Yuridia Esmeralda Uriarte Rodríguez
Expediente 749/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Yuridia Esmeralda Uriarte Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa los actos realizados en vía de cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable una prórroga por quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que se encuentre en aptitud de desahogar el requerimiento decretado en auto de nueve de noviembre del año en curso, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento con el que se le requirió. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo; medida que se estima prudente fijar a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al que se anexa el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, tres tomos de pruebas y el testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 358/2022-I, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa. [.]" En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: La Sala responsable deje insubsistente la sentencia de apelación recurrida. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, pero en cualquier caso, deberá dar contestación a los agravios del Ministerio Público apelante, así como dar respuesta fundada y motivada a lo planteado como agravios por la parte ofendida, en los términos precisados en esta ejecutoria." Asimismo, deberá informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo establece el artículo 258 de la indicada Ley de Amparo, por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en el término que se indica, adicionalmente a la multa precisada en párrafos precedentes se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Cambio de denominación. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós, dentro del presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo número de amparo en revisión 358/2022-I. Ahora, en atención a la solicitud de la superioridad, en el sentido de que se haga disponible el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga las modificaciones correspondientes a fin de hacer disponible el expediente electrónico al Tribunal Colegiado Oficiante, para que este en aptitud de imponerse del expediente electrónico relativo al presente juicio. Finalmente, hágase del conocimiento lo anterior al Tribunal de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el escrito presentado por la quejosa Yuridia Esmeralda Uriarte Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós, y expresa los agravios de su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84 y 86 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, el original de los presentes autos dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto, y una vez que transcurra el plazo para recurrir la sentencia a la totalidad de las partes; anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el escrito de expresión de agravios.
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