Yaliuvis Domínguez Noris
Expediente 273/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yaliuvis Domínguez Noris
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 273/2022-VII. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. **********, por medio de un tercero, mediante escrito de la demanda presentado el veintiséis de marzo del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos ahí destacados. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, quien asignó el número de amparo 560/2022, y posteriormente, declinó la competencia legal, por razón de territorio, al juzgado de Distrito, en turno, en esta ciudad, tocando su conocimiento a este órgano jurisdiccional, quien mediante auto de uno de abril de dos mil veintidós, asumió su competencia legal para seguir conociendo de dicho asunto. SEGUNDO. En la propia demanda la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto, se violaron con los actos relativos. TERCERO. La demanda de amparo se turnó a este juzgado y fue admitida en sus términos, ordenándose la formación y radicación del expediente relativo, por lo cual se fijó hora y fecha para la audiencia de ley, se solicitó el informe justificado y se dio vista al Ministerio Público de la Federación; y seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, se inició la audiencia constitucional relativa. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad: La privación de la libertad en calidad de alojada, asegurada detenida o retenida, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en Cuba; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarle visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Representante y Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, con residencia en Ciudad Juárez; Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad por sí, y en ausencia del Titular de la Oficina de Representación de esa institución; así como el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por sí y en carácter del Encargado Provisional Chihuahua, con residencia en aquella ciudad; al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye la accionante del amparo, consistentes en incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en Cuba; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad; pues se insiste de los informes sobre la suspensión de plano y justificado que rindieron dichas autoridad, se desprende su inexistencia. En principio, las autoridades con residencia en Chihuahua, Chihuahua, negaron los actos reclamados, aduciendo que la impetrante no se encontraba a su disposición; sin que tal negativa se desvirtuara, incluso de las constancias que conforman el sumario se advierte que la justiciable se encontraba a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad; lo que de suyo lleva a concluir la inexistencia de los actos que se le reclaman Por lo que hace a las autoridades migratorias de esta ciudad, que también negaron el acto reclamado, remitieron certificado médico de ingreso de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se concluyó que la directa quejosa se encontraba sana y la prueba rápida de covid-19, arrojó un resultado negativo; registro de llamadas telefónicas realizadas el veintiséis y veintisiete de marzo del año en curso; además, se realizó constancia de veinticinco de marzo del presente año, en el cual se advierte que la directa quejosa autorizó que se notificara a los funcionarios consulares de su país, respecto a que había sido alojada en la estancia provisional de migración en esta ciudad; así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente 1007/2022, de veinticinco de marzo del año en curso, en el que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia realizada el veintiséis de marzo de dos mil veintidós, por el Actuario Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con **********, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, además de comunicarle no haber recibido tortura física o moral, ni malos tratos; aunado a que obra en autos un certificado médico de ingreso de veinticinco de marzo del presente año, en el cual se asentó a la exploración física en buen estado de salud. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad por sí, y en ausencia del Titular de la Oficina de Representación de esa institución; fueron omisos en manifestarse respecto al acto reclamado consistente en privación de la libertad de la directa quejosa en calidad de alojada en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Mediante promoción recibida el siete de abril del año en curso, signada por la autorizada de la parte quejosa manifestó que en el presente asunto se actualizaba la causal de improcedencia, de cesación de efectos, misma que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera que efectivamente se actualiza dicha causal de improcedencia invocada precisamente por la autorizada de la parte quejosa, la cual establece lo siguiente: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1.- El veintiséis de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda presentada por Jorge Vázquez Campbell, a favor de **********, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 2. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional" realizado a las dieciocho horas con treinta minutos de la citada fecha, del cual se advierte que la quejosa ********** fue puesta en inmediata libertad, dejando sin efectos el acuerdo emitido anteriormente respecto a la presentación de la migrante. De lo que se tiene, que la justiciable se encuentra gozando de su libertad, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 273/2022, promovido por **********. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, hasta que los permitieron las labores del juzgado, veintiséis de septiembre de dos mi veintidós, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que hoy se encuentra programada el desahogo de la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, debido a que la suscrita secretaria encargada del despacho, no está facultada para fallar en definitiva de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Por tanto, se difiere la citada audiencia y en su lugar para su desahogo se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.MGCJ/Jeam/spm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que para las partes, no mediaron al menos ocho días, entre la fecha señalada para el desahogo de la citada audiencia constitucional y la recepción de las constancias que remitió en complemento al informe justificado la autoridad responsable Sub representante Local del instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en proveído de siete de julio de este año. En tales condiciones, a fin de que las partes se impongan de su contenido, a efecto de que estén, si así lo desean, en aptitud de desvirtuar el contenido de las mismas y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo; se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y, en su lugar para su desahogo se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Es aplicable al caso, la tesis número I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 594, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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