Abel Hinojosa Hernández

Expediente 2415/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2415/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Abel Hinojosa Hernández
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    dTEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en a) Tabla de notificación y cómputo del término de tres días que contempla el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido, que la notificación realizada a la parte quejosa, surtió sus efectos al siguiente día hábil. PARTE PROCESAL FECHA DE NOTIFICACIÓN TÉRMINO DE TRES DÍAS. Parte quejosa 14 de febrero de 2020 Del 18 al 20 de febrero de 2020 este órgano jurisdiccional el veintisiete de enero y siete de febrero de dos mil veinte, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se negó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó negar y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emitan los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral 346/2018, en el que el ahora quejoso figura como parte actora y sin exceder los términos de ley, ordenen las diligencias conducentes con el objeto de que el Actuario adscrito notifique al actor el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: ? Emitir los acuerdos correspondientes al estado procesal del juicio laboral 346/2018 y sin exceder los términos de ley, el Actuario notifique al actor el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó copia certificada del acuerdo emitido el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral número 346/2018, de su índice; asimismo, de las constancias de notificación practicadas al aquí quejoso de los proveídos de seis de diciembre de dos mil dieciocho y veinticuatro de enero de dos mil veinte. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se negó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en un legajo a la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en a) Tabla de notificación y cómputo del término de tres días que contempla el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido, que la notificación realizada a la parte quejosa, surtió sus efectos al siguiente día hábil. PARTE PROCESAL FECHA DE NOTIFICACIÓN TÉRMINO DE TRES DÍAS. Parte quejosa 14 de febrero de 2020 Del 18 al 20 de febrero de 2020 este órgano jurisdiccional el veintisiete de enero y siete de febrero de dos mil veinte, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se negó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó negar y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emitan los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral 346/2018, en el que el ahora quejoso figura como parte actora y sin exceder los términos de ley, ordenen las diligencias conducentes con el objeto de que el Actuario adscrito notifique al actor el auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: ? Emitir los acuerdos correspondientes al estado procesal del juicio laboral 346/2018 y sin exceder los términos de ley, el Actuario notifique al actor el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó copia certificada del acuerdo emitido el veinticuatro de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral número 346/2018, de su índice; asimismo, de las constancias de notificación practicadas al aquí quejoso de los proveídos de seis de diciembre de dos mil dieciocho y veinticuatro de enero de dos mil veinte. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se negó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en un legajo a la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta, signado por ********************, perito designado por la parte tercera interesada, mediante el cual rinde su dictamen pericial; en consecuencia, agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Además, de la constancia secretarial que antecede se aprecia que el diestro en cita, previa identificación ante la presencia judicial ratificó su dictamen pericial, presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado federal el seis del presente mes y año; por tal razón, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, dése vista a las partes por el término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en relación con el citado dictamen. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, recibidos en este órgano jurisdiccional el veinticinco de octubre del año en curso (fojas 170 a 172), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiocho de octubre de la anualidad que transcurre (foja 173), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte impetrante el cuatro de noviembre del año actual (foja 176), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del seis al ocho de noviembre del presente año, sin que realizara alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 78 a 99), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la quejosa la cantidad de $10,690.58 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público 24,760, emitido por el Notario Público Diecinueve, con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, que se pagó el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Por otro lado, se hace necesario destacar que no es objeto de devolución la cantidad pagada por concepto de "registro de poderes de cualquier clase", toda vez que la misma no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada concepto; es decir por Inscripción de documento público o privado y por Inscripción de Préstamo hipotecario; empero, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitido ante este juzgado federal el dos de abril del año actual (fojas 130 a 137), interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia, consecuentemente mediante oficio suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (foja 150), remitió testimonio de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Culiacán, Sinaloa, de la que se aprecia se desechó el citado medio de impugnación. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguientes: A). Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el presente y ni en el futuro; y, B). Devolverle a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) y $904.40 (Novecientos cuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional), por cada concepto, respectivamente, es decir por Inscripción de documento público o privado, por Inscripción de Préstamo hipotecario, así como por el pago de Registro de Poderes de Cualquier Clase, respecto de la cantidad de $10,690.58 (Diez mil seiscientos noventa pesos con cincuenta y ocho centavos, moneda nacional) cantidad que erogó por el pago de los conceptos previamente descritos; suma que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable el veinticinco de octubre del presente año (fojas 170 a 172), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque número 0001529, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $9,373.99 (Nueve mil trecientos setenta y tres pesos con noventa y nueve centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. En ese tenor, si al monto de $10,690.58 (Diez mil seiscientos noventa pesos con cincuenta y ocho centavos, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar esto es $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada inscripción efectuada por la parte quejosa las cuales resultan ser dos, así como $904.40 (Novecientos cuatro pesos con cuarenta centavos, moneda nacional) por el pago de Registro de Poderes de Cualquier Clase, cantidad que no fue materia de la concesión, nos da como resultado la cantidad de $9,226.18 (Nueve mil doscientos veintiséis pesos con dieciocho centavos, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho y en el dieciocho de octubre del año en curso, se efectuó la devolución de la contribución reclamada mediante cheque número 0001529, a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho a septiembre del dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de noviembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil dieciocho fue 102.303; y para el mes de septiembre de dos mil diecinueve 103.942, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0160210356. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,373.99 (nueve mil trecientos setenta y tres pesos con noventa y nueve centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $147.81 (ciento cuarenta y siete pesos con ochenta y un centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió al quejoso la cantidad total de $9,373.99 (nueve mil trecientos setenta y tres pesos con noventa y nueve centavos, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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