Alan David Díaz Ortigoza

Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
16/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Alan David Díaz Ortigoza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 16/2022-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. DECLARACIÓN DE FIRMEZA PROCESAL Y ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de los autos, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES No se advierten documentos exhibidos por el quejoso, motivo por el cual se deja de proveer lo relativo. . Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de enero de dos mil veintidós. Radicación. Se ordena agregar al expediente el oficio 208/2022, remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, de donde se desprende el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, en el que esencialmente se acordó la separación de autos, realizada en el diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este juzgado; al cual se acompaña copia certificada de este último expediente, incluido el escrito de ampliación de la demanda, promovido por *, en el que señaló diversos actos reclamados. Respecto de dicha ampliación se hizo tal separación de juicios, ordenándose la tramitación respectiva como nueva demanda por el acto que corresponde a este expediente. Así pues, dado que se remite copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente 1213/2021 del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto del escrito de ampliación de la demanda de amparo presentada por *, por propio derecho; en consecuencia, se ordena colocar al expediente de tutela constitucional recibido, una carátula con los datos de este órgano, y registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Asimismo, se agrega el distinto oficio 430/2022, también remitido por la misma secretaria adscrita a este juzgado, por el cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en esta data (diez de enero de dos mil veintidós), en donde se establece con precisión que con motivo de la separación de juicios (decretada en auto de cinco de enero de dos mil veintidós) en el referido juicio de amparo 1213/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el acto que habrá de involucrar la litis de este expediente se hace consistir en: la orden de cateo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, reclamada del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro (*), con sede en la ciudad de Puebla, respecto del domicilio ubicado en *, relacionada con la carpeta de investigación *. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, como se dijo, de dicha separación de juicios, se advierte que el acto que habrá de involucrar el siguiente:  La orden de cateo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, reclamada del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro (*), con sede en la ciudad de Puebla, respecto del domicilio ubicado en*, relacionada con la carpeta de investigación*. Respecto de dicho acto reclamado, se actualiza la hipótesis normativa relativa a los actos consumados de manera irreparable y, por ende, prevista en la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Es así, porque debe considerarse que, por una parte, de la copia certificada remitida, relativa al diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el Juez de Control de la Región Judicial Centro al rendir su informe justificado y la aclaración1 del mismo (véase promociones con registros 16838 y 17027), hizo del conocimiento esencialmente lo siguiente:  Que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo (*) solicitó autorización para realizar la diligencia de cateo respecto al referido inmueble.  Que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dicho juez de control libró la orden de cateo solicitada.  Que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el oficio * del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en donde se le comunicó el resultado de la orden de cateo. Lo anterior se corrobora con las constancias agregadas al informe justificado (promoción con registro 16838), en donde obra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en donde el mencionado Juez de Control de la Región Judicial Centro, recibió el aludido oficio * del aludido Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en el que comunicó que los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, * , informó haber dado cabal cumplimiento a la resolución dictada por ese juzgador. Constancias a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, conforme lo dispuesto en el numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De dichas constancias y, en particular, de los informes en mención, queda patente que la orden de cateo (derivada de la separación de juicios ya aludida y que es materia de este juicio de amparo) que constituye el acto reclamado, ya fue ejecutada; esto es, se llevó a cabo la diligencia de cateo respectiva. En congruencia con lo expuesto, debe tomarse en cuenta lo expresado en el escrito de ampliación que aquí se acuerda como una nueva demanda de amparo (ampliación de la demanda de amparo presentada en el diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este órgano jurisdiccional). En efecto, de dicho ocurso, destaca el segundo antecedente (manifestado bajo protesta de decir verdad) en donde el quejoso hace del conocimiento la ejecución de la orden de cateo aquí reclamada, como se muestra en la imagen inserta a continuación: Las anteriores, constituyen manifestaciones expresas hechas en el escrito que se provee, que se traducen en una confesión, en términos de los artículos 95 y 200, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de donde se confirma la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Esto es así, pues las aludidas manifestaciones, adminiculadas con lo expuesto por el juez de control en el informe justificado y su aclaración, permiten evidenciar que el acto ahora reclamado se consumó de manera irreparable, como consecuencia de haberse ejecutado la orden de cateo; por lo tanto, ya se han realizado en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente, que no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedente analizada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 20/2021), se tiene a la parte quejosa señalando su correo electrónico. Se hace la precisión que ese medio de comunicación sólo será considerado para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Domicilio físico, sin autorizados y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda de amparo. Asimismo, *, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa le otorgó esa facultad y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal. Empero, pues se tuvo solo como medio para establecer contacto. