Yubel Karely Araujo Gonzalez
Expediente 139/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Director de Inspeccion Y Normatividad En el Municipio de Ahome, Ciudad
- Yubel Karely Araujo Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve (notificada el veintidós de julio de dos mil diecinueve), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, misma que causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil diecinueve; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y los autos en que se concedió dicha medida cautelar en el incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquellos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA YUBEL KARELY ARAUJO GONZALEZ, EL AUTO DE DIECISÍES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Una vez realizados los actos procesales correspondientes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, por auto del uno de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con el oficio sin número del once de abril de dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el dos de julio del dos mil diecinueve (foja 128 de autos), y por escrito presentado el cinco siguiente, se desahogó la citada vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia del veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió decretar el sobreseimiento en el juicio y conceder el amparo solicitado (fojas 105 a la 111 del juicio de garantías de que se trata). Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió realizar, los siguientes actos (foja 48 vuelta de autos): ". Por tanto, al hacerse patente la violación reclamada, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria el juicio de garantías de que se trata, la autoridad responsable DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, conteste las peticiones de la quejosa, presentadas el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 16 constitucional. ." Conforme lo anterior, la autoridad responsable debió realizar un acto en concreto: 1. Contestar la petición que se le formularon el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó al sumario de amparo, el oficio sin número, del mes de junio de dos mil diecinueve (fojas 129 a la 250 de autos), al que adjuntó oficio en copia certificada, donde se le expuso a la justiciable que no era procedente la renovación de los permisos de funcionamiento de las salas de fiesta "Lorelay" y "Terraza de Frida", porque se presentaron diversas quejas de los vecinos, hecho que fundamentó en el artículo 176, fracción XI, del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Ahome, Sinaloa. Lo así dicho por la responsable es suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, la justiciable expone en su escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve, que la sentencia de amparo no está cumplida por diversos hechos allí narrados, los cuales, se contestan de la siguiente forma: Cuando se expone que consta en autos desde el escrito inicial, la solicitud de renovación de los permisos permanentes, fueron solicitados a la autoridad responsable en tiempo y forma; que se presentaron todos los documentos requeridos como consta en autos mediante los permisos anteriores sellados de recibidos por la autoridad responsable, haciendo claro que éstos se hicieron llegar con la finalidad de renovar los permisos permanentes de ambos salones de fiestas. Que la respuesta de la autoridad responsable debe estar fundada y motivada, pero lo hace de forma somera e intransigente, pues son falsas sus declaraciones en el sentido que hubo una "serie de quejas interpuestas por los vecinos", además que la autoridad tiene conocimiento de las cartas de apoyo de vecinos que se agregan al sumario de amparo, y que también recibió la Presidencia Municipal y otras autoridades, el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; además, se anexa un plano simple en donde se muestra de manera gráfica la calle donde se ubican las salas de fiesta en comento y se enumeran los inmuebles de los vecinos, con lo que se evidencia que la autoridad administrativa está falseando información al Juzgado de Distrito, y solicita se revise la constitucionalidad de esa respuesta. Que la autoridad cita en su respuesta el artículo 176, fracción XI, del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Ahome, sin embargo, no explica el contexto del extracto citado; además, no se atendió los numerales directamente anteriores del mismo reglamento, como son el artículo 170 y 171 del citado ordenamiento legal. Que para tomar esas determinaciones de no renovar los permisos de funcionamiento, la autoridad debió establecer los principios básicos de derecho de audiencia, debido proceso, así como las garantías de legalidad y principios básicos que constan en que una autoridad no puede realizar funciones más allá de sus facultades, garantías que sí contempla el reglamento citado por la responsable pero que omite en su oficio. Para robustecer lo anterior, la quejosa cita los artículos 174 y 175 del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Ahome, Sinaloa. Que el numeral citado por la responsable, no encuadra con la respuesta solicitada en la ejecutoria, pues se refiere a distintos actos administrativos, pues se indica de "la actividad solicitada, de clausura de locales e instalaciones de diversiones y de cancelación de permisos municipales", para ello, la parte quejosa aduce que los permisos emitidos, son de distinta naturaleza para eventos o espectáculos, y estos se basan según la actividad o giro, como se puede observar del artículo 176 del citado Reglamento. Que es función del órgano jurisdiccional el control constitucional y convencional revisar cada precepto legal en que se fundamente, así como los hechos en que motiva la contestación ordenada mediante ejecutoria, debiendo respetar la potestad de la responsable en el sentido en que se determine o no la procedencia. Lo así dicho es infundado. Para robustecer lo anterior, conviene recapitular que el juicio de amparo se presentó por violación al artículo 8º constitucional, porque las autoridades del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, fueron omisas en contestar los escritos fechados el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, presentado ante la autoridad administrativa el veintisiete siguiente. Ahora, la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional tiende a asegurar una respuesta congruente sobre lo que se solicita, y no a que se resuelva en determinado sentido; por lo que el desacuerdo que pudiera tener la parte quejosa con la respuesta a su solicitud no es materia de análisis en el presente periodo de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 3ª.XXXIV/92, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 81, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1992, octava época, bajo el rubro y texto: "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Ahora, cuando se expone que la fundamentación citada por la autoridad responsable, al momento de cumplir con la sentencia de amparo no es la correcta, o que se dejó de atender el contenido de diversos preceptos normativos del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Ahome, Sinaloa; o que deben tomarse en consideración diversos medios de convicción allegados al sumario de amparo, también son razonamientos infundados, porque atendiendo a los efectos de la sentencia protectora y al tipo de violación constitucional alegada, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para examinar los motivos o fundamentos que sustentan la respuesta hecha por la responsable, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 203, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero del 2001, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Cuando se expone que la autoridad falseo su informe previo y que eso acarreó, desde la perspectiva de la justiciable, diversas consecuencias legales; son manifestaciones de derecho inatendibles, porque este no es el cuaderno ni el momento procesal para resolverlas; tampoco hay fundamento legal para calificar a la justiciable como "víctima", a consecuencia de lo dicho en el informe previo, en los cuales, se afirma, se falsearon argumentos. Lo mismo debe resolverse, cuando se expone que desde el once de abril de dos mil diecinueve, la autoridad ya tenía conocimiento de un procedimiento en el interior del Ayuntamiento, del que no se le hizo del conocimiento de la agraviada; en la medida que esta razonamiento es ajeno al cumplimiento de la sentencia de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta signado por Carlos Jesús Patiño Cabanillas, en su carácter de abogado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, y manifiesta su inconformidad respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la responsable. En atención a lo anterior, se tiene a la parte quejosa desahogando la vista ordenada, los que serán tomados en consideración en su momento procesal oportuno.
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