Yumirka Villavicencio Martí

Expediente 259/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
259/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Yumirka Villavicencio Martí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó´ en el presente juicio, ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de depuración, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: Lo constituye el ataque a su libertad por la detención ilegal de la cual es objeto Yurmika Villavicencio Martí de nacionalidad cubana y la deportación sin juicio previo[.]" Que de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte: -Copia certificada de la documental provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con número de oficio ORBC/EMTIJ/1190/2022, de veinticinco de abril del año en curso. Documental pública a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que desde el veinticinco de abril de dos mil veintidós, el aquí quejoso quedó en libertad con permiso de realizar actividades remuneradas en este país. Aunado a ello, de la constancia de diecinueve de abril del año en que transcurre, signada por la Actuaria de la adscripción, se advierte que al constituirse en la Estación Migratoria de esta ciudad, fue informada por personal del Instituto Nacional de Migración, que la quejosa Yurmika Villavicencio Martí, ya no se encontraba en los separos de esa estación, con motivo de que se le había otorgado salida de la estación migratoria. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: Lo constituye el ataque a su libertad por la detención ilegal de la cual es objeto Yurmika Villavicencio Martí de nacionalidad cubana y la deportación sin juicio previo. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de la constancia que remite la autoridad responsable consistente en Copia certificada de la documental provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con número de oficio ORBC/EMTIJ/1190/2022, de veinticinco de abril del año en curso, del cual deriva el acto que se reclama; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (doce de abril de dos mil veintidós), la autoridad señalada como responsable le otorgó salida de la estación migratoria y le proporcionó permiso para realizar actividades remuneradas en este país. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del quince de junio de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; por lista a la parte quejosa y a su autorizado.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, remite vía ordinaria copia certificada de la documental provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con número de oficio ORB/EMTIJ/1190/2022, expedido a la quejosa Yumirka Villavicencio Martí; la cual con fundamento en el artículo 119 de la ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la citada autoridad responsable, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia constitucional. En consecuencia y toda vez que con la información proporcionada pudiera actualizarse una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista y córrase traslado con los mismos a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." En otro orden, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se ordenó hacer efectiva la multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, con motivo de la omisión de remitir las constancias que le fueron solicitadas en el presente asunto; sin embargo, tomando en consideración que en esta data, se tuvo a dicha autoridad dando contestación al requerimiento y para tal efecto remitiendo las constancias inherentes al requerimiento de autos; por ende, se deja sin efectos la multa que le fue impuesta; ello porque la intención que subyace en el requerimiento realizado a ésta no es, en principio, sancionar a las autoridades, sino lograr el cumplimiento total del requerimiento y, en la medida de lo posible, ello a fin de estar en posibilidad de resolver lo conducente en este asunto, con las constancias solicitadas, situación que se favorece con el requerimiento y consecuente apercibimiento, lo anterior se determina así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, precepto que establece que dicha medida de apremio queda bajo criterio y responsabilidad del Órgano Jurisdiccional. Finalmente y tomando en consideración que en auto de veinte de abril de este año, se ordenó con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notificar las actuaciones de este juicio a la parte quejosa mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos, lo que a la fecha no ha acontecido; por tanto, notifíquesele este proveído en los términos indicados y hágase de su conocimiento que las copias relativas al traslado ordenado en este proveído, quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese; y personalmente por medio lista a la parte quejosa y a su autorizado.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, pretendiendo dar cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante acuerdos de veintiocho de abril y once de mayo, ambos del año en curso, por lo que se le requirió nuevamente a efecto de que remita copia certificada de la documental provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con número de oficio o bien informe el impedimento legal que tenga para ello; sin que a la fecha hubiese dado cumplimiento, no obstante estar debidamente notificada por oficio 10898/2022, con acuse de recepción de diecisiete de mayo de dos mil veintidós. En tal virtud, dada su actitud contumaz y omisa, con fundamento en los artículos 260, fracción II de la Ley de Amparo, resulta procedente hacer efectivo el apercibimiento inmerso en los referidos proveídos, imponiéndole una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización; por lo tanto requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días legalmente computados proporcione su nombre completo, domicilio, siendo calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación, según se trate y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave, o Clave Única de Registro de Población (CURP) o la fecha de nacimiento. No obstante lo anterior, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita vía ordinaria copia certificada de la documental provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con número de oficio ORB/EMTIJ/1190/2022, expedida a la quejosa Yumirka Villavicencio Martí o bien informe el impedimento legal que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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