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario *". Por lo tanto, se instruye que se habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, diez de enero de dos mil veintidós. Radicación. Se ordena agregar al expediente el oficio 208/2022, remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, de donde se desprende el auto de cinco de enero de dos mil veintidós, en el que esencialmente se acordó la separación de autos, realizada en el diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este juzgado; al cual se acompaña copia certificada de este último expediente, incluido el escrito de ampliación de la demanda, promovido por *, en el que señaló diversos actos reclamados. Respecto de dicha ampliación se hizo tal separación de juicios, ordenándose la tramitación respectiva como nueva demanda por el acto que corresponde a este expediente. Así pues, dado que se remite copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente 1213/2021 del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto del escrito de ampliación de la demanda de amparo presentada por *, por propio derecho; en consecuencia, se ordena colocar al expediente de tutela constitucional recibido, una carátula con los datos de este órgano, y registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado por su similar 20/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21, causante de la enfermedad COVID-19. Asimismo, se agrega el distinto oficio 430/2022, también remitido por la misma secretaria adscrita a este juzgado, por el cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en esta data (diez de enero de dos mil veintidós), en donde se establece con precisión que con motivo de la separación de juicios (decretada en auto de cinco de enero de dos mil veintidós) en el referido juicio de amparo 1213/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, el acto que habrá de involucrar la litis de este expediente se hace consistir en: la orden de cateo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, reclamada del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro (*), con sede en la ciudad de Puebla, respecto del domicilio ubicado en *, relacionada con la carpeta de investigación *. Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, como se dijo, de dicha separación de juicios, se advierte que el acto que habrá de involucrar el siguiente:  La orden de cateo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, reclamada del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro (*), con sede en la ciudad de Puebla, respecto del domicilio ubicado en*, relacionada con la carpeta de investigación*. Respecto de dicho acto reclamado, se actualiza la hipótesis normativa relativa a los actos consumados de manera irreparable y, por ende, prevista en la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Es así, porque debe considerarse que, por una parte, de la copia certificada remitida, relativa al diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el Juez de Control de la Región Judicial Centro al rendir su informe justificado y la aclaración1 del mismo (véase promociones con registros 16838 y 17027), hizo del conocimiento esencialmente lo siguiente:  Que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo (*) solicitó autorización para realizar la diligencia de cateo respecto al referido inmueble.  Que el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dicho juez de control libró la orden de cateo solicitada.  Que el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el oficio * del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en donde se le comunicó el resultado de la orden de cateo. Lo anterior se corrobora con las constancias agregadas al informe justificado (promoción con registro 16838), en donde obra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en donde el mencionado Juez de Control de la Región Judicial Centro, recibió el aludido oficio * del aludido Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en el que comunicó que los agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, * , informó haber dado cabal cumplimiento a la resolución dictada por ese juzgador. Constancias a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, conforme lo dispuesto en el numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De dichas constancias y, en particular, de los informes en mención, queda patente que la orden de cateo (derivada de la separación de juicios ya aludida y que es materia de este juicio de amparo) que constituye el acto reclamado, ya fue ejecutada; esto es, se llevó a cabo la diligencia de cateo respectiva. En congruencia con lo expuesto, debe tomarse en cuenta lo expresado en el escrito de ampliación que aquí se acuerda como una nueva demanda de amparo (ampliación de la demanda de amparo presentada en el diverso juicio de amparo 1213/2021 del índice de este órgano jurisdiccional). En efecto, de dicho ocurso, destaca el segundo antecedente (manifestado bajo protesta de decir verdad) en donde el quejoso hace del conocimiento la ejecución de la orden de cateo aquí reclamada, como se muestra en la imagen inserta a continuación: Las anteriores, constituyen manifestaciones expresas hechas en el escrito que se provee, que se traducen en una confesión, en términos de los artículos 95 y 200, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de donde se confirma la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Esto es así, pues las aludidas manifestaciones, adminiculadas con lo expuesto por el juez de control en el informe justificado y su aclaración, permiten evidenciar que el acto ahora reclamado se consumó de manera irreparable, como consecuencia de haberse ejecutado la orden de cateo; por lo tanto, ya se han realizado en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente, que no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedente analizada, en forma indudable y manifiesta. Anotación interna. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Comunicación especial con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 20/2021), se tiene a la parte quejosa señalando su correo electrónico. Se hace la precisión que ese medio de comunicación sólo será considerado para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y en caso de estimarse necesario). Sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 Poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Domicilio físico, sin autorizados y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda de amparo. Asimismo, *, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa le otorgó esa facultad y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Las demás personas quedan autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones en su nombre en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa así lo solicito en su escrito de demanda. Sin que se tenga como medio para recibir notificaciones, el correo electrónico proporcionado, pues la Ley de Amparo, no lo contempla como tal. Empero, pues se tuvo solo como medio para establecer contacto. Ahora, dado a que fue solicitado de forma expresa en el escrito de demanda, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario *". Por lo tanto, se instruye que se habilite en dicho sistema al usuario antes precisado para los efectos ahí establecidos. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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