Yolanda del Rocío Hernández Delgado

Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
6/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Yolanda del Rocío Hernández Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el escrito firmado por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que la parte quejosa ofreció como prueba dentro del presente juicio; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita la promovente y toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y el veinticuatro de junio del año en curso causó ejecutoria, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos solicitados y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual, por una parte se sobreseyó, y por otra se negó el amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó, y por otra se negó el amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yolanda del Rocío Hernández Delgado, contra actos de los actuarios Primero y Segundo, adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, por los motivos que se indican en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Yolanda del Rocío Hernández Delgado, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Actuario Tercero de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos plasmados en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado respecto a la ampliación de demanda, y exhibe documentales. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado respecto a la ampliación de demanda solicitado a la autoridad antes mencionada y por recibida en este acto las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, en tal razón dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de que las partes se impongan del contenido, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".

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