Yovany Valdez Perez

Expediente 958/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
958/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Yovany Valdez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Joel Alejandro Waddell González en su carácter de defensor particular de ********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de registro 958/2022. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que el directo quejoso se encuentra privado de su libertad personal en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I" con sede en Tecate, Baja California; y, que se señala como actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de las responsables la orden de traslado del quejoso al Centro de Reinserción Social del Hongo en el municipio de Tecate, Baja California, sin que dicha orden de traslado se encuentre debidamente fundada y motivada por la autoridad competente, ya que actualmente el quejoso se encuentra en espera de ser juzgado y tiene impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, emitida dentro de la causa penal 1361/2022" Desechamiento. Precisado lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como esencialmente el acto reclamado el consistente en la determinación que autorizó el traslado del quejoso a diverso centro penitenciario. En el caso, se advierte, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, acorde con las consideraciones siguientes: El artículo invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." De la transcripción anterior se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto -por regla general- previo a instar la acción constitucional el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias o ambiguas, so pena de generar una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Por tanto, ante el reclamo de algún acto en juicio de amparo indirecto, el órgano constitucional está obligado a verificar que el demandante haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad su modificación, revocación o anulación. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; así como órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos en los que se establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, aquellas que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Es decir, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, en principio, la autoridad jurisdiccional debe constatar que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo; salvo que -como se dijo- el acto reclamado constituya una de las hipótesis de excepción al precitado principio de definitividad que rige la acción constitucional de amparo. En relación con ello conviene destacar lo dispuesto en los artículos 131 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.)" "Artículo 133. Efectos de la apelación. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De los artículos transcritos, de inicio, se advierte que, tratándose de resoluciones que se pronuncien sobre afectación a los derechos de personas privadas de la libertad (tales como los traslados nacionales), la Ley Nacional de Ejecución establece el recurso de apelación ante el juez correspondiente a fin de abrir la segunda instancia y permite a las personas privadas de su libertad la protección de sus derechos, el cual podrá ejercitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Circunstancias que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los Tribunales Federales y locales. Lo anterior, tal como se desprende de los artículos descritos en relación con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el recurso de apelación constituye: Un recurso o medio de defensa legal (previsto por una ley) y judicializado (cuyo conocimiento y resolución a un Tribunal de Alzada para revisar las actuaciones del Juez natural). A través del cual es posible modificar o revocar el acto de autoridad judicial. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que no se está en alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes citado, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que, como se advierte del criterio antes transcrito, la orden de traslado constituye un acto dictado dentro del procedimiento; incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; lo anterior, toda vez que la resolución por la que actualmente se encuentra restringida la libertad personal del quejoso, lo constituye la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria dictada en el proceso que fue instruido en su contra por la autoridad judicial, más no por la calificación de su traslado. Aspecto que se ve robustecido al tenor de lo expuesto por el más alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la que derivó la diversa jurisprudencia de rubro "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL", en la que se apartó de considerar al traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como un acto que afecta la libertad personal del quejoso, tal y como se desprende de la transcripción de la parte conducente de dicha ejecutoria en la que se precisó: "(.) 106. No pasa inadvertido que al resolver la contradicción de tesis 461/2012 esta Primera Sala determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. . 110. De resultar que la decisión judicial indicada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. (.)". Por otra parte, tampoco se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se ha demostrado en párrafos que anteceden, el contenido del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -aplicable al caso concreto-, que prevé el medio ordinario de defensa, no requiere de interpretación adicional para desentrañar su sentido y establecer los casos de procedencia, ya que claramente establecen en qué supuestos procede, en su caso, interponer el recurso de apelación, por lo que constituyen un fundamento suficiente para el efecto indicado, se itera, en los términos analizados anteriormente. Es decir, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado - siempre y cuando sea el idóneo- por lo que es suficiente que la ley del acto lo contemple para que esté a disposición del interesado y éste pueda interponerlo; de tal manera que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud de que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Alberto Bernal Tapia y Luis Armando Díaz Herrera, ya que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como para oír y recibir toda clase de notificaciones a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo interpretado contrario sensu, no ha lugar a tener como domicilio procesal el ubicado en Avenida ********************, número ********************, entre ********************, colonia ********************, en Mexicali, Baja California, lo anterior en virtud que el mismo se encuentra fuera del lugar de la residencia oficial de este órgano jurisdiccional; por tanto, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días, legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la misma ley. Ahora bien, al considerar que el quejoso********************se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo ", con sede en Tecate, Baja California; y, atendiendo la situación social actual por el virus SARS-CoV-2, es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Es por ello que para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes, se estima necesario hacer uso de los sistemas electrónicos existentes en la actualidad; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII del acuerdo general 12/2020, artículo 2, fracciones X y XII, del acuerdo general 13/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que notifiquen personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente acuerdo, y constate que éste tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, deberá levantar constancia de ello. Solicitud acceso al expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento a la promovente que para autorizar el acceso al expediente electrónico deberá proporcionar su nombre de usuario, en la inteligencia de que con independencia de si la demanda se presentó por la vía física o electrónica, la parte legitimada para tal fin, podrá hacer dicha solicitud de acceso en cualquier momento, de conformidad con el numeral 40 del citado Acuerdo General Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y numeral 258 del Acuerdo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" para consultar expedientes . Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese, y personalmente a ********************.

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