Alan Díaz Ortigoza

Expediente 18/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
18/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Alan Díaz Ortigoza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 18/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de diez de enero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 18/2022-VIII.. Puebla, Puebla, diez de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe el oficio 213/2022 y anexos de cuenta, de cuyo contenido se aprecia (entre otras cuestiones) el proveído inserto de cinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto de la ampliación de demanda de amparo presentada por Alan David Díaz Ortigoza, por propio de derecho, contra un acto del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. En consecuencia, regístrese ese oficio con la demanda y anexos en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo respectivo, también en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (ampliado en su vigencia por el diverso 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-2 -que causa la enfermedad COVID-19-. Materia del juicio. El acto reclamado por el quejoso que será materia del presente asunto, en términos del oficio de separación, consiste en: ? La omisión de dar acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación ++++, atribuido a la autoridad siguiente: Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de Distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 2 . En el caso, se advierte que en el presente asunto se tiene como acto reclamado la omisión de dar acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación ++++. De entrada, es oportuno señalar que, de la copia certificada del juicio de amparo 1213/2021, se advierte que la citada carpeta administrativa de control de actos de investigación, derivó de una solicitud de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por +++++, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que se llevara a cabo una diligencia de cateo en el inmueble ubicado en Privada de la ++++++ Puebla. La mencionada técnica de investigación (cateo) se autorizó por resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno por le juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con el objeto de buscar en el domicilio señalado alguno de los siguientes narcóticos: 1. Cannabis sativa o marihuana; 2. Clorhidrato de cocaína o cocaína; 3. Metanfetamina de desoxiefedrina o cristal; 4. Hidrocloruro de metanfetamina y morfina, ingrediente activo de la heroína. A lo cual debía limitarse la diligencia. Cabe señalar que el acto por el cual se dio inicio a la referida técnica de investigación -el cateo del bien inmueble referido- ya fue ejecutado por los elementos autorizados en la resolución en comento, pues así se desprende de las copias certificada del juicio de amparo 1213/2021 del índice de este juzgado. Ahora, para el caso que nos ocupa, es útil indicar que para la procedencia del juicio de amparo, se debe estimar que debe existir una vulneración a los derechos humanos por un acto de una autoridad; ello, acorde al principio de agravio personal y directo. Sobre el particular, el quejoso se ostenta como arrendatario del bien inmueble en el cual se ejecutó el acto de investigación consistente en una orden de cateo y en este juicio de amparo, alude como reclamo la omisión del juez de control señalado como responsable de darle acceso a las constancias relativas a la técnica de investigación contenida en la carpeta judicial administrativa ++++. En términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, salvo que se ubique en hipótesis específicas, a saber: 1) Cuando se encuentra detenido; Se pretenda recabar su declaración; 3) Sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) Sea sujeto de un acto de molestia. Momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no3 . Por su parte, acorde al numeral 16 de la Constitución Federal y del artículo 2824 y 2835 , del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de cateo constituye una técnica de investigación que únicamente amerita la comparecencia del ministerio público que la solicitó por audiencia privada ante el juez de control (sigilo), esto es, no requiere de intervención de parte alguna distinta del ministerio público y aquella no será notificada las partes hasta su ejecución, tal y como se desprende del artículo 288 6 , del señalado código nacional. Tales fines concurren para procurar el éxito de la investigación. De lo anterior, se establece que al aquí impetrante de amparo carece de legitimación para solicitar la protección de la Justicia de la Unión; ello es así, ya que como se dijo previamente, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos sustantivos del quejoso, lo que en la especie no acontece. De esa forma, el acto consistente en la omisión de darle acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación +++++ encuentran la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII relacionado con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En el artículo 6 de la Ley de Amparo, se establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita. En consecuencia, la causa de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo 76, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Entonces, el quejoso Alan David Díaz Ortigoza carece de legitimación para ejercer la acción constitucional, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; pero en el caso, la técnica