Yurivia Gasca Quiroz
Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yurivia Gasca Quiroz
- Martha Celia Sánchez Ornelas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad fronteriza, con el que remite testimonio de la resolución dictada en sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, al resolver en el toca de amparo en revisión civil 82/2023, formado con motivo del recurso interpuesto por la directa quejosa Yurivia Gasca Quiroz, contra la sentencia pronunciada por este juzgado, el diez de febrero de dos mil veintitrés, de cuyos puntos resolutivos se advierte lo siguiente: (.) "PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo por diversa causal de improcedencia advertida de oficio." (.) Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar, ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de julio de dos mil veintitrés. S E N T E N C I A: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 728/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, capital, promovido por ********************y ********************, radicado en este órgano jurisdiccional como expediente auxiliar 24/2023-VII; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial instalado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, capital, turnada el veintidós siguiente, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en la que ********************y ********************, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del 1) Director General, 2) Director de prestaciones Económicas y 3) Director Médico, todas las autoridades pertenecientes a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estimó vulnerados. Los anteriores actos, los estimaron vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como antecedentes de los mismos relataron bajo protesta de decir verdad, los que consideraron pertinentes. TERCERO. Remisión del asunto. En cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/586/2023, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitió a este órgano jurisdiccional los autos del juicio de amparo 728/2023, de su índice, promovido por ********************y ********************, contra actos del 1) Director General, 2) Director de prestaciones Económicas y 3) Director Médico, todas las autoridades pertenecientes a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital. CUARTO. Celebración de audiencia constitucional. De los autos se advierte que la audiencia constitucional fue celebrada el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por la Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Chihuahua, y en cumplimiento al punto de acuerdo 113/2023, relativo al envío de remesas para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en el oficio SECNO/STCCNO/586/2023, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del citado Consejo; este órgano jurisdiccional ordenó formar el expediente electrónico y quedó registrado el presente juicio de amparo con el número auxiliar 24/2023-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, procédase a dictarse la sentencia que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua es competente únicamente para resolver el juicio de garantías, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo 113/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y del Acuerdo General 3/2013 adicionado por el 3/2015, 12/2016 y 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos de las autoridades que se estiman violatorios de derechos fundamentales. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente juicio, se debe observar lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, precisar las conductas combatidas por los quejosos, lo cual se obtiene del análisis integral de su demanda, incluido el escrito de ampliación, acorde a lo establecido en el criterio contenido en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril 2000, página 32, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el presente caso, los accionantes de tutela constitucional reclaman: La negativa de brindar atención médica a ********************, por parte de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, no obstante ser beneficiario de la trabajadora derechohabiente, ********************debido a que tiene la calidad de esposo de la misma. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Una vez precisado el acto combatido en el presente juicio de amparo indirecto y atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse al respecto. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo 76, abril 1994, página 68, registro digital 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Ante todo, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales,4 por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, la técnica que rige la elaboración de la sentencia de amparo impone, ante todo, fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado y, posteriormente, los fundamentos que, en su caso, sirven de apoyo para sobreseer en el juicio. En el caso concreto, al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que se les reclama, mas no que hubiera incurrido en la omisión que se les atribuye. Aquí, es oportuno es referir que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las autoridades responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo; sin embargo, dicha regla admite una excepción cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, pues en ese caso