Alan Cazales Gonzalez

Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Alan Cazales Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para VALORACIÓN DOCUMENTAL DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO CARÁTULA DEL EXPEDIENTE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar por conducto del personal a su cargo que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días con el que cuenta la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, donde se previno la demanda de amparo, sin que haya desahogado esta última. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado proveído de prevención, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se IGNACIO ALDRETE GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.45.ff 26/10/23 08:37:13 declara por no presentada la demanda de amparo que originó este juicio.

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días con el que cuenta la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, donde se previno la demanda de amparo, sin que haya desahogado esta última. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado proveído de prevención, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se IGNACIO ALDRETE GONZALEZ declara por no presentada la demanda de amparo que originó este juicio.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *, por propio derecho contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 - causante de la enfermedad COVID- 19-. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Por otra parte, aun cuando el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo, porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o se haya solicitado el acceso al expediente electrónico -incluso en aquellos asuntos tramitados bajo el esquema tradicional-; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a traes del "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el portal. Se reitera, el hecho de que el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de "juicio en línea"; por ello, se exhorta a las partes para efectos de que opten por este último modelo (juicio en línea). Materia del juicio. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señala como actos reclamados los siguientes: "De la autoridad señala Cómo ordenadora: A) reclamo la indebida orden de aprehensión girada en contra del suscrito. B) La violación de los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Federal, así como los principios del derecho de Audiencia y de Defensa, y Pro Homine. De la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de la indebida orden de aprehensión girada en mi contra. El abuso de autoridad llevado en contra del suscrito, el día 19 de Octubre del año en curso, así como la violación al artículo 16 de la Constitución Federal". Irregularidad en la demanda de amparo. Sin embargo, la lectura integral2 de la demanda de protección, llevó a encontrar diversas irregularidades. Es así, porque reclama la ejecución de la orden de aprehensión al Fiscal General del Estado de Puebla, sin embargo, se tiene como un hecho notorio que los agentes del ministerio público o fiscales (como lo señalados como responsables) sólo comunican (en su caso) los mandamientos judiciales de molestia, como lo es (verbigracia) una orden de aprehensión o comparecencia librada por una autoridad jurisdiccional. De ahí que en tales asuntos dichas autoridades niegan la existencia de la ejecución de esa orden de captura. Luego, en el presente caso, no se estaría en aptitud jurídica y fáctica de materializar o concretar la captura y detención del quejoso por parte de esa autoridad (Fiscal General del Estado de Puebla), porque su emisión es de carácter exclusivo de la autoridad judicial. Además, su ejecución sólo corresponde a las diversas autoridades policiacas o aprehensoras o de seguridad pública, que cuentan con otras funciones y facultades para ello, como ocurriría -por ejemplo- en el caso del titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, entre otras autoridades que tienen esa naturaleza ejecutora. Se afirma lo anterior, porque los fiscales y titulares de fiscalías de las entidades referidas con antelación no son - propiamente- autoridades ejecutoras de órdenes de aprehensión o comparecencia, pues la naturaleza jurídica de su función es la de investigación y prosecución de los delitos, como se puede desprender de la literalidad del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los agentes del ministerio público adscritos a órganos jurisdiccionales o encargados de los mandamientos judiciales se limitan a recibirlos y comunicárselos a las autoridades policiacas, militares o a policías ministeriales, para su ejecución o materialización -de la orden de captura-. Así, en el supuesto de llegarse a ejecutar contra un gobernado una orden de aprehensión o detención, como la reclamada, los agentes policiales tendrán la obligación de efectuar la respectiva puesta a disposición del detenido ante el agente del ministerio público que corresponda, quien a su vez lo hará ante la autoridad judicial respectiva, para solicitarle la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación; pero no será el fiscal general el que dé cumplimiento material a esa orden. Todo ello, tal como se desprende del artículo 145, párrafos primero, segundo y tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé: "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma (.)". Cobra aplicación al caso, por los argumentos que * De ahí que no sea viable tener al Fiscal General del Estado de Puebla como autoridad responsable de la ejecución de la orden de aprehensión que reclama, en todo caso sería al titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, por ser quien tiene a su cargo elementos de la policía ministerial. Por otra parte, se estima que el acto reclamado que señala como "La violación de los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Federal, así como los principios del derecho de Audiencia y de Defensa, y Pro Homine", constituye sólo un argumento de quejoso encaminado a combatir la orden de aprehensión que reclama, pues se trata en realidad de motivos de disenso expresados para destacar los aspectos circunstanciales que denotan la inconstitucional (a juicio de la parte quejosa) del acto reclamado. Luego, se infiere como evidente que la voluntad de la parte quejosa yace en combatir únicamente la orden de aprehensión reclamada al juzgador natural, porque sólo dichos argumentos constituyen el examen de la conducta desplegada como acto de autoridad por el juez de control al decidir emitir orden de aprehensión en su contra; pues aquéllos son en realidad razonamientos formulados para alcanzar una conclusión respecto de la juridicidad de ese acto reclamado. * Además, se pretende señalar como acto reclamado el consistente en el "abuso de autoridad" llevado en contra del quejoso el diecinueve de octubre del año en curso; empero, este último no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo y, en dado caso, podría tratarse de hechos constitutivos de un delito o de una responsabilidad administrativa que deben hacerse valer en la vía e instancias correspondientes. No obstante, del contenido de los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en la demanda se advierte que lo anterior pudieran derivar de la ejecución de un cateo llevado a cabo en su domicilio particular, es decir, resulta pertinente que la parte quejosa aclare si ello lo considera como acto reclamado para efecto de este juicio de amparo. Esto, pues como se dijo, en su caso, las conductas relativas al abuso de autoridad a los que hace mención en su demanda, son actos administrativos que pudieran traducirse en hechos constitutivos de delitos, mismos que tiene oportunidad de denunciar ante las autoridades ministeriales correspondientes. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al directo quejoso para que en el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe las siguientes aclaraciones: 1. Precise si lo que desea reclamar consiste única y exclusivamente la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y su ejecución,; e indique, en caso de ser así, si la ejecución de dicha orden de aprehensión se la desea reclamar sólo al titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; además, deberá aclarar si desea prescindir de insistir en reclamar la orden de cateo y su ejecución. 2. En caso contrario, puntualice si además de lo anterior (orden de aprehensión y su ejecución) desea reclamar también como actos los siguientes: la emisión de la orden de cateo y su ejecución, y derivado de ello, precise a qué autoridad judicial le reclama el libramiento de esa orden de cateo, y a qué diversa autoridad le atribuye la ejecución del cateo, así como manifieste bajo protesta de decir verdad y como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados: si la orden de aprehensión reclamada se llevó ejecutó durante el cateo a que hace alusión ,y el número de expediente del que deriva la orden de cateo, así como la dirección completa (calle, número, colonia, entre otros) en donde se ubica el domicilio en el que se ejecutó el cateo de mérito. 3. Aclare cuál es el nombre correcto del quejoso, pues en el proemio de la demanda de amparo se alude que corresponde a *, sin embargo, firma la demanda en mención con el nombre de *. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos para el incidente de suspensión. Además, se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio para recibir y oír notificaciones. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su escrito de demanda de amparo. Sin que se tenga el correo electrónico señalado para esos efectos, pues la Ley de Amparo no prevé ese medio de notificación. Se destaca que la parte quejosa no designa autorizados para recibir notificaciones, pero está en aptitud de hacerlo. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal4, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Comunicación especial con las partes. En términos de lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 21/2022) se tiene como medio electrónico de contacto el correo electrónico que precisó en la demanda de amparo. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 1/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de personas persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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