Yuliana Gasca Vásquez

Expediente 631/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
631/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Yuliana Gasca Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ***********************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control. Orden de archivo del expediente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que las resoluciones que se dictaron fueron las siguientes: En el juicio principal, se sobreseyó. Suspensión, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso b), se determina que el expediente que nos ocupa es conservable. Lo anterior, en concordancia a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementaba al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (abrogado), que precisaba: "[.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Destacando que se acude a esa disposición administrativa, porque a pesar de que actualmente rige un nuevo acuerdo en la materia, la hipótesis que aquí se analiza no se encuentra regulada, pero es idéntica a la que dio origen a la precisión que se realizó en su momento en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio que remite la Directora del Hospital General de Zona número 4, en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que anexa copia certificada de las listas de asistencia al servicio de rehabilitación de fechas dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco y veintiocho de agosto del año en curso, relativas a la paciente ************* (aquí quejosa). Ahora bien, de la lectura íntegra a las constancias que remitió la oficiante y a las que obran en autos, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: a) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que en la presente instancia constitucional se reclamó lo siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables de brindarle atención médica, consistente en rehabilitación física y fisioterapia, necesarias para su restablecimiento postquirúrgico de su trastorno de disco cervical con mielopatía. b) De acuerdo a las constancias remitidas por la Directora del Hospital General de Zona número 4, en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado y las recibidas en esta data, se desprende que el trece de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa fue valorada por el especialista en medicina física y rehabilitación, quien le indicó por el diagnostico por el que fue enviada, es decir, por cervicalgia/PO microdisectomia con colocación de caja C4-C5, doce sesiones de terapia física, tres veces por semana. Terapias que fueron agendadas a las siete horas de los días lunes, miércoles y viernes, (dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiocho y treinta de agosto; uno, cuatro, seis, ocho y once de septiembre, todos de la presente anualidad). Por tanto, es evidente que la omisión tachada de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión de brindarle atención médica, consistente en rehabilitación física y fisioterapia, necesarias para su restablecimiento postquirúrgico de su trastorno de disco cervical con mielopatía. Máxime que, como se desprende del oficio que se acuerda, la quejosa sí ha asistido al servicio de rehabilitación en las fechas mencionadas, a efecto de que se le realice la terapia que le fue indicada por el especialista en medicina física y rehabilitación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite el Encargado del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de Zona número 4, en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención la documental que adjunta, la presuncional en su doble aspecto legal y humano e instrumental de actuaciones, las que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se tienen como delegadas a las personas que indica en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Finalmente, se le autoriza el uso de aparatos o medios tecnológicos, como cámaras fotográficas, grabadoras, lectores ópticos (escáner) o análogos, a efecto de que se imponga de los acuerdos y constancias que obren en el presente expediente.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Directora del Hospital General de Zona número 4 en Celaya, Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención la documental que adjunta, la presuncional en su doble aspecto legal y humano e instrumental de actuaciones, las que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se tienen como delegadas a las personas que indica en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Finalmente, se le autoriza el uso de aparatos o medios tecnológicos, como cámaras fotográficas, grabadoras, lectores ópticos (escáner) o análogos, a efecto de que se imponga de los acuerdos y constancias que obren en el presente expediente.

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