la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso. Entonces, para estar en aptitud de corroborar la inexistencia de los actos reclamados es preciso destacar que no deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. La diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacen las autoridades pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que no hacen, pero que por alguna razón tenían el deber de haberlas realizado, constituyen las llamadas omisiones. Tal consideración deriva del criterio sustentado en la tesis 1a. CXC/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, registro digital 171435, que dice: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías". Es igualmente aplicable, la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 53, del Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Común, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 196080, que rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Este criterio lo reiteró la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en tanto definió el concepto de omisión como actos de autoridad en los siguientes términos: "(.) 1. Las omisiones como actos de autoridad En primer lugar, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.7 En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En este orden de ideas, pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas (.)" Derivado de esa resolución, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis aislada XVII/2018 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1092, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia común, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la registro digital 2016418, que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Así, a la luz de la distinción que existe entre los estados de inacción y las omisiones como actos de autoridad, se analizará si está o no acreditada la existencia de los actos reclamados en este juicio. Para estar en aptitud de determinar lo anterior, es necesario tomar en consideración las pruebas aportadas por el quejoso en el presente juicio de amparo, las cuales consisten en: a).- Acta de matrimonio de la parte quejosa, en la que aparecen los datos de los contrayentes ******************** y Martha Celia Sánchez Ornelas, con fecha de registro de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y de certificación de diez de marzo de dos mil veintiuno. b).- Instructivo de alta y nota de egreso, de siete de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por la doctora María Elisa Pizarro Barrera en la que se reseña el resumen clínico de ********************. c).- Recetas médicas de veintiséis de julio, cuatro de octubre y cuatro de noviembre, todos de dos mil veintidós, suscritas por la doctora María Elisa Pizarro Barrera, en los cuales se informa a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el diagnóstico de Simblefaron en el ojo izquierdo, que presenta el paciente ********************, la necesidad de cirugía, el suministró de medicamento y estudios de laboratorio. d).- Escrito suscrito por Martha Celia Sánchez Ornelas, fechado el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al Director de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en que se solicita la afiliación de ******************** al servicio de pensiones. e).- Controles médicos suscritos por los doctores Giuseppe Carlos Alvídrez Porras, Mario Ismael Torres García y Karla Janeth Pérez Rodríguez, de ocho de noviembre, seis de junio y veintisiete de julio, todos de dos mil veintidós. f).- Resultados de laboratorio de seis de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Químico Bacteriólogo Parasitólogo Norma M. Galvez Roblero, relativo a ********************. g).- Instructivo de alta y nota de egreso de siete de septiembre de dos mil veintidós, elaborada por la médico tratante María Elisa Pizarro Barrera, en la que se describe el diagnóstico del aquí quejoso durante su estancia en el Hospital Ángeles, Chihuahua. h).- Reporte de examen gabinete de rayos X, con fecha del estudio de dos de agosto de dos mil veintidós, de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en que se determina el diagnóstico de Blefaroptosis a ********************. i).- Expediente médico a nombre del agraviado, de catorce de julio de dos mil veintidós, emitido por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, y suscrito por la médico María del Rosario Sosa Acosta. j).- Resultados de laboratorio de seis y veintinueve de junio de dos mil veintidós, suscritos por la Químico Bacteriólogo Parasitólogo Norma M. Galvez Roblero, respecto de ********************. k).- Credenciales para votar con fotografía de los aquí agraviados. l).- Recibo de pensión a nombre de Martha Celia Sánchez Ornelas, expedida por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. m).