Yolanda Vanessa Naif Reyes

Expediente 13/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
13/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Vanessa Naif Reyes
  • Yolanda Vanessa Naif Reyes y Otros.
  • J. Guadalupe Soria López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de los actuales, con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; en ese sentido, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se ordena la reanudación del presente juicio en el punto en que quedó pausado. Asimismo, de la diversa certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA:Vista la demanda de amparo promovida por ********* y ************; con apoyo en el punto 1 de la Circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 13/2021-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los caos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad" Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (actos stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa señaló como acto reclamado: Cualquier orden de aprehensión, retención, privación de la libertad, tortura y cualquier otro acto que sea inherente a la libertad ambulatoria fuera de procedimiento que ordenen las responsables y ejecuten las ejecutoras. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que los peticionarios del amparo, narraron bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1.- Que el día dos de agosto de 2020, fueron detenidos los CC. RAUL ALBERTO CARREON SILVA, SILVESTRE CANO GUZMAN, SAULO SERGIO GARCIA GONZALEZ, GUILLERMO CALDERON RANGEL JOSE CRUZ PEREZ TORRES Y JOSE ANTONIO YEPEZ ORTIZ. 2.- En fecha 9 de agosto de 2020, se llevó acabo audiencia inicial de dicha causa, y en la cual el Lic. EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS realizó un dictamen pericial en fijación del lugar, planimetría y recaudo de indicios y esto lo sabemos por qué la primera de los mencionados fue en calidad de investigador de la defensa y efectivamente di cuenta de la inexistencia de algún sótano o aljibe de agua y los restantes JUAN JOSÉ Rodríguez GUEVARA estuve en la entrada con los policías Ministeriales o GERIS fuera del inmueble y el segundo de los mencionados estuve en el interior acompañando al perito en compañía también de un elemento del grupo GERI quienes fueron los que abrieron el portón de la casa, esto aconteció el día 7 de agosto de 2020 a las 15:34 p.m. e incluso la suscrita grabó todo lo que aconteció ese día. 3.- Derivado de lo anterior y para el efecto de que el perito Ezequiel Castellanos Ramos ingresara al inmueble ubicado en la comunidad Franco-Tavera municipio de Juventino Rosas, Gto.; la defensa solicitó al fiscal Antonio Juárez Juárez permitiera el ingreso del perito Ezequiel Castellanos Ramos, mismo que autorizo el fiscal y el cual mediante oficio 98/AIC/2020 de fecha 08 de Agosto de 2020 fue informado por el comandante Juan Antonio Bautista Hernández que realizó un operativo a efecto de que ingresara el perito aludido, el cual ingresó el inmueble referido y pidió el ingreso de su equipo jurídico los cuales fueron los CC. YOLANDA VANESA NAIF REYES, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GUEVARA Y J. GUADALUPE SORIA LOPEZ, lo cual es totalmente falso, pues todos ingresamos juntos y nunca existió petición del perito EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS para el ingreso de los suscritos. 4.- El día 10 de Agosto del 2020, mediante el oficio FEDAI/UECS/2020 el C. LIC. ANTONIO JUAREZ JUAREZ informa al Lic. José de Jesús Quezada Torres quien ostenta el cargo de coordinador general de la unidad especializada en combate al secuestro la relación de la carpeta 7033/2020 a manera de informe en la que entre otras cosas señala el informe pericial FEDAI/SPC/50/2020 suscrito por Juan Manuel Meza Ramírez quien es perito criminalista de la Fiscalía general del estado en el cual realiza fijación fotográfica, descriptiva y planimetría del lugar donde fueron detenidos los inculpados y en el punto número cuatro de este informe señala "4)informe pericial sin número, suscrito y firmado por el C. LIC. EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS perito criminalista particular, mediante el cual realiza una fijación fotográfica y planimetrica del lugar donde fueron detenidos los mencionados inculpados, así como la búsqueda de indicios en el mismo lugar. Lo anterior en atención a que esta unidad considera que existe la posibilidad de que se haya cometido hechos constitutivos del delito de falsedad ante una autoridad tipificada en el artículo 255 del código penal para el estado de Guanajuato, cometido presumiblemente por el LIC. EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS, perito criminalista particular, quien a través de su informe pericial recibido en fecha 08 de Agosto de 2020 Afirma que no existe el aljibe o sótano, donde se mantuvo en cautiverio a la víctima señalada, contrario a lo afirmado por los agentes de investigación criminal, la propia víctima, así como por el perito