Yurivia Gasca Quiroz

Expediente 4/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Yurivia Gasca Quiroz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de nueve de los actuales, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho; en tales condiciones se declara que el mismo causó estado. En tal orden de ideas, al no haber diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo por emitir, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se decretó el archivo de este asunto como totalmente concluido, se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, relativo a la demanda de amparo promovida por ******************** por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil del Sistema Tradicional y de la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente físico y electrónico; regístrese en el libro de gobierno respectivo y en el "SISE" bajo número 4/2023-II; A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo para la actualización de tal figura jurídica, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. Ahora bien, luego del análisis del acto impugnado de inconstitucional así como del contenido integral de la demanda, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículo 61 fracción XXIII con el 107 fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Del segundo numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales y en tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución, la cual es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o el que declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o el que en forma definitiva, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, haciéndose valer en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en este caso se surte una excepción a la regla general. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución o el que no ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega de los bienes rematados. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, con lo que se evita el abuso del juicio de garantías biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces el interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Ahora bien, del concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; según se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por lo que, si el referido procedimiento culmina con la determinación que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que es susceptible de combatirse mediante amparo indirecto, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. En el caso, el acto que se reclama consiste en la resolución dictada el tres de enero de dos mil veintitrés, por el Juez responsable en los autos del juicio radicado bajo el expediente ********************, en el que la amparista refiere, bajo protesta de decir verdad, que el Juez ordenó poner en posesión legal y material del inmueble materia del juicio a favor de la tercera interesada, más no dice que en tal proveído se haya ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación del bien raíz materia del juicio del que deriva el acto reclamado; por lo que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ni tampoco se afecta de manera directa un derecho sustantivo de la promovente. En las relatadas condiciones, al no encuadrar el juicio dentro del supuesto establecido por el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta improcedente en términos de lo que dispone el diverso 61 fracción XXIII del mismo ordenamiento, debiéndose con fundamento en el artículo 113 de la Ley en cita, DESECHARSE DE PLANO la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Lago Manitoba número 621, colonia Mascareñas de esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Mario Iván García González y Abdiel Enrique Martínez Medrano, al estar registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", y sólo para oír y recibir notificaciones a Erick Bucio Parada y Diana Janeth Ríos Saucedo, por así solicitarlo. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial C, la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INICISO C) LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, relativo a la demanda de amparo promovida por ******************** por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil del Sistema Tradicional y de la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente físico y electrónico; regístrese en el libro de gobierno respectivo y en el "SISE" bajo número 4/2023-II; A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo para la actualización de tal figura jurídica, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. Ahora bien, luego del análisis del acto impugnado de inconstitucional así como del contenido integral de la demanda, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículo 61 fracción XXIII con el 107 fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Del segundo numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales y en tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución, la cual es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o el que declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o el que en forma definitiva, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, haciéndose valer en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en este caso se surte una excepción a la regla general. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución o el que no ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega de los bienes rematados. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, con lo que se evita el abuso del juicio de garantías biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces el interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Ahora bien, del concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; según se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por lo que, si el referido procedimiento culmina con la determinación que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material para dar cumplimiento o en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, que es susceptible de combatirse mediante amparo indirecto, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. En el caso, el acto que se reclama consiste en la resolución dictada el tres de enero de dos mil veintitrés, por el Juez responsable en los autos del juicio radicado bajo el expediente ********************, en el que la amparista refiere, bajo protesta de decir verdad, que el Juez ordenó poner en posesión legal y material del inmueble materia del juicio a favor de la tercera interesada, más no dice que en tal proveído se haya ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación del bien raíz materia del juicio del que deriva el acto reclamado; por lo que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución, ni tampoco se afecta de manera directa un derecho sustantivo de la promovente. En las relatadas condiciones, al no encuadrar el juicio dentro del supuesto establecido por el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta improcedente en términos de lo que dispone el diverso 61 fracción XXIII del mismo ordenamiento, debiéndose con fundamento en el artículo 113 de la Ley en cita, DESECHARSE DE PLANO la demanda en estudio por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Lago Manitoba número 621, colonia Mascareñas de esta ciudad, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Mario Iván García González y Abdiel Enrique Martínez Medrano, al estar registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", y sólo para oír y recibir notificaciones a Erick Bucio Parada y Diana Janeth Ríos Saucedo, por así solicitarlo. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial C, la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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