- Impresión en copia simple, en el que aparece la leyenda "Afiliación pensiones 53278 - - - Lic. Martha Cel. 18 mar 21:03 - - - para: Carmen Maldonado +1 (.)". Documentales privadas de las que se desprende que el quejoso ******************** recibió atención médica por parte de Pensionales Civiles del Estado de Chihuahua, respecto de la enfermedad que padece -Simblefaron en el ojo izquierdo- así como de parte de una médico privado, en fecha previa a la presentación de la demanda -veintiuno de marzo de dos mil veintitrés-. Sin embargo, se destaca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia dictada en el juicio de acción colectiva 9/2020, y sus acumulados 20/2020, 47/2021 y 19/2020; promovido por Lourdes Guadalupe Monreal Loya, en su carácter de representante común de los titulares y beneficiarios del servicio médico en contra de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; misma que fue invocada por el Coordinador Jurídico del Organismo Público Descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado; determinación que fue obtenida en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, como se dijo, constituye un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia por contradicción de tesis 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, materia Común, Décima Época, con registro digital 2017123, Décima Época, con registro digital 2017123, del rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". De la que se obtiene que el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la juez de distrito señalada en el párrafo que antecede, resolvió procedente la acción colectiva mencionada y se condenó a la parte demandada a otorgar la afiliación y el servicio médico asistencial a los integrante de la colectividad que de acuerdo al padrón inserto en esa sentencia, hayan acreditado la afiliación, el vínculo de cónyuge o concubinato con el beneficiario, según la prueba aportada, condenando además a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital, otorgar a los cónyuges y concubinos de los derechohabientes el servicio médico, sin aplicar los requisitos exigidos por el artículo 25, fracción II, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicios del Estado de Chihuahua. Ahora bien, a pesar de que los quejosos señalaron que se vulneró el derecho humano a la salud de ********************, previsto en el artículo 4°, párrafo cuatro, Constitucional, con la omisión de las autoridades responsables de otorgarle la atención médica; sin embargo, el análisis debe hacerse con base en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la propia Ley suprema y no con el precepto constitucional antes citado, porque la omisión es consecuencia, según dijeron los agraviados, de que las autoridades responsables desconocieron que ********************es su esposa y derechohabiente como asegurada de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al ser empleada del Gobierno del Estado y por ende, ******************** beneficiario de la misma. Así, en principio, es necesario destacar lo que establece el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), que refiere lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley." Precepto constitucional, que establece las prerrogativas en materia de seguridad social de los trabajadores y sus familiares. La razón de ese precepto constitucional subyace en la interpretación auténtica del legislador, en la exposición de motivos de siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, que dio origen al actual dispositivo, y en lo que interesa, establece lo siguiente: ".La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, corno (sic) los de sus familiares: jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así corno las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.". "[.] el trabajo no constituye una simple mercancía sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre, y que la adición que propone el texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y consagra las bases mínimas de protección social que aseguraba en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de su familia. [.] Esta adición al 123 consagra las bases mínimas de protección a los trabajadores que en esta forma aseguran su tranquilidad personal y el bienestar que sus familiares disfrutan; del señalamiento de jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos, vacaciones, escalafón para ascensos, derecho de asociación, derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, medicinas, hospitalización, jubilación, seguro de vejez, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas en arrendamiento o en venta, seguro de maternidad, centros de capacitación profesional y administrativa, campos deportivos, almacenes y tiendas para obtener víveres baratos. En esta forma se satisface plenamente al individuo que entrega su vida al Estado y se penetra en su hogar, protegiendo a su familia. Cabe recordar la expresión del señor Presidente "... el trabajo no es una simple mercancía; sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre..." De la lectura del precepto constitucional preinserto y del proceso legislativo del cual derivó, se advierte lo siguiente: Que en él se instituyeron las bases mínimas de previsión social que aseguran en lo posible, la tranquilidad y bienestar personal de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares. Se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito. El objetivo que persigue es elevar el nivel de vida tanto de los trabajadores al servicio del Estado como de las personas que dependan económicamente de ellos (familiares). De acuerdo con lo anterior, el Estado tiene la obligación de otorgar seguridad social de toda persona, sobre todo, de la familia cuando se trata de cónyuges, hijos y de las personas que están a cargo. Esto es así, porque, la seguridad social es el derecho que tienen las personas de recibir prestaciones como: pensiones por invalidez, enfermedad, viudez, atención médica por maternidad, enfermedad o gastos excesivos en relación con la salud (como compra de medicamentos). Esa prerrogativa tiene como finalidad proteger a las personas en su vida productiva y a las que dependan económicamente de ellas, en particular para los cónyuges, hijos y los familiares a cargo, en el entendido de que éstos no cuentan con los ingresos procedentes del trabajo. Entonces, de la interpretación literal del numeral analizado, se desprende que la asistencia médica que se le otorgue a los familiares del trabajador asegurado, se proporcionará únicamente a los sujetos que se establezcan en la propia norma. Por ello, en el caso, también es menester referir los artículos 25, fracción II, 26, 27 y 28, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, que establecen lo siguiente: "Articulo 25.