criminalista Juan Manuel Meza Ramírez, a su vez considera la posible alteración de indicios toda vez que dicho perito, únicamente le fue autorizado por el Juez de control la fijación fotográfica y planimetría del inmueble donde fueron detenidos los inculpados y se desprende del informe pericial que el mismo realizo alteraciones al mismo, así como la intromisión de personas ajenas a las autorizadas por el Juez de control. También en dicho oficio solicita se dé inicio a una carpeta de investigación por los hechos antes reseñados, lo cual al parecer aconteció, pues no nos consta pero si creemos que pueda existir una orden en contra nuestra, de ahí que se solicite el amparo". De lo antes narrado, se desprende que la orden de aprehensión, retención, privación de la libertad, tortura y cualquier otro acto que sea inherente a la libertad ambulatoria fuera de procedimiento que reclaman los aquí quejosos, son actos futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo intentado, dado que en este momento no se tiene una evidencia razonable de que pudieran realizarse o ejecutarse. Y el hecho de que los promoventes de la demanda de amparo, según dicen, hayan intervenido en determinada diligencia ministerial en un asunto en el que supuestamente se ordenó abrir una carpeta de investigación, no significa necesariamente, que el agente del ministerio público la haya ordenado iniciar en su contra, pues al respecto no aportaron mayores datos. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que los quejosos manifiesten que creen que pudiera haber una orden en su contra, ello no implica, de suyo, ni de facto, que las autoridades que señalan como responsables realizarán su detención. De ahí que se considere dichos actos reclamados como actos futuros de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que existan o puedan llegar a existir. Y es que no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1, fracción I de la ley de la materia, con fundamento en el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se considera que esta determinación, de ninguna manera deja a los quejos en estado de indefensión, dado que, en cualquier momento en que los actos que aquí reclaman se hagan evidentes, pueden acudir a solicitar la protección de la justicia federal, en caso de que así lo decidan. Por otra parte, tomando en consideración que los promoventes solicitan se les tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, realícese la notificación correspondiente. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del invocado Acuerdo General 13/2020, requiérase a los promoventes del amparo para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Notifíquese por lista una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** y ************; con apoyo en el punto 1 de la Circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 13/2021-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los caos, limitaciones al poder público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad" Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (actos stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa señaló como acto reclamado: Cualquier orden de aprehensión, retención, privación de la libertad, tortura y cualquier otro acto que sea inherente a la libertad ambulatoria fuera de procedimiento que ordenen las responsables y ejecuten las ejecutoras. Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que los peticionarios del amparo, narraron bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1.- Que el día dos de agosto de 2020, fueron detenidos los CC. RAUL ALBERTO CARREON SILVA, SILVESTRE CANO GUZMAN, SAULO SERGIO GARCIA GONZALEZ, GUILLERMO CALDERON RANGEL JOSE CRUZ PEREZ TORRES Y JOSE ANTONIO YEPEZ ORTIZ. 2.- En fecha 9 de agosto de 2020, se llevó acabo audiencia inicial de dicha causa, y en la cual el Lic. EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS realizó un dictamen pericial en fijación del lugar, planimetría y recaudo de indicios y esto lo sabemos por qué la primera de los mencionados fue en calidad de investigador de la defensa y efectivamente di cuenta de la inexistencia de algún sótano o aljibe de agua y los restantes JUAN JOSÉ Rodríguez GUEVARA estuve en la entrada con los policías Ministeriales o GERIS fuera del inmueble y el segundo de los mencionados estuve en el interior acompañando al perito en compañía también de un elemento del grupo GERI quienes fueron los que abrieron el portón de la casa, esto aconteció el día 7 de agosto de 2020 a las 15:34 p.m. e incluso la suscrita grabó todo lo que aconteció ese día. 3.