Abelardo Luis Ramos Barajas

Expediente 777/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
777/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Abelardo Luis Ramos Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio y documental presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el nueve de julio del presente año (fojas 64-65), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, manifestó haber dado cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Abelardo Luis Ramos Barajas. Posteriormente, mediante proveído de quince de julio del año actual (foja 75), se dio vista a la referida parte agraviada con el oficio y anexo en cuestión, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó a la parte quejosa por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, el diecinueve de julio siguiente (foja 78), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. .... En ese contexto, por sentencia dictada dentro del presente contradictorio constitucional el doce de junio de la presente anualidad (fojas 35-48), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XV, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A. Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 24 fracción XV de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del referido ordenamiento; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y, B. Devolver a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de refrendo anual de permiso alcoholes e impuestos adicionales para el fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, previstos en los preceptos declarados inconstitucionales; la cual debía estar actualizada. Ahora bien, a través del oficio y documental mencionados en los párrafos que anteceden, la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que cumplió con el fallo protector (fojas 72-73), de los cuales se advierte que efectuó la devolución monetaria a la parte accionante del amparo, mediante el cheque con número 0001325, valioso por la cantidad de $9,329.96 (nueve mil trescientos veintinueve pesos 96/100 moneda nacional), la cual efectivamente corresponde a la cantidad que ésta erogó a su favor con motivo de la aplicación de la norma combatida y su actualización. Se dice lo anterior, dado que al monto que pagó el quejoso, esto es, la cantidad de $9,316.04 (nueve mil trescientos dieciséis pesos 04/100 moneda nacional) debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y el ocho de julio siguiente, se efectúo la devolución de la totalidad de la cantidad indicada en el párrafo que antecede; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a julio del presente año. Entonces, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el mes de junio del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del presente año fue de 103.079 y para junio del mismo año de 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00149. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el quejoso, esto es, $9,316.04 (nueve mil trescientos dieciséis pesos 04/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,330.00 (nueve mil trescientos treinta pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $13.96 (trece pesos 96/100 moneda nacional). Por tanto, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $9,330.00 (nueve mil trescientos treinta pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,329.96 (nueve mil trescientos veintinueve pesos 96/100 moneda nacional), es decir, un déficit a favor de la parte agraviada por la cantidad de $00.04 (cuatro centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; sin embargo, carece de relevancia documental y, por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio y documental presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el nueve de julio del presente año (fojas 64-65), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, manifestó haber dado cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Abelardo Luis Ramos Barajas. Posteriormente, mediante proveído de quince de julio del año actual (foja 75), se dio vista a la referida parte agraviada con el oficio y anexo en cuestión, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó a la parte quejosa por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, el diecinueve de julio siguiente (foja 78), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. .... En ese contexto, por sentencia dictada dentro del presente contradictorio constitucional el doce de junio de la presente anualidad (fojas 35-48), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Los artículos 24, fracción XV, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa, determinadas en la impresión de determinación de pago exhibida por la quejosa previstas en el artículo 24, fracción XV, de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A. Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 24 fracción XV de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del referido ordenamiento; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y, B. Devolver a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de refrendo anual de permiso alcoholes e impuestos adicionales para el fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, previstos en los preceptos declarados inconstitucionales; la cual debía estar actualizada. Ahora bien, a través del oficio y documental mencionados en los párrafos que anteceden, la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que cumplió con el fallo protector (fojas 72-73), de los cuales se advierte que efectuó la devolución monetaria a la parte accionante del amparo, mediante el cheque con número 0001325, valioso por la cantidad de $9,329.96 (nueve mil trescientos veintinueve pesos 96/100 moneda nacional), la cual efectivamente corresponde a la cantidad que ésta erogó a su favor con motivo de la aplicación de la norma combatida y su actualización. Se dice lo anterior, dado que al monto que pagó el quejoso, esto es, la cantidad de $9,316.04 (nueve mil trescientos dieciséis pesos 04/100 moneda nacional) debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y el ocho de julio siguiente, se efectúo la devolución de la totalidad de la cantidad indicada en el párrafo que antecede; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a julio del presente año. Entonces, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el mes de junio del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del presente año fue de 103.079 y para junio del mismo año de 103.233. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00149. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el quejoso, esto es, $9,316.04 (nueve mil trescientos dieciséis pesos 04/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,330.00 (nueve mil trescientos treinta pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $13.96 (trece pesos 96/100 moneda nacional). Por tanto, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $9,330.00 (nueve mil trescientos treinta pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,329.96 (nueve mil trescientos veintinueve pesos 96/100 moneda nacional), es decir, un déficit a favor de la parte agraviada por la cantidad de $00.04 (cuatro centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; sin embargo, carece de relevancia documental y, por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio de cuenta signado por María Leticia González Guzmán, en calidad de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit, parte tercera interesada, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal y como lo acredita con el anexo que adjunta; en consecuencia, con apoyo en el precepto 192 de la Ley de la Materia, agréguense a sus autos el ocurso y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexos, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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