- Son beneficiarios de los asegurados para efectos de la prestación de los Servicios Médicos: (.) II.- El cónyuge, cuando sufra incapacidad total permanente y no esté recibiendo indemnización por ello, o sea mayor de 55 años de edad y no perciba cuando menos el salario mínimo general, fijado para la zona económica en que resida; (.)". "Articulo 26.- Para que los trabajadores y sus beneficiarios tengan derecho a los servicios establecidos en este Reglamento, deberán afiliarse previamente a Servicios Médicos Estatales en la localidad donde desempeñen sus labores, presentando para tal efecto, solicitud por escrito, con su firma, en que se contengan los siguientes datos: Nombre completo; Sexo; Lugar y fecha de nacimiento; Domicilio; Generales de sus beneficiarios y las circunstancias por las cuáles deben gozar de tal carácter". "Artículo 27.- A la solicitud de afiliación deberán acompañarse los documentos idóneos para acreditar los datos a que se refiere el precepto anterior y las circunstancias a que se refiere el artículo 25 de este Reglamento". "Articulo 28.- Recibida la solicitud y documentos comprobatorios requeridos, Servicios Médicos Estatales asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirse éstos". De las anteriores disposiciones, de manera general se desprende lo siguiente: El cónyuge o concubino varón es beneficiario para la prestación de servicios médicos del cónyuge mujer asegurada. Para que los beneficiarios tengan derecho a los servicios médicos, deben afiliarse previamente a los Servicios Médicos Estatales, presentando su solicitud por escrito, con los datos enumerados en el artículo 26. A la solicitud deberá acompañarse los documentos idóneos para acreditar los requisitos establecidos en el artículo 25. Recibida la solicitud y documentos, Servicios Médicos Estatales le asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirlos, de lo que se desprende que, tal afiliación ocurrirá cuando Servicios Médicos Estatales determine la procedencia de la afiliación del beneficiario. Por otra parte, también debe destacarse lo que dispone el artículo 27, fracción II, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, que es del tenor siguiente: "Artículo 27.- Al Departamento de Afiliación y Vigencia le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (.) II.- Atender y determinar, de acuerdo con la normatividad aplicable, la procedencia de las solicitudes de afiliación que presenten los asegurados y sus derechohabientes; (.)". El citado precepto, pone de manifiesto que corresponde al Jefe de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, determinar la procedencia de la afiliación de los beneficiarios o derechohabientes de los asegurados. Ante ese panorama, es preciso señalar que las autoridades responsables no omitieron brindar la atención médica al quejoso ********************. Se afirma lo anterior, en virtud de que como se expuso, el quejoso no acreditó haber presentado la solicitud de afiliación ante la autoridad responsable, pues si bien se ostenta como beneficiario de su asegurada, para la prestación de los servicios médicos a cargo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; sin embargo, para que reciba esa prestación, debe solicitar por escrito ante el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia del citado instituto, con la documentación requerida, la afiliación correspondiente y será esa autoridad quien determine si procede o no. Y pese a que de las documentales que se anexan al escrito de demanda, se advierte un escrito suscrito por Martha Celia Sánchez Ornelas, fechado el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al Director de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en que se solicita la afiliación de ******************** al servicio de pensiones; empero el mismo no contiene sello de recepción por la citada institución, ni la autoridad responsable reconoció en su informe justificado que haya recibido el mencionado ocurso, y si bien, también adjuntó lo que parece ser una impresión en copia simple, en el que aparece la leyenda "Afiliación pensiones 53278 - - - Lic. Martha Cel. 18 mar 21:03 - - - para: Carmen Maldonado +1 (.)", no queda de manifiesto precisamente que esa pretendida solicitud de afiliación haya sido recibida por el instituto médico, ni si ese envío del documento corresponde al medio oficial a través del cual se realizan tales tramites afiliatorios. Sin que se inadvierta por este tribunal que el quejoso ya se le había otorgado, previo a la promoción de este juicio de amparo, el servicio médico por parte de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con motivo de la concesión de una