Yuniesky Licea Osorio
Expediente 431/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/07/2022
Partes del expediente
- Yuniesky Licea Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse sobreseído, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede específicamente del contenido del oficio registrado con el folio 8426 se advierte que el Sub representante local Encargado de Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/1956/2022, en el que se obtiene que en veinticuatro de junio de dos mil veintidós, autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del oficio que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "la ilegal detención y retención así como la ejecución y cumplimiento de la orden de deportación del quejoso Yuniesky Licea Osorio." Luego, en esta data la responsable remitió oficio INM/ORBC/JDAJ/965/2022, en el que informó que el directo quejoso no se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, al habérsele expedido oficio de liberación; al respecto anexa copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/1956/2022, en el que se obtiene que en veinticuatro de junio de dos mil veintidós, autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme, lo anterior en términos del artículo 111 de la Ley de Migración. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en veinticuatro de junio de la presente anualidad, el directo agraviado Yuniesky Licea Osorio, solicitó se le tenga desistiéndose de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -trece de junio de dos mil veintidós, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con la detención administrativa, del quejoso Yuniesky Licea Osorio, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el aquí quejoso fue puesto en libertad, lo que quedó corroborado con el oficio que remitió el Sub representante local Encargado de Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, al que anexó copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/1956/2022, en el que se obtiene que en veinticuatro de junio de dos mil veintidós, autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las trece horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del seis de julio de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la autorizada de la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la autorizada de la parte quejoso, el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 431/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede específicamente del contenido del oficio registrado con el folio 8426 se advierte que el Sub representante local Encargado de Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/1956/2022, en el que se obtiene que en veinticuatro de junio de dos mil veintidós, autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del oficio que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "la ilegal detención y retención así como la ejecución y cumplimiento de la orden de deportación del quejoso Yuniesky Licea Osorio." Luego, en esta data la responsable remitió oficio INM/ORBC/JDAJ/965/2022, en el que informó que el directo quejoso no se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, al habérsele expedido oficio de liberación; al respecto anexa copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/1956/2022, en el que se obtiene que en veinticuatro de junio de dos mil veintidós, autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme, lo anterior en términos del artículo 111 de la Ley de Migración. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, en veinticuatro de junio de la presente anualidad, el directo agraviado Yuniesky Licea Osorio, solicitó se le tenga desistiéndose de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -trece de junio de dos mil veintidós, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con la detención administrativa, del quejoso Yuniesky Licea Osorio, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el aquí quejoso fue puesto en libertad, lo que quedó corroborado con el oficio que remitió el Sub representante local Encargado de Despacho de la Estación Migratoria de Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, al que anexó copia certificada del oficio ORBC/EMTIJ/1956/2022, en el que se obtiene que en veinticuatro de junio de dos mil veintidós, autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el término que dure el expediente de amparo y se emita su resolución y quede firme. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las trece horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a las quince horas con veinticinco minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, se notificó a las autoridades responsables el auto de veintisiete de junio del año en curso, en el que se les requirió para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, remitan copia certificada de la constancia de salida del directamente agraviado Yuniesky Licea Osorio, o bien, manifiesten el imposibilidad que tengan para ello; sin que a la fecha hayan informado al respecto no obstante de estar notificadas. En consecuencia, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, remitan copia certificada de la constancia de salida del directamente agraviado Yuniesky Licea Osorio, o bien, manifiesten el imposibilidad que tengan para ello; apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 194 de la ley de la materia, requiérase al Dr. Francisco Garduño Yáñez, en su carácter de Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcribe este proveído, ordene cumplir a las autoridades responsables Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Migración por conducto de sus Agentes Federales de Migración, y Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todas de esta ciudad, con el requerimiento dictado en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós y lo demuestre con las constancias fehacientes; en ese sentido, para que esté en posibilidad de realizarlo, se le remite copia de los acuerdos dictados en el presente asunto; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término que se le otorga sin justificación alguna, se le impondrá la multa equivalente a 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Para sustentar el criterio de que aun cuando el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, no es autoridad responsable, se encuentra obligado a cumplir la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto, se cita por analogía la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese.
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