Abelino Yáñez Martínez

Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
351/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit
  • Abelino Yáñez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés8062En treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza de Distrito con el oficio con número de registro 8062, así como anexo. Conste. Tepic, Nayarit, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe comunicado. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer********************, a través del cual comunica la ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitida dentro del Recurso de Queja ********************y el original del juicio de amparo 1348/2022 en un tomo. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado se aprecia, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa********************y confirmó el auto recurrido de dos de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación en comento, aplicado contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues se desechó de plano la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, es susceptible de destrucción. Glosa cuaderno de antecedentes. Finalmente, agréguese a este sumario las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Maria Guadalupe Montoya Villa, que autoriza y da fe. Harfrey

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Téngase por recibido la misiva de cuenta suscrita por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el arti´culo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del te´rmino de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificacio´n del presente provei´do, manifieste lo que a su intere´s legal convenga, en relacio´n con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a la parte quejosa que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este o´rgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de me´rito y dema´s elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relacio´n con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    diecisiete de marzo de dos mil veintitrés6653 y 6825En diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Jueza de Distrito con dos escritos registrados bajo los números de folios 6653 y 6825. Conste. TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se reciben escritos. Téngase por recibido el escrito de cuenta registrado bajo el número de folio 6653, suscrito electrónicamente por el quejoso Eduardo Valencia Castellanos, a través del cual, se advierte en la parte expositiva del mismo, particularmente en el número romano tercero lo siguiente: "III. Su determinación arbitraria consistente en unilateralmente dejar de conocer de este juicio, contraviene el texto del artículo 53 de la ley de Amparo "el que se excusa deberá, en su caso proveer sobre la suspensión cuando proceda legalmente la de oficio" máxime cuando está en trámite, la excusa que usted planteó, que por la más elemental lógica, quien deberá de resolver al respecto es su superioridad y no usted." Al respecto, con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º, se requiere al promovente, para que en los sucesivos escritos que presente ante este Órgano Jurisdiccional, se conduzca con respeto hacia esta juzgadora, con el apercibimiento que de no acatar lo anterior se hará acreedor a alguna corrección disciplinaria prevista en el artículo en cita. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis X.1o. 24 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página novecientos setenta y uno, Tomo X, Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. PROCEDE IMPONERLA AL LITIGANTE POR DENOSTAR, AL FORMULAR SU DEMANDA DE AMPARO, AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DE LA MISMA (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De acuerdo al artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, por ser dicho ordenamiento legal y no el de la Ley de Amparo, el que previene las reglas específicas que los funcionarios judiciales han de contemplar respecto de sus facultades y obligaciones para mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debida, cuando un litigante formule una demanda de garantías, debe hacerlo de manera pacífica y respetuosa como lo establece el precepto 8o. constitucional; de ahí que cuando lo realice en forma contraria profiriendo frases ofensivas y soeces, ello constituye una falta de respeto al órgano jurisdiccional que conoce de la misma, así como de la autoridad responsable, por lo que con apoyo en el precepto antes citado, procede imponer al litigante una corrección disciplinaria, pudiendo consistir ésta en multa que previene la fracción II, del numeral 55 del ordenamiento legal invocado, por haber denostado dicho profesionista a la autoridad que tiene como función, además de guardar el buen orden, el decoro y la dignidad de la función judicial, el impartir justicia.". Asimismo, por analogía, es aplicable la diversa tesis XI.1o. 9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página mil treinta y cuatro, Tomo XVII, Febrero de dos mil tres, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. FACULTAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA IMPONERLA A QUIEN SE CONDUCE CON FALTA DE RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 37, fracción IX, párrafo segundo, en relación con el diverso 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante ellos falten al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación, y es indudable que se coloca en esa hipótesis y da lugar a que se le aplique cualquiera de aquellas correcciones disciplinarias, el representante legal del quejoso que, al formular la demanda de garantías, incluye frases ofensivas y soeces en contra de la autoridad responsable, ya que al proceder así somete al análisis del tribunal de amparo expresiones injuriosas, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, que