Yurivia Gasca Quiroz
Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yurivia Gasca Quiroz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Yurivia Gasca Quiroz, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que promovió, la cual dio origen al expediente en que se actúa; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente del amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de Amparo de cuenta signada por Yurivia Gasca Quiroz, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales; la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 203/2022-IV. Precisado lo anterior, de la revisión que de la misma se hace, se advierte en forma manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los antecedentes expresados bajo protesta de decir verdad por la promovente en la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós dictada dentro de los autos del toca 240/2021, derivado del recurso interpuesto en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente 154/2016, en donde el magistrado responsable confirmó la determinación del Juez Civil de designar perito en rebeldía. Expuesto lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado que narra la promovente, se aprecia que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, lo anterior hace evidente que el juicio de amparo es improcedente, por que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que solamente podrá promoverse el juicio de amparo en la vía indirecta contra la última resolución dictada en el procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante la etapa de ejecución de sentencia que hubieren dejado sin defensa a la quejosa, porque la ejecución de una sentencia es de orden público y los jueces tienen que velar por su estricta observancia y cumplimiento. Atento a lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: I a III (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". Del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, y en tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá en contra de la última resolución, la cual es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, haciéndose valer en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en este caso se surte una excepción a la regla general. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, con lo que se evita el abuso del juicio de garantías biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces al interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Ahora bien, del concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; según se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por lo que, si el referido procedimiento culmina con la determinación que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que es susceptible de combatirse mediante amparo indirecto, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. En el caso, el acto que se reclama consiste en la resolución dictada por el magistrado responsable dentro de los autos del toca 240/2021, derivado del recurso interpuesto en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente 154/2016, en donde el magistrado responsable confirmó la determinación del Juez Civil de designar perito en rebeldía, por lo que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ni tampoco se afecta de manera directa un derecho sustantivo de la promovente. Sirve de apoyo, la tesis 177, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Quinta Época, página 145, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, al no encuadrar el juicio dentro del supuesto establecido por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta improcedente, en términos de lo que dispone el diverso 61, fracción XXIII del mismo ordenamiento, debiéndose con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHARSE DE PLANO la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Lago Manitoba número 621, colonia Mascareñas de esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Mario Iván García González y Abdiel Enrique Martínez Medrano, al estar registradas sus cédulas profesionales en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", y sólo para oír y recibir notificaciones a Erick Bucio Parada, por así solicitarlo. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial C, la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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