- Derivado de lo anterior y para el efecto de que el perito Ezequiel Castellanos Ramos ingresara al inmueble ubicado en la comunidad Franco-Tavera municipio de Juventino Rosas, Gto.; la defensa solicitó al fiscal Antonio Juárez Juárez permitiera el ingreso del perito Ezequiel Castellanos Ramos, mismo que autorizo el fiscal y el cual mediante oficio 98/AIC/2020 de fecha 08 de Agosto de 2020 fue informado por el comandante Juan Antonio Bautista Hernández que realizó un operativo a efecto de que ingresara el perito aludido, el cual ingresó el inmueble referido y pidió el ingreso de su equipo jurídico los cuales fueron los CC. YOLANDA VANESA NAIF REYES, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GUEVARA Y J. GUADALUPE SORIA LOPEZ, lo cual es totalmente falso, pues todos ingresamos juntos y nunca existió petición del perito EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS para el ingreso de los suscritos. 4.- El día 10 de Agosto del 2020, mediante el oficio FEDAI/UECS/2020 el C. LIC. ANTONIO JUAREZ JUAREZ informa al Lic. José de Jesús Quezada Torres quien ostenta el cargo de coordinador general de la unidad especializada en combate al secuestro la relación de la carpeta 7033/2020 a manera de informe en la que entre otras cosas señala el informe pericial FEDAI/SPC/50/2020 suscrito por Juan Manuel Meza Ramírez quien es perito criminalista de la Fiscalía general del estado en el cual realiza fijación fotográfica, descriptiva y planimetría del lugar donde fueron detenidos los inculpados y en el punto número cuatro de este informe señala "4)informe pericial sin número, suscrito y firmado por el C. LIC. EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS perito criminalista particular, mediante el cual realiza una fijación fotográfica y planimetrica del lugar donde fueron detenidos los mencionados inculpados, así como la búsqueda de indicios en el mismo lugar. Lo anterior en atención a que esta unidad considera que existe la posibilidad de que se haya cometido hechos constitutivos del delito de falsedad ante una autoridad tipificada en el artículo 255 del código penal para el estado de Guanajuato, cometido presumiblemente por el LIC. EZEQUIEL CASTELLANOS RAMOS, perito criminalista particular, quien a través de su informe pericial recibido en fecha 08 de Agosto de 2020 Afirma que no existe el aljibe o sótano, donde se mantuvo en cautiverio a la víctima señalada, contrario a lo afirmado por los agentes de investigación criminal, la propia víctima, así como por el perito criminalista Juan Manuel Meza Ramírez, a su vez considera la posible alteración de indicios toda vez que dicho perito, únicamente le fue autorizado por el Juez de control la fijación fotográfica y planimetría del inmueble donde fueron detenidos los inculpados y se desprende del informe pericial que el mismo realizo alteraciones al mismo, así como la intromisión de personas ajenas a las autorizadas por el Juez de control. También en dicho oficio solicita se dé inicio a una carpeta de investigación por los hechos antes reseñados, lo cual al parecer aconteció, pues no nos consta pero si creemos que pueda existir una orden en contra nuestra, de ahí que se solicite el amparo". De lo antes narrado, se desprende que la orden de aprehensión, retención, privación de la libertad, tortura y cualquier otro acto que sea inherente a la libertad ambulatoria fuera de procedimiento que reclaman los aquí quejosos, son actos futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo intentado, dado que en este momento no se tiene una evidencia razonable de que pudieran realizarse o ejecutarse. Y el hecho de que los promoventes de la demanda de amparo, según dicen, hayan intervenido en determinada diligencia ministerial en un asunto en el que supuestamente se ordenó abrir una carpeta de investigación, no significa necesariamente, que el agente del ministerio público la haya ordenado iniciar en su contra, pues al respecto no aportaron mayores datos. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que los quejosos manifiesten que creen que pudiera haber una orden en su contra, ello no implica, de suyo, ni de facto, que las autoridades que señalan como responsables realizarán su detención. De ahí que se considere dichos actos reclamados como actos futuros de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que existan o puedan llegar a existir. Y es que no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1, fracción I de la ley de la materia, con fundamento en el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se considera que esta determinación, de ninguna manera deja a los quejos en estado de indefensión, dado que, en cualquier momento en que los actos que aquí reclaman se hagan evidentes, pueden acudir a solicitar la protección de la justicia federal, en caso de que así lo decidan. Por otra parte, tomando en consideración que los promoventes solicitan se les tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, realícese la notificación correspondiente. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del invocado Acuerdo General 13/2020, requiérase a los promoventes del amparo para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Notifíquese por lista una vez que se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el numeral 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19.

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