exige que toda solicitud dirigida a funcionarios o empleados públicos se formule de manera respetuosa.". Ello, en razón de que en su ocurso de cuenta se plasman expresiones como "arbitraria", "unilateralmente", "la más elemental lógica"; "quien deberá de resolver al respecto es su superioridad y no usted", palabras tendentes a denostar a esta Juzgadora, al señalar que la misma contraviene lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Amparo. De ahí, que sea necesario precisar que el artículo 53 de la Ley de la Materia, señala que, el que se excuse, debe proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio, ya que en ese supuesto se encuentra obligado a determinar lo conducente; asimismo, el artículo precisa que, es el aquo que deba sustituirlo el que resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento. Por lo que, es importante señalar que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Valencia Castellanos, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, mismo que se declaró incompetente en razón de materia para su conocimiento y negó la medida la suspensión de plano solicitada. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juzgado que presido, sin embargo, la suscrita se declaró impedida para su conocimiento, al estimar que se actualiza la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, en términos del arábigo 55 del citado ordenamiento, remitiéndose el asunto al Tribunal Colegiado de este Circuito en Turno, para la resolución de la excusa planteada. No obstante, en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado el oficio y anexos de cuenta signados por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, mediante los cuales informó lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito en el recurso de queja 839/2022, interpuesto contra la negativa de la suspensión solicitada, mismo que fue declarado parcialmente fundado, para el efecto de que se le proporcionara atención médica al quejoso. Entonces, al haberse concedido la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable proporcionara atención médica al quejoso, y al ser una cuestión de carácter urgente, que aún de forma indirecta pone en peligro la vida y la integridad física, está suscrita se vio constreñida a velar por el cumplimiento de la misma de manera inmediata. Pero, al considerarse impedida, por las razones expuestas en la excusa previamente planteada, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Amparo, que señala que mientras se califica de legal el impedimento, el juez que se excuse debe ser sustituido, en aras del principio de seguridad jurídica y el derecho humano a un recurso judicial efectivo en favor del quejoso, la suscrita remitió los autos al Juzgado de Distrito en turno, para que se siguiera proveyendo sobre la suspensión de plano concedida. Apoya en lo conducente por analogía el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la tesis XXVIII.1o.6 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2117, Décima Época, que dice: "IMPEDIMENTO DEL JUEZ DE DISTRITO POR TENER INTERÉS PERSONAL EN EL ASUNTO. HASTA EN TANTO AQUÉL NO SE CALIFIQUE, DEBE SER OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y, EN SU CASO, DE LA MISMA ESPECIALIDAD, EL QUE PROVEA SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA Y FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS 53 Y 58 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 53 de la Ley de Amparo establece, como regla general, que cuando un juzgador se excuse de conocer de un asunto, está obligado a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que alegue tener interés personal en el expediente; supuesto conforme al cual, estará relevado de resolver sobre la medida cautelar, con excepción de que la paralización del acto proceda legalmente de oficio. Ahora, en el citado enunciado, el legislador previó que, ante esa eventualidad (impedimento por existir interés personal), el que sustituya al operador jurisdiccional, hasta en tanto se define la procedencia o no de la excusa, debe atender la solicitud de la suspensión provisional; sin embargo, en ninguna parte del aludido precepto se indica quién es el funcionario que ejerce esa sustitución -provisional-. Atento a ello, es dable acudir al artículo 58 de la propia ley, que indica que de declararse impedido el titular del órgano jurisdiccional, será otro Juez del mismo Distrito (y de la misma especialización, de serlo), el que conocerá en definitiva del asunto. Dicho numeral, si bien es aplicable, en principio, cuando se ha calificado de fundado el impedimento, lo cierto es que también lo puede ser en la eventualidad a que hace referencia el artículo 53 invocado. Por ende, de una interpretación armónica y funcional de ambos preceptos, se concluye que hasta en tanto no se resuelva la excusa planteada por el operador jurisdiccional, será competente otro Juez del mismo Distrito y, en su caso, de la misma especialidad, el que provisionalmente lo sustituya, quien conocerá del caso para el único efecto de definir lo que en derecho corresponda sobre la medida suspensional. Tal aserto encuentra asidero en el propósito que persigue la hipótesis contenida en el artículo 53 referido, consistente en evitar la falta de pronunciamiento sobre la suspensión del acto y, por ende, preservar la materia del juicio y tutelar el derecho humano a un recurso judicial efectivo". Sin embargo, el juzgador homologo determinó que esta juzgadora debía seguir conociendo de la suspensión de plano decretada, hasta que se resolviera el impedimento planteado, ello en razón de que consideró que la única excepción prevista en la ley para proveer sobre la misma era de que existiera un interés personal, lo cual señaló no acontecía. Cuestión, que no comparte esta juzgadora, ya que la misma externó circunstancias