de investigación referente al cateo que obra en la carpeta judicial administrativa corresponde a un acto de investigación exclusivamente expedido a solicitud del Ministerio Público, donde se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. De ahí que el quejoso no está legitimado para tener acceso a dichas actuaciones, pues precisamente corresponden a actos de sigilo, en este caso, con la finalidad de buscar y recolectar los narcóticos a que se ha hecho referencia en líneas previas. Por consiguiente, el acto de no darle acceso a ++++++ a la carpeta judicial administrativa ++++++ no afecta sus derechos sustantivos, máxime que los términos de su demanda, reflejan que los actos reclamados son ajenos a su esfera jurídica, porque no los resintió en forma directa como imputado pues exclusivamente se autorizó una técnica de investigación en un domicilio. Por otra parte, el referido acto, la omisión de darle acceso a la carpeta judicial administrativa de actos de investigación ++++ no puede afectar de forma directa la esfera de los derechos sustantivos del quejoso, ya que el acto de investigación de la orden de cateo no se libró con el objeto de lograr la detención de aquél y restringir su libertad, sino únicamente para buscar en el inmueble objeto del cateo los narcóticos detallados. Con independencia de lo anterior, aun cuando el quejoso reclama la omisión de darle acceso a la carpeta judicial administrativa de actos de investigación ++++, el cateo en el inmueble ubicado en Privada de la ++++++ya se ejecutó, tal y como se advierte del informe justificado del juez de control Enrique López Criollo, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, rendido en el juicio de amparo 1213/2021, de este órgano jurisdiccional, a través del oficio 43727/2021/JC, cuya copia certificada obra en este expediente, por lo que dicho acto se clasifica como de los irreparablemente consumados. Por consiguiente, es indudable la improcedencia de este juicio de amparo, ya que si bien el quejoso reclama en este juicio la omisión de la responsable de darle acceso a la totalidad de las constancias que derivaron del control de la técnica de investigación a la que se ha hecho referencia, es claro que el impetrante de amparo carece totalmente de la legitimación para acudir al juicio de amparo, ya que como se dijo en párrafos previos, dicha orden, por su naturaleza, es una técnica de investigación embestida de sigilo y sujeta a un control judicial, la cual únicamente podrá ser de conocimiento de las partes hasta su ejecución, lo que como se ha señalado previamente ya aconteció, ya que la aludida técnica se ha ejecutado de forma irreparable. Aunado a lo anterior, como ya se indicó, la técnica de investigación no se realizó con la finalidad de lograr la detención del propio quejoso +++++ por lo que no se afecta de forma real y directa la esfera jurídica de aquél, pues derivó de una técnica de investigación (cateo) generada con fines de investigación de los hechos con apariencia de delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, la cual se libró para buscar los narcóticos señalados en la resolución del juez de control responsable de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la cual, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales debe notificarse al momento de su ejecución. Así, al corresponder a un acto de investigación, solo puede tener el quejoso acceso a tales actos, en términos de lo indicado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los mismos son reservados. Por último, y con independencia que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del quejoso, debe decirse que en las copias certificadas del juicio de amparo 1213/2021 recibidas en este juicio, obran las actuaciones que forman la referida carpeta judicial administrativa ++++++, por ende, el quejoso se encuentra en posibilidad de conocer su contenido al efectuar la revisión de este expediente. En consecuencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por Alan David Díaz Ortigoza, contra la omisión atribuida juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, de dar acceso a las constancias relativas a la técnica de investigación contenida en la carpeta judicial administrativa +++++. Exhortación para la tramitación de juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o l Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (Mayorazgo, Puebla). Queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesional Alan Robledo Zenteno; lo anterior es así, ya que la parte quejosa le otorgó esa facultad y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas, quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal. Empero, se le hace saber que se tendrá en consideración en caso de querer establecer contacto, como se señalará más adelante. Acceso al expediente. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "++++". Por lo tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Comunicación con las partes A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. En ese sentido, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha toma de fotografías podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita. Acceso a la información y protección de datos. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto7 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A para que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; personalmente al quejoso en su domicilio procesal (con las medidas de protección).

