Yuridia Verónica Martínez Mendoza

Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
26/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Yuridia Verónica Martínez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación que precede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.); por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de íntegra conservación, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y capítulo 7, numeral 7.1.1.,subnumeral 1, 7.3 y 7.6, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que por una parte se sobreseyó, por otra se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el licenciado Juan Tapia Alfaro, autorizado de la quejosa Yuridia Verónica Martínez Mendoza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en autos y se requiera a las autoridades responsables así como a las vinculadas para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que resulte necesario dictar mayor proveído, ya que el veintinueve de marzo del año en curso, causó ejecutoria dicha determinación, data en la que se vinculó para su cumplimiento al Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas y a la Gobernadora Constitucional en su carácter de superior jerárquico de la primera de las mencionadas; en tanto que por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de las autoridades responsables; y, por determinación de veintidós del mismo mes y año, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que se haya pronunciado al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es oportuno establecer que en proveído de once de enero del año en curso, se tuvo a la promotora del amparo acudiendo a solicitar la protección constitucional; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional; resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veintinueve de marzo último, fecha en la se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Es importante establecer que en la sentencia de referencia se concedió la protección constitucional a la quejosa Yuridia Verónica Martínez Mendoza, para los siguientes efectos: "[.] "Se le cobre únicamente el catorce por ciento (14%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos sesenta y cinco centavos) moneda nacional, por cada uno de los servicios que recibió, única y exclusivamente respecto del pago correspondiente a los certificados identificados con número de operación 5973988 y 5974012, relativos al concepto de inscripción traslativa de dominio, de treinta de diciembre de dos mil veintidós, expedidos a favor de la promotora del amparo; y, Se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto". [.]" Así las cosas, luego de diversos requerimientos, el diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio SH-DJR-493/2023, signado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, delegado de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua en representación del Recaudador de Rentas en el Municipio de Juárez, Chihuahua, al que adjuntó copia certificada del cheque 1158014, por la cantidad de $27,700.04 (veintisiete mil setecientos pesos 04/100 M.N) moneda nacional, expedido a favor de la quejosa, con cuyo contenido se le dio vista para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Ahora bien, luego de analizar los actos que llevó a cabo el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se llega a la conclusión de que ésta fue acatada en sus términos, pues se advierte que llevó a cabo adecuadamente el procedimiento establecido en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, para obtener la actualización de la cantidad que debía devolver a la peticionaria del amparo, estableciendo que ésta asciende a $27,700.04 (veintisiete mil setecientos pesos 04/100 M.N) moneda nacional. De tal manera que con la expedición del cheque 1158014, de veinticinco de abril del año en curso, valioso por la cantidad mencionada, cuya copia certificada fue recibida en este juzgado el diez de mayo de dos mil veintitrés, dio cabal cumplimiento al fallo protector, sin que exista exceso o defecto en su proceder. Por ende, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. Sin que obste para ello el hecho de que no exista constancia que acredite que la parte quejosa haya acudido ante la autoridad exactora a recibir el referido título de crédito, pues aun cuando el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, cierto es que el interés que tiene la sociedad en que sean acatadas encuentra legitimación en el interés que, a su vez, tenga la promotor del amparo en obtener su cumplimiento, en tanto que sólo a ella beneficia los efectos del fallo protector. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancia de cuenta dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector; igualmente, se le requiere para que dentro del mismo término, se constituya en la oficina antes referida, a fin de recoger el cheque descrito y lo informe a este juzgado federal; apercibida que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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