Zoila Garrido Morgado y Otros.
Expediente 389/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Zoila Garrido Morgado
- Zoila Garrido Morgado y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de tres de abril de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta mandatario judicial de ********************contra actos del Juez del Sistema Oral Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 389/2017-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En el caso concreto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que aquí reclama la parte quejosa es: La audiencia preliminar de catorce de marzo del año en curso, emitida en el juicio oral mercantil ********************del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, específicamente la etapa de calificación de excepciones y defensas, mediante la cual se calificó de improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto que afecte de modo actual derechos sustantivos ni, por lo mismo, es de imposible reparación, pues únicamente tiene como consecuencia inmediata que el juicio de origen siga su curso, existiendo el riesgo de que aquellos derechos sustanciales se ven con posterioridad vulnerados, lo cual por sí solo no genera perjuicio irreparable, sino que tal afectación podría ocurrir en el supuesto de que la sentencia definitiva afectara, modificara o contradijera dichos derechos, por lo cual entonces la violación trascendería. Sin embargo, en dicho caso el impetrante podrá hacer valer su derecho en el amparo directo, como una violación al procedimiento, para obtener, de ser procedente, su reparación. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia definitiva favorable en el juicio de origen. Resta mencionar que no resulta aplicable lo dispuesto en el criterio jurisprudencial P./J.99/2004 Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN RELATIVA.."; en virtud de que se emitió con base en la Ley de Amparo abrogada, la cual permitía la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; hipótesis que actualmente no rige, merced de la legislación vigente sólo permite la procedencia del juicio contra actos que afecten derechos sustantivos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta mandatario judicial de ********************contra actos del Juez del Sistema Oral Mercantil en la Región Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 389/2017-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En el caso concreto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que aquí reclama la parte quejosa es: La audiencia preliminar de catorce de marzo del año en curso, emitida en el juicio oral mercantil ********************del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil en la Región Celaya, específicamente la etapa de calificación de excepciones y defensas, mediante la cual se calificó de improcedente la excepción de cosa juzgada opuesta. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto que afecte de modo actual derechos sustantivos ni, por lo mismo, es de imposible reparación, pues únicamente tiene como consecuencia inmediata que el juicio de origen siga su curso, existiendo el riesgo de que aquellos derechos sustanciales se ven con posterioridad vulnerados, lo cual por sí solo no genera perjuicio irreparable, sino que tal afectación podría ocurrir en el supuesto de que la sentencia definitiva afectara, modificara o contradijera dichos derechos, por lo cual entonces la violación trascendería. Sin embargo, en dicho caso el impetrante podrá hacer valer su derecho en el amparo directo, como una violación al procedimiento, para obtener, de ser procedente, su reparación. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia definitiva favorable en el juicio de origen. Resta mencionar que no resulta aplicable lo dispuesto en el criterio jurisprudencial P./J.99/2004 Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN RELATIVA.."; en virtud de que se emitió con base en la Ley de Amparo abrogada, la cual permitía la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; hipótesis que actualmente no rige, merced de la legislación vigente sólo permite la procedencia del juicio contra actos que afecten derechos sustantivos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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