Ysrael Perea Pozos

Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
305/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Ysrael Perea Pozos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 305/2019-IV promovido por **********, e informa que dentro del amparo en revisión 122/2019 de su estadística, causó estado el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó el recurso de revisión hecho valer por **********, por conducto de su autorizado **********. En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de doce de abril del año en curso.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado electrónicamente por **********, autorizado en términos amplios del quejoso **********, mediante el cual, con fundamento en los artículos 85, fracción I, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, refiere interponer recurso de revisión; en ese sentido, se acuerda: Dése trámite al citado medio de impugnación, por lo que se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo, así como los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para la substanciación del recurso de mérito.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Partido Primero Civil de Acámbaro, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 305/2019-IV. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que no guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así, ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo (que también recoge lo preceptuado en el artículo 172, fracción IV), de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto, pudiéndose, como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer los siguientes antecedentes: El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se le notificó al ahora quejoso ********** sobre la admisión del incidente de liquidación de gastos y costas, promovido por **********, mandataria judicial de **********, dentro del juicio ordinario civil 142/2016 de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Inconforme con dicha determinación, en fecha doce de marzo del presente año, el mandatario judicial del quejoso interpuso recurso de revocación, en el cual por resolución de tres de abril de dos mil diecinueve se confirmó en sus términos el auto recurrido; siendo este el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: La resolución del recurso de revocación de tres de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, que confirmó el auto de cuatro de marzo del presente año, por el cual se admitió el incidente de liquidación de gastos y costas dentro del juicio ordinario civil 142/2016 de la estadística de la citada autoridad. Como se puede observar, el acto reclamado no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal emitida dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, que podrá hacer valer el inconforme hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar la referida irregularidad procedimental, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse, se itera, si se obtiene interlocutoria favorable dentro del citado incidente, lo cual a la fecha no ha acontecido. Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce la quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Francisco Romero Martínez, en virtud de que cuenta con cédula profesional número 3682563, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al licenciado **********, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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