Yoset Karín Avilés Delgado
Expediente 666/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Director del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato
- Yoset Karín Avilés Delgado
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que conste el oficio que vía electrónica remite el Secretario del Consejo de Salubridad General, en suplencia por ausencia del Presidente de dicho Consejo, mediante el cual hace del conocimiento de este Tribunal que rindió su informe justificado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, dado que fue dicho órgano jurisdiccional quien se avocó al conocimiento de la demanda presentada por *********.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que vía electrónica signa el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que ese Tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por ***************; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 19, fracción I, inciso b), por lo que una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, deberá procederse a su destrucción. Finalmente, tomando en consideración que la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, al avocarse al conocimiento de la demanda de que se trata, también precisó que dicho órgano jurisdiccional dará el seguimiento a la suspensión de plano otorgada a la quejosa; remítase copia de la promoción electrónica registrada con el número 8289, del acuerdo que recayó, así como de la notificación electrónica realizada a la impetrante de garantías, para los efectos a que haya lugar.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que vía electrónica remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, por sus siglas "ISAPEG", en representación de dicha Secretaría e Instituto, así como del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe respecto de la suspensión de plano otorgada en autos. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofreciendo como prueba de su intención las documentales que adjunta, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. De igual manera, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario *********** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, téngasele informando que en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada, generó una cita para el aquí quejoso Y**************, para que se presente en el Hospital General de Valle de Santiago, a las siete horas del quince de agosto de dos mil veintitrés, a efecto de que se presente en condición de ayuno y con la copia de la orden de laboratorio que adjunta la autoridad oficiante. Por tanto, a efecto de que tenga conocimiento de ello y este en posibilidades de comparecer, se ordena notificarle personalmente el presente proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por por*******************, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 666/2023-III. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. En la especie, debe decirse que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente del amparo manifiesta que acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La omisión de las autoridades responsables de proporcionarle el tratamiento y medicamentos acorde a la enfermedad del aquí quejoso en el Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato, específicamente, el que no se le ha otorgado el tratamiento de hemodialisis correspondiente, dada su insuficiencia renal crónica. En ese contexto, se advierte que este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. Es así, ya que el gestionante refiere en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, textualmente lo siguiente: ".Que al acudir al Hospital General de Valle de Santiago de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a efecto de solicitar el tratamiento que requiero, me indicaron que no me lo pueden realizar ya que carecen de presupuesto y que lo procedente es que sea por mi conducto que contrate las terapias en instalaciones particulares, sin embargo, hemos llegado a un punto en que ni el suscrito, mi familia o amigos, podemos realizar dicha erogación." De lo anterior, se desprende que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, esto es, en el lugar de residencia de la autoridad responsable, habida cuenta que es en dicho hospital donde solicita se le otorgue el tratamiento médico correspondiente; urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este tribunal. Por tanto, toda vez que la ejecución del acto tildado de inconstitucional surte efectos fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual hace patente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto. Se invoca por aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En razón de lo anterior, de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, en turno, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial donde tiene su residencia la responsible quien habrá de otorgarle el tratamiento medico correspondiente.. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, en turno, para lo que tenga a bien ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de control correspondiente. No obstante lo anterior, tomando en consideración que el promovente del amparo señala como acto reclamado la omisión de brindarle atención médica que necesita para su problema de salud; esto es, su tratamiento de hemodiálisis, con fundamento en el diverso 126 de la propia legislación, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADO para el efecto que, de inmediato, se otorgue a Yoset Karin Avilés Delgado, la atención médica necesaria y se le proporcionen los procedimientos que resulten pertinentes para el tratamiento de su enfermedad; ello ante el riesgo que corre su integridad física, debido a la enfermedad que padece (insuficiencia renal). Debiendo las responsables informar de inmediato sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que de no hacerlo se les sancionará conforme al delito establecido en el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se estima innecesario ordenar la apertura por separado del incidente de suspensión que solicita la parte quejosa, atendiendo a que se concedió la suspensión solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que podrán informar lo anterior al correo oficial de este juzgado federal 6jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Como lo solicita el gestionante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza para que consulte de manera electrónica el presente expediente, así como para que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte corresponda; para tal efecto se le tiene proporcionando los usuarios judith.sanchez y ajauregui, dados de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizados autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gregorio Miguel Acevedo Flores, Reyes Carlos León Cordero, José Manuel Arzola Sánchez, María Yarabit Ramírez Quintanar, Alexandra Delgado Arias, Leticia Atilano Baltazar, Judith Cristina Sánchez Morales y Daniel Cruz cano, en virtud de que obran su cédulas 1838672, 1779628, 4910017, 5400421, 6163248, 4013290, 4758342 y 2672423, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado precepto a la diversa persona que indica, por así haberlo solicitado.
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