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA...JUICIO DE AMPARO 18/2022-VIII.. Puebla, Puebla, diez de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe el oficio 213/2022 y anexos de cuenta, de cuyo contenido se aprecia (entre otras cuestiones) el proveído inserto de cinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto de la ampliación de demanda de amparo presentada por Alan David Díaz Ortigoza, por propio de derecho, contra un acto del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. En consecuencia, regístrese ese oficio con la demanda y anexos en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo respectivo, también en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (ampliado en su vigencia por el diverso 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-2 -que causa la enfermedad COVID-19-. Materia del juicio. El acto reclamado por el quejoso que será materia del presente asunto, en términos del oficio de separación, consiste en: ? La omisión de dar acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación ++++, atribuido a la autoridad siguiente: Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de Distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 2 . En el caso, se advierte que en el presente asunto se tiene como acto reclamado la omisión de dar acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación ++++. De entrada, es oportuno señalar que, de la copia certificada del juicio de amparo 1213/2021, se advierte que la citada carpeta administrativa de control de actos de investigación, derivó de una solicitud de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, realizada por +++++, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que se llevara a cabo una diligencia de cateo en el inmueble ubicado en Privada de la ++++++ Puebla. La mencionada técnica de investigación (cateo) se autorizó por resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno por le juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con el objeto de buscar en el domicilio señalado alguno de los siguientes narcóticos: 1. Cannabis sativa o marihuana; 2. Clorhidrato de cocaína o cocaína; 3. Metanfetamina de desoxiefedrina o cristal; 4. Hidrocloruro de metanfetamina y morfina, ingrediente activo de la heroína. A lo cual debía limitarse la diligencia. Cabe señalar que el acto por el cual se dio inicio a la referida técnica de investigación -el cateo del bien inmueble referido- ya fue ejecutado por los elementos autorizados en la resolución en comento, pues así se desprende de las copias certificada del juicio de amparo 1213/2021 del índice de este juzgado. Ahora, para el caso que nos ocupa, es útil indicar que para la procedencia del juicio de amparo, se debe estimar que debe existir una vulneración a los derechos humanos por un acto de una autoridad; ello, acorde al principio de agravio personal y directo. Sobre el particular, el quejoso se ostenta como arrendatario del bien inmueble en el cual se ejecutó el acto de investigación consistente en una orden de cateo y en este juicio de amparo, alude como reclamo la omisión del juez de control señalado como responsable de darle acceso a las constancias relativas a la técnica de investigación contenida en la carpeta judicial administrativa ++++. En términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, salvo que se ubique en hipótesis específicas, a saber: 1) Cuando se encuentra detenido; Se pretenda recabar su declaración; 3) Sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) Sea sujeto de un acto de molestia. Momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no3 . Por su parte, acorde al numeral 16 de la Constitución Federal y del artículo 2824 y 2835 , del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de cateo constituye una técnica de investigación que únicamente amerita la comparecencia del ministerio público que la solicitó por audiencia privada ante el juez de control (sigilo), esto es, no requiere de intervención de parte alguna distinta del ministerio público y aquella no será notificada las partes hasta su ejecución, tal y como se desprende del artículo 288 6 , del señalado código nacional. Tales fines concurren para procurar el éxito de la investigación. De lo anterior, se establece que al aquí impetrante de amparo carece de legitimación para solicitar la protección de la Justicia de la Unión; ello es así, ya que como se dijo previamente, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos sustantivos del quejoso, lo que en la especie no acontece. De esa forma, el acto consistente en la omisión de darle acceso a la totalidad de las constancias que integran la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación +++++ encuentran la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII relacionado con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En el artículo 6 de la Ley de Amparo, se establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita. En consecuencia, la causa de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo 76, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Entonces, el quejoso Alan David Díaz Ortigoza carece de legitimación para ejercer la acción constitucional, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; pero en el caso, la técnica de investigación referente al cateo que obra en la carpeta judicial administrativa corresponde a un acto de investigación exclusivamente expedido a solicitud del Ministerio Público, donde