medida cautelar derivada de la acción colectiva aludida previamente, tal como lo reconoció la propia responsable; sin embargo, del contenido de dicha resolución se desprende que la Jueza de Distrito destacó que se presentaron casos de personas integrantes de la colectividad que no demostraron el matrimonio o concubinato del que derivada el derecho ostentado y a los cuales se les asignó dentro del padrón como, entre otros, "NO ACREDITADO. SIN DOCUMENTACION". Y bajo tal contexto condenó a la demandada en los términos siguientes: "1. Que la demandada Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, otorgue a los cónyuges y concubinos de las trabajadoras derechohabientes la afiliación y el servicio médico asistencial respecto de la colectividad que de acuerdo al padrón inserto en la presente sentencia, valorado por la suscrita, aparezca como acreditado en cuanto a la afiliación, el vínculo del cónyuge o concubinato con el beneficiario, según la prueba aportada, quedando a cargo de la demandada, únicamente la verificación de la vigencia de los derechos, de las integrantes de la colectividad en la acción colectiva 9/2020 y sus acumuladas 20/2020, 47/2021 y 19/2020". Énfasis añadido Lo expuesto, pone en evidencia que la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, conminó a la demandada a afiliar a aquellos casos que hubiesen acreditado el vínculo, y en el caso que nos ocupa, por lo que hace al quejoso ******************** se resolvió como "NO ACREDITADO. SIN DOCUMENTACION", tal y como se establece en la siguiente digitalización: Derivado de lo cual, no existía obligación de la responsable de llevar a cabo la afiliación del mismo y por lo tanto, correspondía al quejoso solicitarla y acreditarlo ante esta instancia constitucional. Robustece lo expuesto el artículo 1°, del Manual del Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios, del que se advierte que pueden ser beneficiarios de un asegurado, entre otros, el cónyuge, para efectos de la prestación del servicio médico asistencial, siempre que aquél se apersone ante el Departamento de Afiliación y Vigencia para llenar y entregar el formato de solicitud que al efecto le proporcione alguno de los trabajadores sociales adscrito a esa área. En consecuencia, es inexacto el planteamiento de la parte quejosa, en el sentido de que las autoridades responsables omitieron brindarle la atención médica; por tanto, las citadas autoridades no podrían haber incurrido en la omisión que se les atribuye. De ahí que la prestación de los servicios médicos está supeditado a que el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, determine la procedencia de la afiliación mediante el análisis de la documentación, a la que la asegurada está obligada a exhibir para ese trámite, lo anterior, conforme los artículos 26, 27 y 28, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. Ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio al actualizarse la causa prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte agraviada el hecho de que este juzgado de distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, debe decirse que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente resolución, integradas conforme a la ley de la materia anterior, resultan aplicables en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79 y 124, de la Ley de Amparo, se, resuelve: R E S O L U T I V O: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por consiguiente, gírese oficio al Juzgado de Distrito de origen para su conocimiento y realice las notificaciones correspondientes del presente fallo. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Fernando Javier Miranda Marín, Secretario que autoriza y da fe de lo actuado, hoy catorce de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, con lo cual concluye la audiencia constitucional celebrada por el juzgado auxiliado, en el dictado de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto de acuerdo 113/2023, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, relativo al envío de remesas para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito a nivel nacional, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al contenido del oficio SECNO/STCCNO/586/2023, de treinta de mayo del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Citado Consejo. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que se anexa el acuerdo de diez de los corrientes, en el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada el en el juicio de amparo en que se actúa, asimismo informa que lo radicó con el número de amparo en revisión ********************.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado el tercero interesado Obed Isaí García Silva, en el que solicita el incremento de la garantía fijada en la suspensión provisional de trece de enero del año en curso, para la reparación de los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar si la quejosa no obtiene resolución favorable en el recurso de revisión que interpuso contra la sentencia emitida en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Atento a solicitud, dígasele que la cantidad fijada de manera provisional en auto de trece de enero del año en curso, fue sustituida por la designada en la resolución interlocutoria de veinte del mismo mes y año, de ahí que, resulte improcedente la petición de incremento de garantía solicitada.
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