personales, como lo es, que el quejoso interpusiera una denuncia en contra de la misma, por lo que es factible decir que existe una situación de hecho que puede suscitar un conflicto de interés al existir un riesgo en la imparcialidad de esta jugadora al existir animadversión hacia el quejoso. Por lo que, previendo una posible pérdida de la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro del que goza esta juzgadora, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; es que no consideró viable seguir proveyendo sobre la suspensión de plano decretada. Lo anterior, constituye un hecho objetivo que debió tomar en consideración el juzgado homologo, al determinar el conocimiento de la referida suspensión. Al efecto, es aplicable la Jurisprudencia J/4 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 2024876, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: La autoridad judicial de amparo formuló impedimento para conocer de determinado asunto por estimar que se actualizaban elementos de los que pudiera estar en riesgo su imparcialidad, lo que obligó, en cada caso concreto, a examinar las premisas planteadas con base en la interpretación del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para que se actualice la causa de impedimento contenida en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial. Justificación: Lo anterior, porque las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de Amparo prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad con que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como idóneo para los juzgadores o la concordancia de la comunidad y el desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen". Por lo que previendo lo anterior y de acuerdo con los principios que rigen a esta juzgadora, la misma planteó la excusa correspondiente en el juicio de amparo indirecto 1374/2013 del índice de este órgano jurisdiccional, lo cual dio origen al impedimento 8/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, mismo que se declaró fundado. Entonces, en congruencia al mismo al recibir la presente demanda la suscrita me excuse para conocer del asunto, de ahí que como se enfatizó en párrafos precedentes la suscrita no me he declarado impedida en el presente asunto de manera unilateral, sino que con fundamento en el artículo 51 fracción VIII de la Ley de Amparo, plantee la excusa correspondiente, la cual dio origen al impedimento 10/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se declaró fundado, lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haberse determinado así en la Sesión Publica Ordinaria, llevada a cabo en esa fecha, por lo que, actualmente este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera del testimonio de la terminación correspondiente, para acordar lo conducente. Por otro lado, respecto, a lo solicitado por los escritos de cuenta del quejoso Eduardo Valencia Castellanos, a través de los cuales, por las razones que expone solicita se decrete el incumplimiento de la suspensión de plano otorgada en autos por parte de la autoridad responsable y se le tenga por aclarado el punto petitorio que refiere. Agréguese a sus autos los ocursos de mérito para los efectos legales a que haya lugar y téngasele aclarando el punto petitorio que refiere en el segundo de los ocursos presentados. En atención a lo peticionado en los líbelos presentados, dígasele que de momento no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado y que deberá estarse a lo acordado en auto de dieciséis de marzo del año en curso, por el cual éste juzgado federal requirió a Financiera Bienestar (antes Telecomm), a fin de que acredite con la constancia conducente (acuse recibo), la entrega del mensaje telegráfico plasmado en el comunicado 8277, de veintisiete de febrero del año en curso, dirigido al Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por el que este órgano jurisdiccional le requirió en los términos ahí precisados el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en autos bajo el apercibimiento respectivo de multa y de que dicha omisión puede constituir en el delito a que se refiere el ordinal 262, fracción III de la Ley de Amparo, en virtud de que únicamente refirió que la sucursal destino el dos de marzo del presente año hizo entrega del mensaje telegráfico, sin acompañar constancia alguna que así lo corrobore, a fin de proveer lo conducente en relación a lo requerido en autos. En ese sentido, una vez que se tenga la certeza de la recepción del mencionado mensaje telegráfico a la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional estará en condiciones de proveer lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Maria Guadalupe Montoya Villa, que autoriza y da fe. Harfrey La suscrita Maria Guadalupe Montoya Villa, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hago constar que el presente acuerdo no pudo ser firmado electrónicamente por la Titular de este órgano judicial antes de las 23:59 horas del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, debido a una falla técnica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; razón por la que el presente acuerdo quedará firmado electrónicamente fuera del horario correspondiente a la fecha indicada. Doy fe. MARIA GUADALUPE MONTOYA VILLA. SECRETARIA DE JUZGADO (FIRMA ELECTRÓNICA)

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha NO SE HA ACATADO LA EJECUTORIA DE AMPARO, no obstante, a que el procedimiento de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que no se cumpliría lo establecido en el artículo 17 constitucional, es decir, procurar una justicia pronta y expedita. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS IMPRORROGABLES, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acredite haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. Juan C.

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