulta inconcuso que, en este momento procesal la acción de amparo resulte improcedente para poder analizar una omisión respecto de la solicitud presentada el cuatro de febrero del año en curso; ello, porque a la fecha no ha trascurrido un plazo razonable, para considerar que exista una abierta dilación o paralización total del procedimiento, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. ". "Artículo 107. : "V. ;". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos después de concluido el juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración: "Artículo 107. : "III. , y". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo (en el presente caso, la omisión o negativa de permitir y acordar su apersonamiento al referido expediente judicial); además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se haya acordado lo relativo al apersonamiento al referido expediente judicial, solicitud presentada ante la autoridad responsable el cuatro de febrero del año en curso, además de que apenas transcurrieron cuatro días hábiles a la presentación del escrito de cuenta, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita lo relativo a dicha solicitud. De tal manera que aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia : "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se ordena al Oficial Judicial A realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo y queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesional Alan Robledo Zenteno pues el quejoso le otorgó esa facultad y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas, quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal; empero, se le hace saber que se tendrá en consideración en caso de querer establecer contacto, como se señalará más adelante. Acceso al expediente. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario " ". Por lo tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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