Yovani Dionicio Valencia Valenzuela

Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Yovani Dionicio Valencia Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del presente juicio de amparo, y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, resulta innecesario conservar los dos discos versátiles digitales, los cuales fueron remitidos por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado e informar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, respectivamente; de ahí que, acorde al artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio dichos discos a la autoridad responsable aludida.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, con el oficio 1674/2021, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictara en el juicio de garantías de que se trata. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con los citados documentos para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado legal el veintitrés de abril del presente año, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos y las manifestaciones vertidas por las partes, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cinco de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, concedió el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos: " a) Celebre una audiencia en la que, en presencia de las partes procesales, inquiera a la asistente de constancias y registros, auxiliar o encargada de sala, sobre si los datos de acreditamiento de la profesión de licenciatura en derecho proporcionados por el defensor que participó en la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que se vinculó a proceso a Yovani Dionicio Valencia Valenzuela, fueron o no registrados y cotejados con su respectiva identificación exhibida momentos previos a la celebración de la audiencia, para verificar si se satisfizo el ejercicio de defensa técnica adecuada en favor del quejoso. En la inteligencia que, si la persona que asistió a dicho quejoso como defensores públicos, de nombre Cristobal Leyva Castro y Laura Imelda Herrera Serrano, no acreditan ser licenciados en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente la audiencia inicial, y por consiguiente, reponer el procedimiento para que en el día y hora que programe para su verificativo, con las formalidades de ley y atendiendo a los lineamientos indicados en la presente sentencia, al momento de individualizar a las partes se cerciore que las personas que asistan al imputado como defensores en esa audiencia inicial, sean licenciados en derecho. Lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el juez de Control haga a la asistente de constancias y registros, auxiliar o encargada de sala, en torno a si verificó datos proporcionados por los defensores corresponden con su cédula profesional; circunstancia que deberá quedar registrada en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Hecho lo cual, deberá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde con libertad de jurisdicción resolverá cada debate planteado por las partes. b) En el caso de que se acredite que el impetrante de amparo sí contó con una defensa técnica adecuada durante la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, así deberá expresarlo en la audiencia respectiva para debida constancia en el registro audiovisual, y declarar subsistente aquella actuación en sus etapas de calificación de la detención, formulación de la imputación, vinculación a proceso y medida cautelar, para, en su caso, continuar con la secuela procesal. En el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, se entenderán por legalmente emitidas dichas determinaciones y, por ende, será hasta ese momento empezará el término legal para la promoción del recurso o juicio de amparo correspondiente contra ellas. Lo anterior, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensa en la audiencia, sino en la falta de verificación sobre los datos que fueron proporcionados por la persona que se ostentó como su defensor, como requisito para brindar defensa técnica adecuada al imputado, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación y debate de medidas cautelares; lo que sin duda alguna, se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica. De manera que sería impráctico conceder el amparo para que al omitirse realizar el requerimiento mencionado, sin más, se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado titulado como licenciado en derecho, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición del procedimiento el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio de diecinueve de abril del año en curso, y anexos signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad; de estas constancias se advierte lo siguiente: 1.- El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, celebro audiencia especial el diecinueve de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 883/2018. 2. El juez responsable resolvió en audiencia especial lo ordenado en relación a constatar que los defensores públicos Laura Imelda Herrera Serrano y Cristóbal Leyva Castro, quienes asistieron al aquí quejoso en la audiencia inicial de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte cuentan con cédula profesional que los acredita como Licenciados en Derecho y dichas cédulas se encuentran cotejadas y registradas en el sistema de registro con el que cuenta este Tribunal.; asimismo se realizó y se constató que efectivamente dichos profesionistas cuentan con su documento que los acredita en su profesión; 3. El Juez de origen dejo subsistente lo resuelto en la citada audiencia inicial en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Celebro la audiencia especial de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se acreditó que el impetrante de amparo sí contó con una defensa técnica adecuada durante la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Respeto, fundamentó y motivó los derechos y obligaciones del imputado y dejo subsistente lo resuelto en la citada audiencia inicial en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO MISAEL ANTONIO SAENZ SUAREZ, EL AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos, con el oficio 1674/2021, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictara en el juicio de garantías de que se trata. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con los citados documentos para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado legal el veintitrés de abril del presente año, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos y las manifestaciones vertidas por las partes, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de cinco de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, concedió el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos: " a) Celebre una audiencia en la que, en presencia de las partes procesales, inquiera a la asistente de constancias y registros, auxiliar o encargada de sala, sobre si los datos de acreditamiento de la profesión de licenciatura en derecho proporcionados por el defensor que participó en la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que se vinculó a proceso a Yovani Dionicio Valencia Valenzuela, fueron o no registrados y cotejados con su respectiva identificación exhibida momentos previos a la celebración de la audiencia, para verificar si se satisfizo el ejercicio de defensa técnica adecuada en favor del quejoso. En la inteligencia que, si la persona que asistió a dicho quejoso como defensores públicos, de nombre Cristobal Leyva Castro y Laura Imelda Herrera Serrano, no acreditan ser licenciados en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente la audiencia inicial, y por consiguiente, reponer el procedimiento para que en el día y hora que programe para su verificativo, con las formalidades de ley y atendiendo a los lineamientos indicados en la presente sentencia, al momento de individualizar a las partes se cerciore que las personas que asistan al imputado como defensores en esa audiencia inicial, sean licenciados en derecho. Lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el juez de Control haga a la asistente de constancias y registros, auxiliar o encargada de sala, en torno a si verificó datos proporcionados por los defensores corresponden con su cédula profesional; circunstancia que deberá quedar registrada en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Hecho lo cual, deberá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde con libertad de jurisdicción resolverá cada debate planteado por las partes. b) En el caso de que se acredite que el impetrante de amparo sí contó con una defensa técnica adecuada durante la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, así deberá expresarlo en la audiencia respectiva para debida constancia en el registro audiovisual, y declarar subsistente aquella actuación en sus etapas de calificación de la detención, formulación de la imputación, vinculación a proceso y medida cautelar, para, en su caso, continuar con la secuela procesal. En el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, se entenderán por legalmente emitidas dichas determinaciones y, por ende, será hasta ese momento empezará el término legal para la promoción del recurso o juicio de amparo correspondiente contra ellas. Lo anterior, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensa en la audiencia, sino en la falta de verificación sobre los datos que fueron proporcionados por la persona que se ostentó como su defensor, como requisito para brindar defensa técnica adecuada al imputado, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación y debate de medidas cautelares; lo que sin duda alguna, se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica. De manera que sería impráctico conceder el amparo para que al omitirse realizar el requerimiento mencionado, sin más, se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado titulado como licenciado en derecho, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición del procedimiento el derecho fundamental de justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio de diecinueve de abril del año en curso, y anexos signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad; de estas constancias se advierte lo siguiente: 1.- El Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, celebro audiencia especial el diecinueve de abril de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 883/2018. 2. El juez responsable resolvió en audiencia especial lo ordenado en relación a constatar que los defensores públicos Laura Imelda Herrera Serrano y Cristóbal Leyva Castro, quienes asistieron al aquí quejoso en la audiencia inicial de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte cuentan con cédula profesional que los acredita como Licenciados en Derecho y dichas cédulas se encuentran cotejadas y registradas en el sistema de registro con el que cuenta este Tribunal.; asimismo se realizó y se constató que efectivamente dichos profesionistas cuentan con su documento que los acredita en su profesión; 3. El Juez de origen dejo subsistente lo resuelto en la citada audiencia inicial en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Celebro la audiencia especial de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se acreditó que el impetrante de amparo sí contó con una defensa técnica adecuada durante la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Respeto, fundamentó y motivó los derechos y obligaciones del imputado y dejo subsistente lo resuelto en la citada audiencia inicial en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, actuando en la Región Norte, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en el oficio 4106/2021-4B de nuestro índice, informa que con fecha diecinueve de abril del año en curso, se resolvió la audiencia especial atendiendo los lineamientos en la sentencia del presente asunto, en la cual se constató que los defensores públicos Laura Imelda Herrera Serrano y Cristobal Leyva Castro, quienes asistieron al aquí quejoso en la audiencia inicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, cuentan con cédula profesional que los acredita como Licenciados en Derecho, y que las mismas se encuentran cotejadas y registradas en el sistema de registro con el que cuenta el Juzgado antes mencionado, motivo por el cual quedó subsistente lo resuelto en la citada audiencia inicial en la que se vinculó a proceso al quejoso Yovani Dionicio Valencia Valenzuela, con el cual dio cabal cumplimiento a la ejecutoria constitucional dictada por este Juzgado, anexando copia de audio y video de la audiencia especial de diecinueve de abril de dos mil veintiuno; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese sentido, con relación al disco versátil digital que contiene la audiencia especial verificada en la causa penal de origen 883/2018 de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el cual al ser un documento público porta el sello del órgano jurisdiccional, así como la firma o rúbrica del servidor público que lo expidió; a fin de evitar su deterioro, resguárdese en la secretaría de acuerdos de este juzgado federal, en el entendido de que queda a disposición de las partes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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