Yolanda Rivera Téllez
Expediente 384/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Yolanda Rivera Téllez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa********************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido Judicial, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 384/2023-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La diligencia desahogada el once de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio civil **************, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido Judicial de esta ciudad, mediante la cual, en cumplimiento a lo ordenado en sentencia definitiva, se ejecutó la restitución real y material del bien materia de la litis. Debe destacarse que lo anterior sucedió en etapa de ejecución de sentencia. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es decir, la diligencia de once de abril de dos mil veintitrés, ordenada en el juicio de origen, emitida por el Juez Tercero Civil de Partido Judicial de esta ciudad de esta localidad, se desahogó en etapa de ejecución de sentencia, determinación que, cabe destacar, guarda plena vinculación con la cosa juzgada en virtud de que no es autónoma a ésta; y si, quedó establecido que los actos en etapa de ejecución de sentencia sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto contra el que: a) aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o b) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o c) la que ordene el archivo definitivo del expediente; es inconcuso, que la diligencia aludida en el presente controvertido no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni la que ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, en la especie la parte quejosa deberá esperar hasta que acontezca cualquiera de las determinaciones mencionadas, ya que el acto emerge de lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el expediente **********, en donde se condenó a la quejosa a la restitución real y material del bien inmueble materia de la litis, esto es, el ubicado en calle ****************; de ahí que este operador jurídico estime que guarda plena vinculación con la cosa juzgada. ********************Aunado a lo expuesto, no debe perderse de vista que: I. La quejosa es parte formal en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada en que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Asumir una postura contraria, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél, soslayando que en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la resolución definitiva que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado, claro está, una vez agotado el principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Asimismo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las demás personas que cita por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.********************En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.********************En términos del artículo 263, facción II del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.********************Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido Judicial, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 384/2023-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La diligencia desahogada el once de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio civil **************, de la estadística del Juzgado Tercero Civil de Partido Judicial de esta ciudad, mediante la cual, en cumplimiento a lo ordenado en sentencia definitiva, se ejecutó la restitución real y material del bien materia de la litis. Debe destacarse que lo anterior sucedió en etapa de ejecución de sentencia. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es decir, la diligencia de once de abril de dos mil veintitrés, ordenada en el juicio de origen, emitida por el Juez Tercero Civil de Partido Judicial de esta ciudad de esta localidad, se desahogó en etapa de ejecución de sentencia, determinación que, cabe destacar, guarda plena vinculación con la cosa juzgada en virtud de que no es autónoma a ésta; y si, quedó establecido que los actos en etapa de ejecución de sentencia sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto contra el que: a) aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o b) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o c) la que ordene el archivo definitivo del expediente; es inconcuso, que la diligencia aludida en el presente controvertido no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni la que ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, en la especie la parte quejosa deberá esperar hasta que acontezca cualquiera de las determinaciones mencionadas, ya que el acto emerge de lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el expediente **********, en donde se condenó a la quejosa a la restitución real y material del bien inmueble materia de la litis, esto es, el ubicado en calle ****************; de ahí que este operador jurídico estime que guarda plena vinculación con la cosa juzgada. ********************Aunado a lo expuesto, no debe perderse de vista que: I. La quejosa es parte formal en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada en que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Asumir una postura contraria, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél, soslayando que en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la resolución definitiva que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado, claro está, una vez agotado el principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Asimismo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las demás personas que cita por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.********************En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo.********************En términos del artículo 263, facción II del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.********************Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Yolanda Guerra Velázquez328/2016
- Yolanda Marisela de Lara Rentería201/2018
- Yolanda Medrano Martínez478/2018
- Yolanda Mendoza García y Otros.205/2015
- Yolanda Mendoza García y Otros.872/2015
- Yolanda Pérez Rojas1125/2017
- Yolanda Silva Zúñiga387/2018
- Yolanda Sosa Espinoza989/2018
- Yolanda Teniente Valente795/2018
- Yolanda Vanessa Naif Reyes488/2015
- Yolanda Vanessa Naif Reyes13/2021
- Yolanda Yépez López111/2019