Abel Vargas Jiménez

Expediente 753/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
753/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Abel Vargas Jiménez
  • María Eugenia Bobadilla Amparo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, a través del cual, adjunta entre otros, el oficio signado por el Juez Primero de Distrito de dicho Centro, al que se acompañan los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 469/2017 (auxiliar 208/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el catorce de junio del año en curso, de la que se advierte que por una parte se sobreseyó y por otro lado, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En consecuencia, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo a partir de su envío; además, téngase por recibido un disco compacto que contiene el referido fallo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Luego, acúsese el recibo de estilo. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se aprecia que se otorgó al perito oficial *************, un término de diez días siguientes a la notificación del citado acuerdo, a efecto de que emitiera su correspondiente dictamen pericial y toda vez que hasta la fecha no ha transcurrido tal plazo, en virtud de que la notificación correspondiente se practicó el veinticinco del mismo mes y año, surtió sus efectos al siguiente día hábil; por tanto, dicho plazo sigue transcurriendo. Por otro lado, visto el proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 278, Tomo X), se indicó que se otorgaría un plazo prudente a Raúl Peña Herz, en su calidad de perito designado por la parte quejosa, a efecto de que emita su respectivo dictamen pericial; por tanto, con fundamento en el párrafo segundo del dispositivo 148 y 297, fracción I, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º, requiérase al citado perito, para que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, emita su dictamen pericial debidamente ratificado ante la presencia judicial. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por ****** "Rancho de Los Llanitos", parte aquí quejosa, mediante el cual solicitan se requiera al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que remita la resolución que dice emitió en relación al ejercicio de la no acción penal de las autoridades responsables, referentes al incidente de violación a las suspensiones de plano. En virtud de lo anterior, de autos se aprecia que el Representante Social quien fue el que informó que decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/NAY/BUC/0000288/2017, es el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Única Investigadora en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en relación al incidente de violación a la suspensión de plano de fecha once de abril de dos mil dieciséis; por tanto, se requiere al mencionado representante, a efecto de que remita copia certificada de la citada resolución, de conformidad a los artículos 93 y 94 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo abrogada, dentro del término de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación respectivo, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello; apercibida, que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el dispositivo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la anterior ley de la materia.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 248, de nueve de mayo de la presente anualidad, signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, a través del cual adjunta el los autos originales del juicio de amparo indirecto número 1701/2017 (auxiliar 205/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el nueve de mayo del año en curso, y de la que se advierte que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Asimismo, ténganse por recibido un disco compacto que contiene el referido fallo y siete diversos medios de pruebas que se adjuntan. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinte de abril del año que transcurre (foja 164), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera dentro del término de tres días, sin que en dicho lapso se hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "*** Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de marzo del año actual (fojas 129 a 145), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $4,434.34 (cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con treinta y cuatro centavos), por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO" (fojas 45 y 121), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanza del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es para que no le aplicaran en el presente y en el futuro tales artículos, y, B). Devolver al peticionario de amparo la cantidad de $4,434.34 (cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos con treinta y cuatro centavos), por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO" (fojas 45 y 121), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", la cual debía estar debidamente actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos el diecinueve de abril de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 161 a 163), acreditó que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, devolvió la cantidad de $4,301.27 (cuatro mil trescientos un pesos 27/100 moneda nacional), por medio de cheque, como se advierte con la copia del mismo (foja 162), la cual, dicha cantidad debía estar debidamente actualizada, de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debía atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realizó el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de octubre de dos mil diecisiete y el dieciséis de abril del año en curso, se efectúo la devolución mediante cheque, por la cual la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecisiete a marzo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del presente año entre el índice para el mes de octubre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue 127.912; y para el mes de marzo 132.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03536. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $4,301.27 (cuatro mil trescientos un pesos 27/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $146.93 (ciento cuarenta y seis pesos 93/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $4,301.27 (cuatro mil trescientos un pesos 27/100, moneda nacional), lo que pone en evidencia el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

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