Abel Hernández García
Expediente 2802/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2802/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Abel Hernández García
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado presentado por el ********************, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual informa la manera en que dio cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con el oficio y anexos recibidos en este juzgado el veintisiete de septiembre y cuatro de octubre, del presente año (fojas 110 a 113 y 116 a 122), así como con la comunicación de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el doce de noviembre del año en curso (fojas 54 a 56), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de trece de noviembre del actual año (foja 57), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la agraviada el catorce de noviembre del presente año y al ente tercero interesado el quince de ese mes, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva (fojas 59 y 62); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la quejosa del diecinueve al veintidós de ese mes y para el ente tercero interesado del veintiuno al veinticinco del mes próximo pasado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 34 a 40), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: Resolución que causó ejecutoria el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 50 y 51). De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Emitir los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral 473/2014 y lleve a cabo la ejecución total del laudo dictado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en particular, se pronuncie respecto del escrito presentado el ocho de marzo de este año, en el que planteó incidente de liquidación de laudo y solicitó se despachara auto de ejecución. Luego, a través del oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el doce de noviembre del actual año (fojas 54 a 56), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, acompañó en original el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en autos del juicio laboral 473/2014 de su índice, por medio del cual señaló fecha para el verificativo de la audiencia del incidente de planilla de liquidación, así como para la diligencia de reinstalación de la aquí quejosa en los términos señalados en el laudo correspondiente; a saber, las trece horas del doce de diciembre y doce horas del veintiocho de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, respectivamente. Por otra parte, la aquí quejosa Jazmín Hortencia Chan Ruiz, por conducto de su apoderado Ernesto Iván Arias Álvarez, manifestó que la ejecutoria no se encontraba cumplida, pues aduce que los actos efectuados por el Tribunal responsable únicamente pueden considerarse en vías de cumplimiento; ello, porque el Tribunal responsable no ha llevado a cabo la ejecución total del laudo emitido en el expediente laboral de origen, lo que resulta incongruente con el sentido del fallo protector, puesto que si bien mediante proveído de once de noviembre de este año, ese Tribunal señaló fecha para el verificativo de la audiencia del incidente de planilla de liquidación, omitió exhibir las constancias de notificación a las partes en el juicio laboral 473/2014 de su índice; pronunciarse respecto del escrito de ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el que solicitó se despachara auto de ejecución para que se fijara fecha y hora para que en compañía del Actuario Notificador se reinstalara a la quejosa. De ahí que, considera que se debe requerir al Tribunal responsable a fin de que remita las constancias de notificación respectivas del acuerdo de once del mes próximo pasado, así como para que provea la petición que formuló en relación a la reinstalación de su poderdante y las notificaciones de la determinación correspondiente. Son infundados los motivos de inconformidad de la agraviada, pues para tener por acatada la sentencia concesoria sujeta a cumplimiento, resulta suficiente que la autoridad responsable hubiera emitido un acuerdo en el que proveyó respecto de la solicitud formulada por la quejosa en la que planteó incidente de liquidación de laudo y solicitó se despachara auto de ejecución, ya que el núcleo esencial de la aludida ejecutoria fue precisamente que se acordará esa petición, no así la ejecución total del laudo, pues la protección constitucional se delimitó en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Máxime, que contrario a lo manifestado por el autorizado de la promovente del amparo, en la determinación de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 473/2014 del índice del Tribunal responsable, se señaló fecha para el desahogo de la diligencia de reinstalación de la aquí quejosa en los términos señalados en el laudo correspondiente; además, se apercibió a la demandada que de no cumplir se le impondría una multa hasta de veinte mil pesos. Además, es oportuno precisar que los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que si bien es cierto en la etapa de ejecución de laudo el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) emitida por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página: 2772, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Con base en lo anterior, la aludida segunda sala también determinó que cuando el promovente del amparo señale como acto reclamado la omisión genérica de la autoridad laboral de proveer la ejecución del laudo, el juicio de amparo indirecto será improcedente, pues definió que la naturaleza jurídica de dicho acto es inexistente, porque, como se vio, se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual guarda armonía con el numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo que regula la ejecución del laudo a petición de parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil setecientos setenta y uno, Materia Común, Libro III, Diciembre de dos mil once, Tomo 4, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: En suma, para considerar la existencia de una omisión reclamable en el juicio de amparo, es menester que se precise en la demanda que ésta se configura porque la responsable a la petición o promoción que previamente se le hizo, no ha actuado como legalmente le corresponde, es decir, sólo puede configurarse una omisión para efectos del juicio de amparo cuando la autoridad responsable no haya emitido, dentro del término conferido en la ley, pronunciamiento respecto de alguna petición a la cual deba recaer un acuerdo. Por tanto, tratándose de la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, por no ser una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, de manera que al reclamarse en este juicio la dilación en la ejecución del laudo pronunciado en el expediente 473/2014, en particular no proveer los escritos presentados el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en los cuales, respectivamente, se planteó incidente de liquidación de laudo y solicitó se despachara auto de ejecución, al emitir pronunciamiento al respecto por el Tribunal responsable, se cumplió con la ejecutoria de amparo. Ello, porque precisamente al señalar día y hora para el desahogo de la audiencia del incidente de planilla de liquidación y para la reinstalación de la parte trabajadora en el puesto que venía desempeñando, la responsable se pronunció respecto de los escritos de ocho de marzo de dos mil diecinueve, los que constituyen la participación individualizada del quejoso para vincular a la responsable con la ejecución del laudo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por Ernesto Iván Arias Álvarez, en su carácter de apoderado legal de Jazmín Hortencia Chan Ruiz, parte quejosa, así como la evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, en el cual realiza manifestaciones por las cuales considera que el fallo protector no ha sido cumplido; sin embargo, contrario a la que expresa, este juzgado declaró cumplida la ejecutoria por los motivos precisados con anterioridad, por lo que dígasele al promovente que deberá estarse a los acordado en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el delgado de la responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó; de igual manera, con el diverso presentado por el Director del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad y constancias que añadió (fojas 216 a 217), para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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