Alan Díaz Ortigoza

Expediente 21/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
21/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Alan Díaz Ortigoza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 21/2022-I Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diez de enero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 21/2022-I Puebla, Puebla, diez de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe el oficio de cuenta, signado por la actuaria de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En éste, se remite copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente 1213/2021-III del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto de la demanda de amparo presentada por *, por propio derecho. En consecuencia, se ordena colocar al expediente de tutela constitucional recibido, una carátula con los datos de este órgano, y registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin embargo, toda vez que el juicio de origen corresponde al índice de este mismo juzgado, se descarta librar oficio de notificación para acusar recibo de los anexos recibidos. Precisión de las autoridades responsables y actos reclamados n primer lugar, conviene precisar que en términos del acuerdo de separación de juicios, de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 1213/2021-III, y las constancias que integran el expediente, este juicio sólo comprenderá lo relativo a las autoridades responsables siguientes: 1. *, Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia; 2. *, Agente Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, y, 3. * Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Asimismo, el acto reclamado lo constituye: a) La integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación *. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se advierte que en el presente asunto se tienen como acto reclamado la integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación *. Bajo ese contexto, se precisa que la carpeta judicial administrativa de control es un expediente que lleva un Juez de Control para registrar, desahogar actos o audiencias, respecto de una causa penal. En el caso particular, no se puede atribuir a las autoridades ministeriales señaladas como responsables la integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación, ya que dentro de sus facultades no se encuentra dicha atribución; se insiste, porque dicha integración trata de actuaciones judiciales o jurisdiccionales. De cualquier modo, en relación a una carpeta de investigación -atribuida a autoridades ministeriales-, el juicio de amparo resulta improcedente, porque esa "integración" consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si respecto de un hecho sometido a su conocimiento, hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos de investigación dentro de una indagatoria sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional; empero, ello está condicionado a que los mismos materialicen un acto de molestia irreparable en la persona o bienes del investigado, lo que en la especie no acontece, pues de manera lacónica el quejoso reclama la "integración" de la carpeta de investigación y no un acto específico de investigación. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis aislada de la Novena Época (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2004, tomo XX, visible a página 351, registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura, inicio o integración de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por *, contra la integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación *, pues se actualizó una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, toda vez que ha proporcionado un usuario para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le hace saber también puede optar por la vía electrónica como medio para recibir notificaciones personales. Asimismo, * queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo el quejoso y encontrarse registrada su cedula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, * quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, pues el quejoso no les otorgó facultades amplias. Acceso al expediente electrónico. El promovente solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario*Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona el quejoso. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será empleados para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha toma de fotografías podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de día y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el sistema integral de seguimiento de los expedientes. Se instruye a la Oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 21/2022-I Puebla, Puebla, diez de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe el oficio de cuenta, signado por la actuaria de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En éste, se remite copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente 1213/2021-III del índice de este juzgado, con motivo de la separación de juicios respecto de la demanda de amparo presentada por *, por propio derecho. En consecuencia, se ordena colocar al expediente de tutela constitucional recibido, una carátula con los datos de este órgano, y registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin embargo, toda vez que el juicio de origen corresponde al índice de este mismo juzgado, se descarta librar oficio de notificación para acusar recibo de los anexos recibidos. Precisión de las autoridades responsables y actos reclamados n primer lugar, conviene precisar que en términos del acuerdo de separación de juicios, de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 1213/2021-III, y las constancias que integran el expediente, este juicio sólo comprenderá lo relativo a las autoridades responsables siguientes: 1. *, Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia; 2. *, Agente Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, y, 3. * Agente Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia. Asimismo, el acto reclamado lo constituye: a) La integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación *. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se advierte que en el presente asunto se tienen como acto reclamado la integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación *. Bajo ese contexto, se precisa que la carpeta judicial administrativa de control es un expediente que lleva un Juez de Control para registrar, desahogar actos o audiencias, respecto de una causa penal. En el caso particular, no se puede atribuir a las autoridades ministeriales señaladas como responsables la integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación, ya que dentro de sus facultades no se encuentra dicha atribución; se insiste, porque dicha integración trata de actuaciones judiciales o jurisdiccionales. De cualquier modo, en relación a una carpeta de investigación -atribuida a autoridades ministeriales-, el juicio de amparo resulta improcedente, porque esa "integración" consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si respecto de un hecho sometido a su conocimiento, hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos de investigación dentro de una indagatoria sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional; empero, ello está condicionado a que los mismos materialicen un acto de molestia irreparable en la persona o bienes del investigado, lo que en la especie no acontece, pues de manera lacónica el quejoso reclama la "integración" de la carpeta de investigación y no un acto específico de investigación. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis aislada de la Novena Época (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2004, tomo XX, visible a página 351, registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura, inicio o integración de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por *, contra la integración de la carpeta judicial administrativa de control de actos de investigación *, pues se actualizó una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV, de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, toda vez que ha proporcionado un usuario para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le hace saber también puede optar por la vía electrónica como medio para recibir notificaciones personales. Asimismo, * queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo el quejoso y encontrarse registrada su cedula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, * quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, pues el quejoso no les otorgó facultades amplias. Acceso al expediente electrónico. El promovente solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario*Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona el quejoso. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será empleados para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 20/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha toma de fotografías podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de día y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el sistema integral de seguimiento de los expedientes. Se instruye a la Oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso; y cúmplase

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano