Yolanda Robles Lopez
Expediente 507/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Yolanda Robles Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Pues bien, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Bajo ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; de ahí que, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por ello no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, se transferirá al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en este juicio de amparo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, resulta innecesario seguir conservando las documentales relativas al expediente 2398/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, las cuales fueron remitidas por la Titular de dicho órgano judicial al rendir el informe justificado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse tales constancias para los efectos legales conducentes.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL A LAS PARTES
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas documentales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable mencionada y dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase por recibidas en este acto las documentales allegadas por la Jueza responsable, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional. De igual forma, fórmese por separado primer tomo de documentales únicamente para que obren las constancias remitidas por la autoridad responsable en cita, respetando el folio y sello plasmados por la misma; en la inteligencia de que el trámite del presente asunto se continuará en este tomo. Pues bien, a efecto de que las partes en el presente juicio de amparo se impongan del contenido del informe justificado, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre del año en curso, se transfiere y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es de observarse la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que a la letra establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Francisco Amador Borboa Robles mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizado, realiza manifestaciones y exhibe pruebas documentales; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, téngase al tercero interesado Francisco Amador Borboa Robles por apersonado al presente juicio de amparo y por realizadas las manifestaciones vertidas, las cuales podrán analizarse al dictar la sentencia constitucional. De igual modo, téngase como domicilio del tercero interesado para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ángel Flores número 18 sur, de la colonia Centro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado legal en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Ramón Valenzuela Contreras. Por último, en relación con las pruebas documentales allegadas por el tercero interesado, acorde al artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por recibidas en este acto, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional.
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