se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. De ahí que el quejoso no está legitimado para tener acceso a dichas actuaciones, pues precisamente corresponden a actos de sigilo, en este caso, con la finalidad de buscar y recolectar los narcóticos a que se ha hecho referencia en líneas previas. Por consiguiente, el acto de no darle acceso a ++++++ a la carpeta judicial administrativa ++++++ no afecta sus derechos sustantivos, máxime que los términos de su demanda, reflejan que los actos reclamados son ajenos a su esfera jurídica, porque no los resintió en forma directa como imputado pues exclusivamente se autorizó una técnica de investigación en un domicilio. Por otra parte, el referido acto, la omisión de darle acceso a la carpeta judicial administrativa de actos de investigación ++++ no puede afectar de forma directa la esfera de los derechos sustantivos del quejoso, ya que el acto de investigación de la orden de cateo no se libró con el objeto de lograr la detención de aquél y restringir su libertad, sino únicamente para buscar en el inmueble objeto del cateo los narcóticos detallados. Con independencia de lo anterior, aun cuando el quejoso reclama la omisión de darle acceso a la carpeta judicial administrativa de actos de investigación ++++, el cateo en el inmueble ubicado en Privada de la ++++++ya se ejecutó, tal y como se advierte del informe justificado del juez de control Enrique López Criollo, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Centro, con residencia en la ciudad de Puebla, rendido en el juicio de amparo 1213/2021, de este órgano jurisdiccional, a través del oficio 43727/2021/JC, cuya copia certificada obra en este expediente, por lo que dicho acto se clasifica como de los irreparablemente consumados. Por consiguiente, es indudable la improcedencia de este juicio de amparo, ya que si bien el quejoso reclama en este juicio la omisión de la responsable de darle acceso a la totalidad de las constancias que derivaron del control de la técnica de investigación a la que se ha hecho referencia, es claro que el impetrante de amparo carece totalmente de la legitimación para acudir al juicio de amparo, ya que como se dijo en párrafos previos, dicha orden, por su naturaleza, es una técnica de investigación embestida de sigilo y sujeta a un control judicial, la cual únicamente podrá ser de conocimiento de las partes hasta su ejecución, lo que como se ha señalado previamente ya aconteció, ya que la aludida técnica se ha ejecutado de forma irreparable. Aunado a lo anterior, como ya se indicó, la técnica de investigación no se realizó con la finalidad de lograr la detención del propio quejoso +++++ por lo que no se afecta de forma real y directa la esfera jurídica de aquél, pues derivó de una técnica de investigación (cateo) generada con fines de investigación de los hechos con apariencia de delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, la cual se libró para buscar los narcóticos señalados en la resolución del juez de control responsable de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la cual, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales debe notificarse al momento de su ejecución. Así, al corresponder a un acto de investigación, solo puede tener el quejoso acceso a tales actos, en términos de lo indicado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los mismos son reservados. Por último, y con independencia que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del quejoso, debe decirse que en las copias certificadas del juicio de amparo 1213/2021 recibidas en este juicio, obran las actuaciones que forman la referida carpeta judicial administrativa ++++++, por ende, el quejoso se encuentra en posibilidad de conocer su contenido al efectuar la revisión de este expediente. En consecuencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por Alan David Díaz Ortigoza, contra la omisión atribuida juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, de dar acceso a las constancias relativas a la técnica de investigación contenida en la carpeta judicial administrativa +++++. Exhortación para la tramitación de juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o l Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (Mayorazgo, Puebla). Queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesional Alan Robledo Zenteno; lo anterior es así, ya que la parte quejosa le otorgó esa facultad y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas, quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal. Empero, se le hace saber que se tendrá en consideración en caso de querer establecer contacto, como se señalará más adelante. Acceso al expediente. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "++++". Por lo tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Comunicación con las partes A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. En ese sentido, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por el quejoso. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha toma de fotografías podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita. Acceso a la información y protección de datos. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto7 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A para que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; personalmente al quejoso en su domicilio procesal (con las medidas de protección).

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